El Gobierno se anima a llevar al Congreso la extinción de dominio

El ministro Germán Garavano precisó que “el decreto ya ha sido enviado al Congreso, a la Comisión Bicameral” de Trámite Legislativo, que debe analizarlo y evaluó que “probablemente el inicio de la actividad legislativa sea más entrado el mes de febrero”. Deslizó que el Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias en febrero.

BUENOS AIRES, (NA) - El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó ayer que el decreto de necesidad y urgencia por el que se crea el régimen de extinción de dominio “está operativo y funcionando” y que “ya ha sido enviado al Congreso”, donde Cambiemos tiene votos como para pulsear con la oposición.

“Nos hemos comunicado con la Procuración General de la Nación, que está avanzando en la implementación de la Procuraduría que establece el decreto, con lo cual el DNU ya está operativo y funcionando para avanzar en esa dirección”, afirmó Garavano.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada al término de una reunión de Gabinete, el ministro precisó además que “el decreto ya ha sido enviado al Congreso, a la Comisión Bicameral” de Trámite Legislativo, que debe analizarlo y evaluó que “probablemente el inicio de la actividad legislativa sea más entrado el mes de febrero”.

El ministro deslizó así que el Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias en febrero, aunque la Comisión Bicameral no requiere de esa convocatoria para reunirse y tratar el DNU.

Si bien la comisión es presidida por el diputado kirchnerista Marcos Cleri, no es imposible para Cambiemos conseguir un dictamen de mayoría favorable al DNU que firmó el presidente Mauricio Macri, debido a que cuenta con la mitad de los 16 diputados y senadores que integran el cuerpo.

En debates anteriores, el oficialismo ha contado con el apoyo de la senadora salteña Cristina Fiore -cercana al gobernador Juan Manuel Urtubey- y si esa situación se repitiera en el caso del DNU 62/2019, Cambiemos podría alcanzar las nueve firmas para un dictamen de mayoría y daría así el primer paso hacia la ratificación parlamentaria del decreto.

Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en sus críticas a la decisión del presidente Mauricio Macri de poner en marcha por decreto un sistema que no logró conseguir a través de una ley, debido al rechazo de todo el arco opositor a que la extinción de dominio se ejecute antes de que haya una condena penal, como quiere el oficialismo.

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, advirtió este jueves que “la extinción de dominio no es un tema para sacar por DNU” y que “corresponde ratificar en Diputados el (proyecto) original ya votado o aceptar las modificaciones del Senado, así funciona el sistema parlamentario y democrático”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Pichetto señaló además que la norma firmada por el presidente Mauricio Macri “plantea debilidades de naturaleza constitucional”, por lo que podría ser cuestionada en la Justicia.

Por su parte, el dirigente Oscar Parrilli, colaborador de la senadora Cristina Kirchner y ex secretario general de su presidencia, dijo a radio El Destape no tener dudas de que “van a ir por los bienes de Cristina con el decreto de extinción de dominio”, al que calificó como “un mamarracho jurídico”.

“En 1976 la dictadura militar, mediante un decreto, creó la Conarepa con los mismos argumentos de este DNU de Macri. No hay condena firme, está absolutamente dirigido a los funcionarios kirchneristas. Macri está utilizando los mismos mecanismos de persecución económica contra dirigentes opositores que utilizó el gobierno del 55 y el gobierno del 76”, agregó.

Incluso en el sector más crítico del radicalismo tienen dudas respecto de la decisión de avanzar con el nuevo sistema mediante un decreto, como lo expresó el vicepresidente de la UCR, Federico Storani, quien dijo estar “de acuerdo en la cuestión de fondo” pero admitió que “la cuestión de forma va a tener sus problemas porque va a ser atacado por inconstitucionalidad”.

Storani sostuvo en diálogo con radio Milenium que la extinción de dominio “es una necesidad ante delitos que se han producido como producto de la corrupción” y, si bien cuestionó que se establezca por decreto, evaluó que “pone en un aprietos a sectores de la oposición, por ejemplo el Frente para la Victoria y el massismo, que tiene un proyecto pero que no se trataba nunca” y “esto quizá apure los tiempos”.

El debate se encamina al Congreso: si el oficialismo lograra hacerse con un dictamen favorable en la Comisión Bicameral, el paso siguiente para la ratificación parlamentaria del DNU sería su aprobación en al menos una de las Cámaras y es en Diputados donde las chances del Gobierno crecen.

Incluso en la oposición lo consideran así, según advirtió recientemente la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, al señalar que “la complejidad es la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados el macrismo”.

Por su parte, el senador de Cambiemos Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Nacional del PRO, ya anticipó que el oficialismo “buscará consensos” para ratificar el decreto en el Congreso.