Frente a los abusos que involucran a religiosos, muchos jugaron al distraído

No vamos a despertar a la realidad respecto de los abusos que han cometido hombres de la Iglesia, en la Argentina y en el mundo, son temas que han sido ventilados y con grandes repercusiones, cada vez que se ha logrado romper los muros de silencio y el miedo.

Ha habido sonados casos en Estados Unidos, por parte de curas católicos, lo mismo que en Europa e incluso en nuestro país, baste recordar el sonado caso del padre César Grassi, preso por abuso de menores. En la mayoría de los casos se trata de niños vulnerables, de familias de bajos recursos o que los padres los internan para lograr una buena educación. El dolor, la estafa moral y las secuelas que les quedan a los chicos abusados no tienen precio y más allá de que quienes generan el daño puedan ir presos, la herida ya está abierta.

La Iglesia en estas épocas -en la línea gruesa y más aún bajo la premisa impuesta por el Papa Francisco- intenta que no se proteja a curas pedófilos y cuando un caso llega a sus oídos, actúan con rigor. Sin embargo hay congregaciones de sacerdotes que tratan de seguir ocultando estos casos.

Y vemos casos como el que está sucediendo en Mendoza, donde las denuncias de violaciones, abusos sexuales y temor de chicos hipoacúsicos, que concurrían al Instituto Antonio Próvolo, aparecen a montones. En la puerta del colegio de Luján de Cuyo, en el Gran Mendoza y en el ingreso a la Fiscalía 11 de Luján, las familias cuentan dramas difíciles de digerir. Sienten injusta culpa por haber internado a sus hijos en un colegio católico para superar una discapacidad y ahora se enteran que vivían un verdadero infierno de abusos.

El fiscal Fabricio Sidoti cree que pueden llegar a 60 las víctimas, de acuerdo a los testimonios recabados hasta el momento. Muchos chicos ya no concurren a este colegio porque sus padres los retiraron ante los cambios de conductas y retrocesos en el aprendizaje que presentaban. Pero otros llegaron hasta hoy en que es imposible seguir ocultando lo que sucede en el instituto católico.

Han sido detenidos dos curas, dos empleados y hay un quinto hombre demorado en sede judicial. Es el jardinero, quien también está acusado y podría quedar en prisión preventiva. 

Pero hay un hecho más que curioso y que realmente genera gran ruido, porque de los sacerdotes, el de mayor poder en la institución, el italiano Nicolás Corradi (82), arrastra denuncias de abuso sexual a niños desde 1984, en Verona, Italia. Su caso fue presentado por una red de víctimas en Washington. Y aquí volvemos a la protección indebida que ofrecen algunas congregaciones de la Iglesia a un sacerdote que debería estar preso. Sin embargo fue trasladado a la Argentina para encubrir sus actos aberrantes. Lo más lógico que pasara es que lo mismo que hacía en Italia ahora lo hiciera en la Argentina, porque se trata de un enfermo pedófilo y eso no se resuelve con un traslado. El otro cura detenido es Horacio Corbacho (56), primer sacerdote egresado de La Compañía de las Hermanas de María, una orden religiosa para hipoacúsicos con sede en La Plata, al que pertenece este colegio.

Por otra parte, el Instituto Próvolo está bajo la supervisión de Enseñanza Privada de la Dirección General de Escuelas del Gobierno mendocino, donde la madre de una víctima hizo una denuncia en 2008 pero no se actuó.  El alumno, que entonces tenía 11 años y ahora 20, pudo relatar esa vejación en un dibujo que hizo en su casa. En el mismo año, esta familia también denunció el caso a la Fiscalía 11 de Luján, sin ningún avance. Un ayudante de la fiscal Mercedes Moya escuchó la declaración de la madre de la víctima pero el expediente quedó paralizado. 

¿Quién se va a hacer responsable de la cuestión primaria del abuso y de los años en que, habiendo denuncia no se actuó?

Ahora el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, pidió conocer qué ocurrió con esa denuncia previa y la verdad es que alguna vez hay que comenzar a poner blanco sobre negro en estas y otras cuestiones judiciales. Una denuncia no es parte de la discrecionalidad de ningún funcionario judicial, se debe investigar y punto.

En el caso que nos ocupa, los chicos eran sacados a la noche de sus cuartos y les daban algún sedante para que no presentaran resistencia. Y es así como muchos chicos comenzaban a tener cambios de conducta, a ponerse agresivos cuando debían volver al colegio. Una tragedia para estos menores.

De acuerdo con los testimonios, el sitio donde ocurrían los vejámenes lo llamaban “El lugar o la casita de Dios”, un cuarto donde llevaban a los alumnos, que estaba ubicado atrás del predio donde se dictaban las clases. Algunos estudiantes regresaban a sus casas todos los días y otros residían allí. Las víctimas eran los chicos internados, de entre 5 y 12 años. Hijos de familias con escasos recursos o que venían de lugares alejados, incluso de otras provincias. 

No queremos imaginar lo que han padecido esas criaturas, y aunque el daño ya está hecho, ahora al menos busquemos las responsabilidades mayores de sacerdotes y empleados, pero también las de la Justicia y las autoridades escolares mendocinas porque los delitos que se investigan son violaciones, manoseos, maltrato físico y sexo oral a varones y niñas y no podemos permitir que durante años tanta gente haya jugado al distraído con una situación tan grave, más cuando existían denuncias administrativas y judiciales.

Por otra parte, la Iglesia deberá incrementar sus recaudos respecto a quienes trabajan con niños porque estas historias tenebrosas no se pueden seguir tolerando.