Garavano presentará seis proyectos de ley del programa “Justicia 2020”

El programa tiene como meta la cercanía a la gente, la modernidad, la independencia y la transparencia, según adelantaron. El Ejecutivo define a esos objetivos como de largo plazo y afirma que no implican que las transformaciones se hagan de manera inmediata, aunque sí orientarán todo el trabajo en materia de justicia en los próximos años.
Buenos Aires, (NA) - El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentará el martes en el Senado el programa Justicia 2020, con el que el Gobierno pretende realizar una reforma integral del sistema judicial a partir de una serie de proyectos de ley.
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Garavano concurrirá junto al director del programa, el radical Ricardo Gil Lavedra, al plenario de las comisiones de justicia y asuntos penales y de asuntos constitucionales que se reunirán a las 15:00 en el Salón Azul del Congreso.
Allí el ministro presentará los primeros proyectos de ley del paquete y hará una presentación general del programa cuya meta es la cercanía a la gente, la modernidad, la independencia y la transparencia, según adelantaron fuentes oficiales.
No obstante, el Ejecutivo define a esos objetivos como de largo plazo y afirma que no implican que las transformaciones se hagan de manera inmediata, aunque sí orientarán todo el trabajo en materia de justicia en los próximos años.
Garavano y Gil Lavedra llevarán a las comisiones -ambas encabezadas por senadores del PJ-FpV- los proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa; de unificación de fueros y juicio unipersonal; y de fortalecimiento de la Justicia Federal para la investigación del crimen organizado, entre los principales.
De acuerdo a un resumen del paquete, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa establece un mandato de cuatro años para el defensor público y busca darle mayor transparencia a los procesos de selección y remoción de sus integrantes.
Se trata de un primer paso hacia la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, órgano ocupado por Alejandra Gils Carbó, a quien el Gobierno busca limitar en sus funciones según adelantó días atrás Garavano.
Otro de los proyectos una ley de unificación de fueros y juicio unipersonal, que plantea unificar los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción y los juzgados nacionales en lo Correccional, para equiparar la distribución del trabajo con el objetivo de poder agilizar los procesos en trámite.
Según el resumen que leerá Garavano ante el plenario de comisiones del Senado, la unificación -tras la cual esas dependencias pasarán a denominarse Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional- busca subsanar la situación actual, en la que existen 14 juzgados correccionales, con tres vacantes, y 49 juzgados de instrucción con 17 vacantes.
Por otro lado el proyecto establece que los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional juzgarán de forma unipersonal los casos de suspensión de juicio a prueba, abreviados y delitos de hasta 6 años de forma obligatoria.
En tanto, el proyecto de ley de fortalecimiento de la Justicia Federal para la investigación del crimen organizado establece la creación de un equipo de jueces federales con competencia en delitos como narcotráfico que tuvieran manifestación en más de una jurisdicción con la intervención organizada de tres o más personas.
También en delitos como el contrabando aduanero cuando intervengan tres o más personas, trata de personas o asociación ilícita o corrupción, entre otras figuras previstas y reprimidas en el Código Penal.
El paquete que Garavano presentará ante el Congreso incluye también un proyecto de ley de fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y juicio unipersonal, que apunta a descomprimir en forma inmediata las tareas de los TOF.
Se le suma otro proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias, por el cual se crean 63 Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional con asiento en las provincias, con la finalidad de incrementar los recursos y esfuerzos para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos federales.














