Empleo informal y desempleo, indicadores de un problema estructural que requiere reformas

Argentina es un país atravesado por problemáticas profundas que trepan a la superficie y captan la atención social cuando algo ocurre e instala el tema en la agenda pública. Entonces ese problema parece coyuntural. Sucede con la inflación, con el precio del dólar, con los índices de la pobreza y con el desempleo. Sin embargo, cualquiera que revise la historia reciente y observe con detenimiento la foto que a diario muestra la realidad confirma que ninguna de estas cuestiones resulta de coyuntura, sino que más bien encarnan problemas estructurales, producto de años de ausencia de verdaderas políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo y erigirse como políticas de Estado. Este comentario editorial tomará como eje, el tema del trabajo.

Lo que sucede con el empleo en Argentina es acuciante y si bien oficialismo y oposición dirimen sus argumentos en torno a las estadísticas y le buscan lecturas más o menos auspiciosas, lo que ocurre merece de intervenciones urgentes. Para oficialistas que se empeñan en mostrar escenarios de recuperación económica en un país en crisis, el desempleo bajó y se generaron nuevas oportunidades de trabajo. Para los opositores, la problemática del desempleo ocupa un lugar prioritario por su impacto en la economía de todos los días. Entre unos y otros las distancias son insalvables, como lo son el modo de mirar y analizar la realidad que viven los argentinos de a pie.

Más allá de cualquier ideología, los indicadores describen una realidad y la exponen ante los ojos de la sociedad para que aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas o legislativas pongan manos a la obra y edifiquen los marcos normativos adecuados para lograr modificar lo que obtura la posibilidad del desarrollo pleno del empleo en un país con enormes capacidades productivas.

Ninguna economía es viable con la enorme presión impositiva que pesa sobre el empleo. Tampoco es posible con los altos costos laborales que solo promueven el trabajo en negro. Si no hay incentivos para la incorporación de mano de obra y si la fuerza del trabajo está condicionada por presiones sindicales, ningún país encuentra el rumbo en materia laboral.

Ninguna nación es viable si un amplio porcentaje de la masa de trabajadores que están incorporados al circuito laboral lo hacen sin las mínimas condiciones de protección de sus derechos, ante la apatía de referentes gremiales que solo parecen defender sus propios intereses mezquinos.

La situación de trabajo en negro en Argentina, ya trepó a cifras alarmantes y la escalada no se detiene. Sería catastrófico para el mercado laboral que el trabajo en negro supere el trabajo en blanco, porque eso trae como consecuencia, varios efectos. 

El primero, un efecto personal en los trabajadores que están desprovistos de la cobertura de servicios de salud, no tienen ingresados aportes jubilatorios al Sistema Único de la Seguridad Social y no estarán contemplados bajo la cobertura del seguro obligatorio de accidentes laborales (ART). 

El segundo efecto es para el propio mercado del trabajo que sufre severos daños producto de la ausencia de aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Esta consecuencia, además representará un serio problema en el futuro, porque no hay sistema previsional que resista el desbalance perpetuo entre los aportes y los beneficios que deberá pagar.

 Una tercera consecuencia se da en el propio empleador que vive agobiado por las cargas laborales y sufre enormes presiones cuando debe pagar indemnizaciones, o sanciones por infringir las leyes laborales. 

Seguramente los efectos no se agotan en este recortado inventario. Y el problema que es de múltiples dimensiones tenga aún consecuencias más dificultosas de abordar en un análisis. Lo que sí muestra el presente de la realidad laboral en argentina es que hay leyes obsoletas y una inexplicable imposibilidad de hablar de reformas laborales sin pensar que con ellas se están desatendiendo legítimos derechos ganados por los trabajadores. Una cuestión ideológica y un triste recuerdo de hechos ocurridos en la historia reciente agigantan el fantasma que se hace necesario desdibujar para poder afrontar la búsqueda de soluciones de manera responsable e inteligente.

El país no resiste más leyes que han quedado desfasadas, que no brindan respuestas ni a las condiciones productivas ni a la realidad económica de un país sumido en una profunda crisis.

En este contexto la clandestinidad laboral se impone. Y se perpetúa. Con consecuencias inciertas en su dimensión, pero seguras en su impacto.

La Argentina necesita volver a transformar a la generación de empleo genuino en la columna vertebral de su economía. La cultura del empleo en negro atenta contra la consecución de ese objetivo.

En contextos donde la competitividad es muy desleal, donde los mercados se cierran cada vez más, la inflación licua la rentabilidad de las empresas, el empleo cada vez más tiende a la baja, y el costo de vida sube, se genera cada vez más el caldo de cultivo para la clandestinidad.

Por un lado, los empleadores acuden a ella para abaratar costos y ser más competitivos. Otros lo hacen solo para poder sobrevivir y no cerrar su emprendimiento o empresa. Y los trabajadores, en su impetuosa necesidad de llevar el sustento al hogar, se someten a la precarización registral de sus relaciones laborales en pos de garantizarse la fuente de trabajo. Una lógica dañina que es necesario revertir con más y mejor política para no perpetuar modelos que solo conducen a la cancelación de derechos y al emprobrecimiento de una sociedad que necesita recuperar el círculo virtuoso de la movilidad ascendente, esa puerta que tiene como llave el trabajo.