Es difícil ser patriota en Argentina

Recostado sobre la dimensión de valores como le ética y la moral, de tanto en tanto rejuvenece en la escena nacional el debate en torno a qué hacen los argentinos con su dinero, en especial aquellos que acumulan una pequeña, mediana o gran fortuna, sean profesionales, empresarios o incluso políticos. Podría pensarse en algún punto que es una discusión que atrasa y que se remonta a tiempos lejanos, pero lo cierto es que desde distintos sectores nacionalistas o populistas se cuestiona a aquellos que sacan sus recursos del país o ahorran en dólares. Lo que no suelen decir los populistas que también es que muchas veces compran dólares y tienen cajas de ahorro con esos billetes verdes. 

Todos sabemos en qué país vivimos, conocemos de la debilidad de nuestra moneda, de la depreciación constante de nuestro esfuerzo a manos de la inflación, de la imposibilidad angustiante de generar ahorros a futuro. Si un argentino logra capitalizar algún dinero o lo hereda, ¿se lo puede culpar por querer preservarlos? ¿Es un "antipatria" por convertirlos a dólares para su goce futuro? ¿Podemos obligarlo a que lo ponga en un banco nacional tras lo ocurrido con el "corralito" y la amenaza siempre latente de su retorno? ¿Es un criminal por preferir no invertirlo en algún emprendimiento?

La respuesta es siempre no. Pero no para todos los argentinos. La casta política, aquella que eligió servir y servirse del Estado, deben necesariamente ser ecuánime entre el lugar que ocupa, lo que dice y lo que hace.

El tema tiene más que ver con la coherencia, con pregonar con el ejemplo y evitar aquel refrán "haz lo que digo, no lo que yo hago". Militantes con un grado alarmante de fanatismo agrede con vehemencia a aquel que invierte fuera del país o ahorra en dólares al tiempo que lo califica como "anti patria" mientras sostiene las banderas de todo lo que sea nacional y se planta en la vereda de enfrente de lo que pueda ser considerado imperialismo. Pero después, en un descuido, muestra que tiene un teléfono celular con una manzana que representa el corazón del capitalismo o una cartera de cuero muy costosa con la que visita una villa. 

En un país acostumbrado a arrasar con los ahorros de toda una vida de muchos miles de personas es difícil ser patriota. Aquel que encuentra la manera buscará proteger sus bienes, aquello que le costó una vida de trabajo, con el dólar para evitar que una devaluación lo deje sin nada. Hoy ya no solo los millonarios transfieren fondos a cuentas de bancos del exterior sino que pequeños empresarios y profesionales copian y pegan ese modelo por la falta de seguridad en la Argentina. Es que los desgobiernos de los gobiernos no inspiran confianza alguna. Relatos de clase media estafada atraviesan la historia reciente del país, y por tanto, como dice otro dicho popular, el que se quema con leche, ve la vaca y llora. Ahorrar en pesos es un mal negocio. Para las generaciones actuales los recuerdos de la crisis de 2001 están frescos, nadie olvida que la plata que tenían se esfumó con la devaluación que siguió al fin de la convertibilidad. 

En este marco de análisis sobre qué eligen hacer los millonarios en un país imprevisible en el que la seguridad jurídica es maleable, se conoció en los últimos días que casi la mitad del patrimonio declarado por quienes tributaron el impuesto a las grandes fortunas para financiar gastos por la pandemia, está fuera de la Argentina. Así lo reveló la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, al destacar que la mayoría de los contribuyentes cumplió con sus obligaciones. Según datos preliminares, unos 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos ya pagaron el aporte solidario y extraordinario, que generó ingresos por más de 225.000 millones. 

Si bien buena parte del padrón de dueños de grandes fortunas cumplió con su obligación impositiva, otros no lo hicieron. Por eso la Afip inició fiscalizaciones a más de 900 contribuyentes con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que incumplieron con el pago del impuesto a las grandes fortunas. Pero el impuesto recibió duros cuestionamientos y ya acumula más de 200 presentaciones de amparo que plantearon su ilegalidad en juzgados de todo el país, para evitar el pago del tributo.

La Ley Nº 27.605 aprobada en diciembre de 2020 estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa, la mayoría vinculados con erogaciones generadas por la pandemia de Covid.

Alrededor de 45.000 millones de pesos (20 por ciento del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Una suma similar (20 por ciento) irá a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de 33.000 millones (15 por ciento) se destinarán a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana. Cerca de 55.000 millones (25 por ciento) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.