El violento desalojo de un corte en la 9 de Julio dejó varios heridos y detenidos

Tras infructuosas negociaciones entre organizaciones sociales y la ministra Carolina Stanley, los efectivos avanzaron sobre los manifestantes con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma; ante esta situación algunos respondieron con piedrazos. La causa por incitación a la violencia y resistencia a la autoridad recayó en el juez Sergio Torres.
Buenos Aires, (NA) - Efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron ayer un violento desalojo de un corte sobre la Avenida 9 de Julio a cargo de manifestantes de organizaciones sociales que reclamaban mejoras en los planes de empleo y la declaración de la emergencia alimentaria, lo que dejó un saldo de varios heridos y detenidos.
Las mas leidas de Región
Tres jóvenes de Villa Ramallo están en Miami para seguir a la Scaloneta en el Mundial 2026

Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación

Preocupación en Villa Ramallo por una jauría de perros que pone en riesgo a vecinos y mascotas

San Pedro: estudiantes de la Secundaria N° 5 participaron de un taller de prevención de violencias

La titular del FMI saludó a Milei y pidió trabajar por la "estabilidad económica" argentina

Los militantes integraban las agrupaciones Quebracho, el Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala, la Federación de Trabajadores por la Economía Social Limitada (Fetraes) y la Agrupación Villera Piquetera (AVP), entre otras, que protestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Luego de casi tres horas de corte sobre la Avenida 9 de Julio y Moreno y tras infructuosas negociaciones en la cartera que conduce la ministra Carolina Stanley, los efectivos avanzaron sobre los manifestantes con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma, y fueron respondidos con piedrazos.
Como saldo, hubo al menos ocho detenidos -seis adultos y dos menores- los que fueron trasladados a la Comisaría 30 de Barracas, informaron fuentes policiales.
La causa contra ellos por “incitación a la violencia” y “resistencia a la autoridad” recayó en el juzgado del juez federal Sergio Torres, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal de primera instancia Lorena San Marcos.
Las personas demoradas en la Comisaría 30 eran Maximiliano Godoy, Leandro Arias, Víctor Bolaños, Hernán Alvarez y Juan García, además de dos menores de 14 años y 17 años que fueron derivados al instituto de menores Inchausti y Carlos Jerez, que fue trasladado al Hospital Argerich, informó la Tupac Amaru.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se acercó en horas de la noche a la seccional para “conversar con el comisario” y defendió a los manifestantes. “Se encapuchan porque sino te identifican y te detienen y los palos es para defenderse. Ellos tienen palos, nosotros tenemos palos”, justificó la referente de los derechos humanos al entrar a la comisaría.
En tanto, varias personas resultaron heridas: tres manifestantes (Clara Alarcón, Brian Antoni y Marcelo Barrera) fueron derivados al Hospital Finochietto con heridas de bala de goma, mientras que un efectivo también recibió el impacto de una piedra en la cabeza.
Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño precisaron que fueron un total de siete uniformados con heridas, aunque ninguno de gravedad.
Tras liberar la zona y normalizar el tránsito en los carriles laterales de la avenida, las autoridades naciones enviaron varios camiones hidrantes para limpiar la zona y, pocos minutos después del desalojo, lograron habilitar la circulación en la 9 de Julio y en las vías del Metrobus.
“Nosotros no queremos estar acá. Preferiríamos estar trabajando pero lamentablemente no podemos. Queremos saber si este Gobierno va a tomar una medida del pueblo trabajador”, explicó a la prensa antes del desalojo Fernando Gómez, referente del frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala.
Las organizaciones reclamaban un plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria y tarifaria en fábricas recuperadas, clubes de barrio y comedores comunitarios y la plena restauración de las pensiones por discapacidad.
Tras la instalación de una pequeña olla popular, los referentes de los movimientos sociales amenazaban con acampar en el lugar hasta recibir una respuesta positiva por parte de autoridades la cartera que conduce la ministra Stanley.
Ante el fracaso de las reuniones que se desarrollaban dentro del edificio del Ministerio, los conflictos comenzaron fuera cuando los representantes de Quebracho comenzaron a incendiar neumáticos e insultar a la Policía de la Ciudad, lo que generó malestar en el resto de las organizaciones presentes: “Estábamos bien ¿Para qué empiezan a hacer quilombo?”, cuestionó uno de los manifestantes.
Las autoridades policiales le reclamaron entonces a los referentes de la movilización que apagaran el incendio en las cubiertas desplegadas sobre la avenida y que liberaran los carriles del Metrobús.
Si bien en un principio ambas partes habían llegado a un acuerdo, cerca de las 16:30 los efectivos de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad), junto a una decena de camiones de la fuerza avanzaron sobre la multitud para liberar la zona.
“Tuvimos una primera reu-nión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. Nos dijeron que no a cada uno de nuestros reclamos. Decidimos en asamblea con los compañeros y compañeras acampar. En ese momento nos volvieron a llamar. Ingresamos, cuando nos estábamos sentando la policía avanzó y empezó a reprimir”, relató Eduardo Montes, de la Túpac Amaru.
La organización adelantó que en los próximos días elaborará “un plan de lucha para seguir enfrentando las políticas de ajuste y para reclamar que se dé una respuesta urgente a las miles de familias hundidas en la miseria”.
“La respuesta del Gobierno fue la represión y la negativa absoluta a sentarse a una mesa de diálogo para resolver la situación de miles de familias que han empeorado sus condiciones de vida en los últimos 16 meses”, denunció.
La CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, emitió por su parte un comunicado en el que “repudia la represión desatada contra las organizaciones sociales” y reclamaron “la inmediata libertad de los compañeros y compañeras detenidas”.
















