El tiempo de aprender a vivir en las disidencias

Aprender a vivir en las disidencias pareciera ser una de las principales tareas que tiene por delante el país. Desde la asunción del presidente Javier Milei se sucedieron una serie de acontecimientos que marcan la necesidad imperiosa de establecer consensos porque ni el mandato conferido por la voluntad popular ni la oposición acérrima a los postulados que propone la gestión resultan suficientes para garantizar una convivencia pacífica en democracia.

Ni el oficialismo puede valerse de una actitud soberbia solo por haber alcanzado un caudal de votos importantes en la contienda electoral, ni la oposición puede encerrarse en la premisa de "cuanto peor mejor" para pelear la recuperación del poder.

El debate de la Ley Omnibus, que fue aprobada en general y volvió a comisión ante el rechazo de varios de sus artículos en la votación en particular, mostró la virulencia del diálogo político en Argentina. Y exhibió con claridad los intereses de unos y otros, incluso con su traducción en las calles. Más allá de las opiniones personales que pueda generar el contenido de la herramienta que volvió a foja cero y de la crisis que generó en el vínculo entre el Poder Ejecutivo, legisladores y gobernadores, lo cierto es que no se puede atropellar ese poder del Estado por inconveniente a los intereses del Gobierno que resulte el debate legislativo. Por el contrario, el Congreso de la Nación es el espacio de representación de la ciudadanía y por tanto el lugar donde deben construirse los acuerdos. No valen las suspicacias ni la tentación de teñir de oscurantismo, algo que se estaba discutiendo a los ojos de la ciudadanía. 

Tampoco vale invalidar el poder del Congreso ni amedrentar a los legisladores que han sido tan legítimamente elegidos por el voto popular como el propio presidente, a efectos de lograr torcer voluntades que seguramente van en coincidencia con posicionamientos políticos y convicciones que honran el mandato que les ha conferido el pueblo.

Si bien la calle es un escenario de expresión de lo público, no puede ser terreno fértil para los abusos ni del poder, ni de la gente. Tampoco el poder puede abusar de sus atribuciones y considerarse dueño de una verdad absoluta. Si bien es cierto que la gestión de la Libertad Avanza está signada por su carácter disruptivo y la figura del presidente plantea ante la sociedad un nuevo modo de hacer política, no es insultando ni acusando a legisladores como se gobierna en democracia.

Hay que construir equilibrios sanos que dejen atrás la idea de que siempre es atropellando cómo se consigue lo buscado. Y esto vale para oficialistas y opositores.

Argentina tiene en su historia tristes antecedentes de las consecuencias de la intolerancia, tanto cuando esta es ejercida por quienes ocupan el poder como cuando aparece encarnada en quienes están en fuerzas de oposición. 

Es cierto que la ciudadanía votó por la opción de un cambio y que este prometió ser radical y estructural. Ponerlo en marcha exige de dotar a ese poder presidencial de las herramientas que necesita para poder llevar adelante la gestión. Pero el propio poder no puede anular la discusión de esos instrumentos por el solo hecho de sentirse traicionado. 

No se puede pretender incondicionalidad en el acompañamiento a cada una de las decisiones, pero tampoco montar una batalla campal cada vez que en los espacios de la democracia se discuten las iniciativas que resultan trascendentes para marcar un rumbo.

Custodiar la marcha de ese rumbo, velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos con el conjunto de los argentinos será parte de la tarea de los legisladores, como también será parte de la labor de los jueces que deberán emitir sus fallos respondiendo a presentaciones judiciales legítimas que expresan la voz de aquellos que se oponen a determinadas decisiones que intenta tomar la política. 

Pero es en la cuerda del equilibrio entre estos poderes que deberá ejercerse el poder y conducir los destinos de una Nación que está profundamente herida. Que tiene por delante gravísimos problemas que resolver y profundas desigualdades que dañan el tejido social.

Se requerirá de equilibrio, respeto por la independencia de poderes y una escucha atenta del sentir de una ciudadanía que otorgó un voto de confianza a sus representantes. Esa es la esencia de la democracia, en el oficialismo y en la oposición. No hay poder absoluto, porque no hay sustrato para tolerar nuevos atropellos. Se requiere pragmatismo y mesura, a uno y otro lado del arco político y a uno y otro lado de la grieta que tanto ha dañado la convivencia en democracia.

Por delante quedan cuatro años de mandato para el presidente Javier Milei y también los dirigentes opositores tienen un mandato que honrar y que cumplir con madurez política y responsabilidad. Nadie es ajeno en la cuota de responsabilidad que le toca por el estado de cosas que vive el país, porque todos desde uno u otro espacio han sido testigos y protagonistas de enormes zafarranchos que no han hecho más que lesionar una democracia que sobrevive, a pesar de todo y que sigue siendo el modo elegido por los argentinos para construir su futuro.

Habrá que aprender a vivir en espacios de disidencias en los cuales se respete la palabra del otro, sus derechos ganados, su vocación de acompañar o de rechazar siempre en el marco de la paz social y la convivencia democrática. No hay otro camino posible, porque todo lo demás es la anarquía, el caos, lugares oscuros en los que este país ya estuvo y donde ya no se permitirá volver a estar, gobierne quien gobierne. Es de la mano de la palabra, de la construcción de los consensos, del respeto a la Constitución y de la capacidad que el país tenga de constituir esos acuerdos que resulten fundantes de un nuevo tiempo que deje por fin atrás años de decadencia y crisis siempre repetidas.