Elevan a juicio la causa contra Cristina Kirchner por fraude con la obra pública

La causa en la que la expresidenta está acusada como coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

BUENOS AIRES, (NA) - El juez federal Julián Ercolini elevó ayer a juicio oral y público la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner; el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por presunto fraude con la obra pública en Santa Cruz. 

Tras el sorteo correspondiente, el proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu  y Jorge Tassara, junto al fiscal de juicio Diego Luciani. 

Se trata del mismo tribunal que realizó el primer juicio por la tragedia ferroviaria de Once con condenas para los exsecretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros; y el primer encubrimiento de la investigación del caso Amia con principal acusado el expresidente Carlos Menem. 

No obstante, no es definitiva la radicación de esta causa en el Tribunal 2, pues la investigación por la llamada “ruta del dinero K”, donde hay hechos enlazados, está a cargo del Tribunal Oral Criminal 9 y podrían agruparse los expedientes. 

La causa, en la que la expresidenta está acusada como coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, y ahora van a juicio también el exsecretario de Obras Públicas José López; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y Martín Báez, hijo del empresario patagónico detenido. 

Carlos Kirchner está preso porque supuestamente obstruyó la investigación al declarar un domicilio inexistente así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia; en tanto que De Vido está detenido desde el año pasado por otras dos causas, una de ella por la importación de gas licuado a nuestro país; y Báez en la causa por lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero K”. 

Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos” durante los gobiernos kirchneristas. 

Se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”. 

Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran “remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos” por el alquiler de plazas hoteleras, se indicó. 

“Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del Gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez”, sostuvo el fiscal Pollicita. 

Incluso, indicó que De Vido montó una estructura dentro del Ministerio de Planificación Federal para direccionar la obra pública vial al Grupo Austral de Báez, con quien la familia Kirchner mantenía una estrecha relación. 

El juez Ercolini rechazó los planteos de nulidad contra la elevación a juicio hechos por parte de De Vido, Báez y otros imputados, en tanto que Cristina Kirchner no se había opuesto, solicitando ir cuanto antes a debate. 

En febrero pasado, de hecho, la senadora había presentado un requerimiento para que el proceso llegara cuanto antes a la instancia oral a fin de que el caso tenga “un esclarecimiento definitivo y público” sobre las imputaciones que se le endilgan “de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho”, según se quejó.