Guerra de trincheras entre Nación y las provincias

Pasa por un momento crítico de la negociación por el ajuste que se refleja en la confección del presupuesto 2019. Los intendentes están en pie de guerra contra los gobernadores que les hacen recortes a la coparticipación y los mandatarios provinciales, a su vez, demandan explicaciones a Nación porque quieren tener en claro cuánta plata perderá cada uno, a sabiendas que el ajuste los alcanzará ineludiblemente. Y en este juego todos están susceptibles y hasta el último detalle importa. Lo certifica la última reunión entre ministros de Economía de todas las provincias y funcionarios nacionales que registró una situación poco habitual: se complicó más después de terminada que durante.

El macrismo dijo sobre la reunión que a las provincias se les había propuesto subir impuestos y bajar gastos sociales. Cuando se enteraron los gobernadores se enfurecieron por la filtración y horas después del encuentro, telefonazos y mensajes mediante, los ministros terminaron sacando un comunicado. Una suerte de contrarrelato para desmentir a los funcionarios del oficialismo, marcando la posición de las 19 provincias que no son de Cambiemos. Y allí dicen que “la mayoría de las provincias” ya empezó el ajuste para lograr equilibrio fiscal en el primer semestre de 2018 -una forma de decir que el gran déficit es nacional- y que no proponen subir impuestos. En cambio, sugieren gravar actividades que hoy no lo están y que haya un control más férreo sobre el cumplimiento.

Ya con las dos versiones de lo ocurrido en el encuentro en la calle, los representantes provinciales lamentaron haber delegado la difusión de la reunión en el gobierno. Porque ahora se ha generado un malestar y un clima de sospecha sobre encuentros futuros. El próximo se espera para esta misma semana y veremos cómo actúan las partes.

En las provincias afirman, en contra de lo que dice la Casa Rosada, que la parte del ajuste que les toca -100 mil millones de pesos- está prácticamente cubierto, con la quita de los 45 mil millones de subsidios al transporte, los 26 del fondo sojero, el congelamiento del Fonid -Fondo de Incentivo Docente- y la absorción, por parte de Nación, de los 14 mil millones de ATN. Al fin señalan que quien no ha hecho el esfuerzo es la Nación, que ni siquiera como gesto achicó los ministerios que amplió cuando Mauricio Macri asumió hace más de dos años.

Además, aunque admiten que el impacto relativo puede ser menor, piden que el gobierno defina una política para mejorar ingresos y no solo apuntar a los gastos, porque el ajuste sobre el ajuste no genera el mínimo crecimiento.

En esa línea, los representantes de las provincias enumeraron propuestas para mejorar los ingresos y, de ese modo, ampliar la masa coparticipable. Y dicen que se puede hacer sin aumentar alícuotas ni crear nuevos impuestos. El punteo incluye procedimientos sobre Ganancias y Bienes Personales, donde hay desigualdades, ya que algunas empresas, cautelares mediante, liquidan Ganancias sin ajuste por inflación. En las provincias aclaran que no quieren decirle a Nación cómo recaudar más pero creen que, desde lo simbólico, además de achicar gastos hay que mejorar ingresos para bajar el déficit. Cierto, y para ello se requiere rigurosidad en los controles, lo que también redundaría en lealtad comercial. Porque sabido es que mientras un comerciante cumple con todo, en la misma cuadra o dentro de una casa tras una computadora, hay otro que evade. O quizás la relación sea mayor: por cada dos evasores un cumplidor.

También en el caso de nuestra provincia de Buenos Aires debemos sincerar situaciones que, aunque nos resulten convenientes, son un absoluto engaño, como la valuación fiscal sobre la cual se determinan los impuestos inmobiliarios y las tasas en las operaciones de compraventa.

Volviendo al plenario de las provincias, en el que cada una sabe por dónde puede achicar y por dónde recaudar más, todo se ha tornado en una suerte de guerra de trincheras y vuelve a aparecer el planteo de ralentizar la reforma impositiva.

El argumento de los mandatarios provinciales es que por la baja tributaria dispuesta por el Pacto Fiscal, las provincias dejan de recaudar, y además está lo que dejarán de recibir de Nación, en materia de subsidios y en los fondos coparticipables como el sojero.

Pero en este tira y afloja también tienen incidencia los dichosos cuadernos de Centeno ya que no son pocos los gobernadores e intendentes que se verán alcanzados por el desfalco de la obra pública. Esta situación, en este momento, los pone más a la defensiva que a la ofensiva, siguiendo con la analogía bélica. Por temor a la estocada judicial, no levantarán su cabeza ni se plantarán con exigencias sino que más bien, en cierto punto de las negociaciones agacharán la cabeza y acatarán, facilitando al Gobierno nacional la confección y aprobación del presupuesto 2019.

La aparición del “hombre-bolso”, José López, que ya ha sido aceptado como arrepentido en el juzgado de Claudio Bonadío, es una espada de Damocles sobre la cabeza de intendentes y gobernadores, sencillamente porque como segundo al mando de la obra pública en la era K, era el puente, el nexo con ambos estamentos institucionales para la distribución de obras que, se sabe, no todas fueron realizadas y las que sí, con un sobreprecio altísimo. Todos temen lo que pueda decir López, especialmente respecto de retornos en planes de vivienda u obras de infraestructura.

¿Será moneda de cambio la situación judicial de algunos mandatarios para que aprueben el presupuesto del ajuste 2019? No podemos hacer una afirmación tan temeraria porque estaría reñida con la democracia misma, con la división de poderes y con la República. Sin embargo que haya un cambio de actitud de algunos gobernadores frente al oficialismo, volviéndose más amigables, por el temor natural que ejerce la posibilidad de que un arrepentido hable y tenga que terminar pidiendo favores al oficialismo, puede ser.

Todo es posible cuando la cuestión es ajustar y no expandir; como es natural nadie quiere recibir menos fondos ni los intendentes ni los gobernadores, y hasta al Gobierno nacional -que exige ajuste para abajo- le cuesta achicar sus propios gastos. Y la realidad es que estamos en un punto sin retorno, a mitad del río. No queda otra que ir hacia adelante.

Siempre es duro achicar y si fuera por la gran mayoría de nuestros políticos no asumirían esta responsabilidad, porque saben que son posturas profundamente antipáticas que, en general, la ciudadanía rechaza cuando ese ajuste le llega en cualquiera de sus formas. Sin embargo esa actitud que siempre hemos tenido de no hacer lo que debemos nos ha llevado a esta realidad que hoy atravesamos.