El Gobierno debe afrontar ahora el costo económico de la mala praxis

Hemos analizado en diversas oportunidades el costo político que le ha reportado al Gobierno la crisis económica que se desató tras la corrida cambiaria. Pero el costo cierto, el que ahora debe afrontar y es objetivo, es el económico, que se relaciona en forma directa con el social, que es más importante que los movimientos de la dirigencia opositora para sacar partido del mal momento oficial. Porque es el hombre de a pie el que otorga triunfos y derrotas electorales.

La corrida cambiaria de mayo y su traslado a precios agregó una cuota de pesimismo a los pronósticos de las consultoras. Las estimaciones anuales de baja del salario real arrancan en el 1,5 y terminan en el 5 por ciento. Traducido en lenguaje callejero: recesión y enfriamiento de la economía doméstica. Si a eso le agregamos que la inflación no cede, tenemos la estanflación (recesión con inflación) en la puerta.

Claramente la pérdida de poder adquisitivo genera períodos recesivos, porque el ciudadano puede comprar menos bienes, y por el otro, aumenta la incertidumbre, por lo que, ante la duda, la gente prefiere no gastar si no se trata de un artículo de primera necesidad.

Pero además de la línea gruesa, hay problemas puntuales que perjudican a sectores concretos de la población. La actualización del capital de acuerdo con la inflación, el Indice de la Construcción del Indec y el dólar, comienza a generar problemas para los tomadores de créditos UVA, que vieron incrementar su cuota un 16 por ciento en dólares en los últimos dos años. Y al fin, el monto de la cuota que se debe pagar ya es equiparable a un préstamos tradicional y no a uno hipotecario.

En efecto, el proceso inflacionario afectó en forma grave a los tomadores de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), debido a que los índices de actualización contemplan como variable la inflación y, además, establece la indexación del capital.

Los deudores no solo deben enfrentar un incremento de las cuotas que pagan sino un fuerte encarecimiento de las deudas medidas en dólares. Porque al interés pactado y lógico del crédito, ahora empiezan a pagar intereses sobre intereses.

Al  fin, con el ajuste del capital mediante el índice UVA, es decir por el aumento de la inflación, la evolución del dólar disparado y, sobre todo, el impacto de la devaluación desatada desde fin del año pasado, calculan que la deuda se haya incrementado un 50 por ciento respecto del monto originariamente pautado.

El banco no pierde, el Estado no pierde, solo el ciudadano que apostó y creyó cuando desde el Gobierno se dijo que la inflación cedería. Aquí también hubo una mala praxis de cuyo costo debiera hacerse cargo el Estado, como lo está haciendo con la convocatoria a los gremios para compensar con un 5 por ciento los acuerdos salariales hasta que se abran las cláusulas de revisión.

Se tendrían que analizar estrategias para ayudar a este sector tomador de créditos, porque lo han hecho en la confianza de que la inflación bajaría y no se avecinaba una crisis como la desatada. Como esa confianza ha sido traicionada por errores del oficialismo, por mala praxis económica o errores no forzados, como quieran llamarlo, les corresponde a ellos buscar morigerar el impacto en los deudores.

Como es natural, otro de los efectos directos de la crisis financiera fue la movilización sindical, reclamando echar por tierra el techo del 15 por ciento para las paritarias porque, la verdad es que todas las consultoras ya marcan una inflación del 27 y pico por ciento.

Como no hubo diálogo con los sindicatos, el tercer paro general de la CGT contra la gestión de Mauricio Macri ya tiene fecha para mediados de junio. Y en una actitud de bomberos apaga incendios, el oficialismo sale a citar a los dirigentes gremiales cuando las llamas ya salen por las ventanas. Ahora les ofrecerá a los gremios una recomposición salarial más alta, en medio de una negociación que será dura, sobre todo porque es a destiempo.

La propuesta oficial consistiría en otorgar una suba adicional a fin de año para aquellos sindicatos que hayan pactado paritarias en el 15 por ciento. No se precisó el porcentaje del eventual aumento, pero los funcionarios saben que la CGT desistiría de la huelga solo si se universalizara la cláusula gatillo, lo que garantizaría una recomposición salarial atada a la inflación.

Además del Gobierno y los gremios, hay un tercer protagonista: las cámaras empresarias que suscribieron el alza del 15 por ciento alentados por el Gobierno y ahora les cambian las reglas porque, al fin, la realidad los ha pasado por encima. Y al fin los empresarios avalarán la medida porque en definitiva es adelantar la cláusula de revisión pactada en las paritarias.

Las conversaciones con empresarios y sindicalistas para revisar las paritarias habían comenzado en plena turbulencia económica, cuando el dólar trepó a 25 pesos en apenas unos días y el Gobierno no logró frenar el traslado a precios en las góndolas del supermercado. Así se disparó la inflación y los salarios quedaron con un atraso muy importante.

Un factor aparte es Camioneros que llama a un paro sin movilización (no a la brasilera con cortes de rutas) pero si Hugo y Pablo Moyano endurecen la postura el desabastecimiento está garantizado, así no se llame a un paro general, lo que a estas horas se debate en la CGT. Los Moyano piden un 27 por ciento, siguiendo las predicciones inflacionarias de las consultoras privadas y se han convertido en una pesadilla para el Gobierno.

En realidad lo que le sucede al oficialismo, daría la impresión, es que no se esperaba una corrida cambiaria de tanta profundidad y su primera reacción fue recurrir al FMI, pero no venía dialogando con los actores de la economía como para evitar que, pasada la crisis, tenga que salir a apagar un incendio por día. Son errores políticos que cuando se generan problemas económicos se transforman en cócteles difíciles de desactivar.