Entre el shock y el gradualismo, lauda la Justicia

La novedad de esta semana es que por segunda vez en el año la Justicia porteña le puso un freno al Gobierno de la Ciudad en su avance para aumentar el boleto del subte. La modificación del cuadro tarifario que regiría desde ayer fue suspendida por la jueza en lo contencioso administrativo María Elena Liberatori, al hacer lugar a un recurso de amparo que cuestionaba la metodología utilizada para calcular la nueva tarifa de 7,50 pesos, cuando actualmente es de 4,50. Y no es menor el dato de que quienes presentaron la primera denuncia pidiendo el amparo fueron dirigentes de la Coalición Cívica, integrante del frente oficialista Cambiemos.

Hace algunos meses, la misma magistrada -a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2- había impedido la realización de una audiencia pública, condición previa necesaria y obligatoria para aumentar el valor de los pasajes, lo que demoró más de un mes la aplicación del ajuste. Tres años atrás, un fallo de otro juez provocó un escenario de disputa entre la Justicia y el Gobierno porteños en una situación similar.

No se trata del único amparo que la Justicia otorga a usuarios de los servicios públicos, por el contrario, hay resoluciones judiciales por el aumento en las tarifas del gas, de luz y de agua, ante los abultados aumentos aplicados sin audiencias públicas mediantes. En los hechos, el Poder Judicial está oficiando como contrapeso de las decisiones del Poder Ejecutivo. No es ilegal lo que hace, puesto que una de las condiciones de la división de poderes es que, aunque actúen de forma independiente, uno tiene alguna potestad de control sobre los otros, justamente para lograr un equilibrio que limite eventuales arbitrariedades. Lo particular es en este último tiempo la activación de estos recursos que siempre estuvieron disponibles por nuestra Constitución notoria, hasta convertirse en un verdadero contrapunto.

La tarifa del gas es una de las más complicadas a estas horas, en que ha ingresado a un terreno incierto luego de que la Cámara Federal de La Plata declarara nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que estipularon el nuevo cuadro tarifario en ese servicio y dispuso retrotraer a los valores previos al 1º de abril. El asunto terminará en la Corte tras la feria de medio año de la Justicia.

La Justicia Contencioso Administrativa de La Plata suspendió también el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires. 

La medida fue dictada por el juez Luis Federico Arias al hacer lugar a una demanda del Colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 por ciento. La ONG había sostenido que ese incremento tarifario nunca fue debatido en audiencias públicas.

Dicho esto, sin ignorar que hay amparos distribuidos en distintos juzgados del país en todas las provincias argentinas bajo los mismos parámetros, se ha frenado el tarifazo, en principio por la ausencia de audiencia pública, aunque lo que subyace es que el incremento fue tan abultado que la propuesta terminó pesando claramente en la voluntad de los magistrados.

Este breve repaso de la situación en que las tarifas han caído en estos meses pone de manifiesto que en algún punto la Justicia está cogobernando con el Poder Ejecutivo, toda vez que está participando como actor principal en la determinación de las tarifas de servicios públicos.

La impericia del Gobierno al aplicar incrementos desmesurados sin las audiencias públicas correspondientes y sin medir el impacto social de la falta de segmentación de las tarifas, dio ingreso a la Justicia que, por medio de amparos, frenó todos los aumentos.

La judicialización, no obstante que representa un problema, no deja de ser un triunfo del ala gradualista del Gobierno frente al sector duro del Gabinete. Sectores internos de Cambiemos que han mantenido un extendido debate respecto de cómo acomodar las tarifas atrasadas en sus valores por 12 años. Y si bien hay una coincidencia política generalizada respecto de que era necesario actualizar las tarifas en forma urgente, el cómo, la implementación de estas medidas es lo que trajo ruidos intestinos en el equipo de Gobierno macrista.

El sector más desarrollista del Gabinete, en el que se inscribe a Rogelio Frigerio y Alfonso Prat Gay, pretendía incrementos graduales y por lo tanto extendidos en el tiempo. El ala dura que encabeza José Aranguren y hasta el mismo presidente Macri pretendían una terapia de shock: aplicar todos los aumentos juntos en el primer semestre del año para que luego viniese cierto alivio en la segunda mitad.

Con el conflicto mal saldado entre los miembros del Gabinete, ganó el ala dura, se hizo una dura terapia de shock y fue la Justicia la que terminó mediando en el conflicto al frenar los tarifazos, apoyando indirectamente a los gradualistas.

El Gobierno, en tanto, y con los amparos todos vigentes aún, busca salidas políticas a la problemática aunque con moderado entusiasmo, por lo cual daría la sensación que la Justicia seguirá en medio de la tormenta tarifaria un tiempo más. 

En el plano judicial hay dos cuestiones para analizar, la primera y fundamental es la ilegalidad de los aumentos aplicados sin la realización de las audiencias públicas que son claramente obligatorias. Pero también el malestar social que produjo aumentos tan importantes en todos los servicios públicos a la vez, debe haber pesado en el ánimo de los magistrados.

Lo interesante del momento que atravesamos es que los distintos poderes del Estado están cumpliendo claramente sus roles y están interactuando en función de una misma realidad pero sin contaminarse. Ni el poder político está amedrentando a la Justicia para que ofrezca resoluciones como “trajes a medida”, como hemos visto en el menemismo y más aún en el kirchnerismo, ni el Poder Judicial está pretendiendo avasallar al Ejecutivo, ya que sus decisiones son conforme a derecho. Y la realidad es que esta es toda una novedad en la Argentina, donde eran monedas comunes las “apretadas” a los magistrados de parte de los políticos de turno y amenazas de carpetazos de la Justicia para obtener beneficios del poder político. Y en esta relación sucia y altamente contaminada, el perjudicado terminaba siendo el hombre de a pie, que veía así mermados sus derechos.

Esperemos que el resultado final de esta suerte de cogobierno momentáneo que tienen la Justicia y el Poder Ejecutivo termine beneficiando al hombre de a pie con un acuerdo justo y equitativo de las tarifas de servicios públicos.