El problema no es la corrupción sino la impunidad de los corruptos

Lo hemos repetido muchas veces: el mayor problema de la Argentina no es la corrupción sino la impunidad de los corruptos, la falta de castigo oportuno. Eso ha sido, sin dudar, el mayor incentivo para la repetición y la principal causa de la pérdida de confianza de que gozan nuestras instituciones, tanto la política como la Justicia.

Hay ciertos sectores (no menores ni poco importantes) del Poder Judicial, que, por ineficacia, lentitud o complicidades, han sido los responsables de la demora en las investigaciones, los caminos sin salida y, finalmente, la impunidad como moneda corriente frente a los delitos de la corrupción.

Hay que mirar con cuidado el rol de algunos miembros del Poder Judicial durante los últimos meses, que siempre se acomodan según los tiempos políticos. Así las causas avanzan, se detienen o directamente vuelven a fojas cero (cuando no se desestiman) según los avatares del mapa político, que les debería ser absolutamente ajeno.

Cabe recordar que, según datos de la auditoría del año 2017 -para tener una referencia y demostrar que sucede lo mismo en todos los gobiernos- de los 1.212 expedientes de corrupción en Comodoro Py.

Quizás esta vez los jueces cumplan su rol siendo ajenos a las presiones y el poder político de turno. O quizás la historia se repita una vez más y la prescripción sea el final de todos estos procesos judiciales.

Lo cierto es que por estas horas, nadie en los tribunales federales quiere hacerse cargo de juzgar a la vicepresidenta Cristina Fernández. Las causas Los Sauces y Hotesur, que involucran a toda la familia Kirchner y allegados, está en manos del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Adrián Grünberg. Las acusaciones son por asociación ilícita y lavado de dinero. Según el propio excontador de los expresidentes, Víctor Manzanares, el negocio hotelero funcionaba como un “apalancamiento” del patrimonio de los Kirchner, Pruebas sobran, testimonios también, la elevación a juicio ya fue hecha, pero no paran de llegar los recursos y excepciones de la defensa, que si bien son parte de los elementos procesales, también juegan un rol en el manejo de los tiempos. Tal el caso de la más reciente novedad en la causa Hotesur: los abogados de Cristina y Lázaro Báez pidieron este jueves una nueva pericia. El pedido fue concedido y demandará unos seis meses.

Y mientras tanto, los plazos pasan y seguimos sin saber cuándo comenzará el juicio oral por Hotesur y Los Sauces a cargo del Tribunal Oral Nº 5, el cual lleva meses de inexplicable demora.

Tampoco sabemos qué decisión tomará la Corte Suprema en relación al único juicio oral que comenzó, donde se juzga a Cristina Kirchner por sobreprecios en la obra pública.

Por lo pronto, hemos visto y escuchado a un Julio De Vido excarcelado en una de las causas que lo involucran, afirmando que en el kirchnerismo no hubo corrupción. Bastante extremo asegurar tal cosa que es inherente a la raza humana; es lo mismo que decir que los funcionarios de las gestiones de Néstor y Cristina fueron extraterrestres. Mucha o poca, corrupción hubo, lo mismo que en la gestión de Macri. Lo que no debe de haber más es impunidad. Es como tener un hijo adolescente, que -como todos- se manda alguna macana. Puede ser que los padres no lo pesquen, pero si lo pescan, no pueden ni deben pasar por alto el llamado de atención y la sanción. En el caso del poder, la tentación del dinero y el tráfico de influencias es mucha y quien sucumbe, si es descubierto, debe sentir el rigor de la Justicia. De eso se trata, de luchar contra la impunidad, no contra la incontrolable corrupción. Por defecto, al procurar el primer objetivo, se dará el segundo.

Lo que no podemos hacer es teñir la corrupción de colores políticos, porque es inherente a todo ser humano sin importar ideologías ni rango. Nosotros, los ciudadanos, somos corruptos a diario, en las calles sobre todo. Los gobiernos -por estar conformados por personas- tuvieron, tienen y tendrán sus actos corruptos. Identificarlos y sancionarlos es lo que hace la diferencia. Además, no se puede negar lo evidente: si un funcionario, juez, sindicalista, declara como fuente de sus ingresos un sueldo y su patrimonio excede sus posibilidades, debe rendir sus cuentas. Esto es objetivo, contrastable e irrefutable.

El caso de los “cuadernos de la corrupción” tiene que ser el punto de no retorno de este país para combatir la impunidad en casos de corrupción. Pero será difícil que así sea. Entre otros motivos, porque en Argentina no existen algunas herramientas legales indispensables -como una ley de extinción de dominio-, o las hay, pero son débiles -como una ley de responsabilidad penal empresaria-. Y esto dificulta la ruptura de la omertà, el pacto mafioso de silencio sellado entre delincuentes, y explica, en parte, por qué los empresarios no han contando todo lo que saben.

La opacidad en el manejo del dinero público ha afectado tanto la calidad de la democracia y economía argentinas, al punto que – como el anterior-  el actual gobierno duda en ir a fondo contra la corrupción para evitar las consecuencias económicas -y por tanto electorales- que podría causar. Mientras tanto, el desencanto social y la desconfianza en el sistema político siguen aumentando.

Los jueces y los políticos no deberían olvidar que la sociedad se ha visto vulnerada en su confianza. Pero también ha sido privada del goce de bienes y servicios que debían prestarse en su favor con aquellos recursos que fueron a parar a otros destinos: a los bolsillos o las cuentas de los corruptos.

Es acreedora, entonces, de una doble respuesta: la verdad sobre lo ocurrido con la aplicación de una condena. Pero también la reparación material que deberá venir por el lado de la recuperación de los activos apropiados en forma ilegal.