El FpV quiere frenar parte de la reforma judicial y condicionar el endeudamiento

Uno de los límites que el bloque quiere ponerle al Gobierno tiene que ver con la iniciativa de modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal y el que crea el nuevo fuero sobre crimen organizado. El hombre encargado de revisar esos proyectos es Rodolfo Urtubey, referente del bloque en temas judiciales y colaborador del presidente de la bancada mayoritaria.

Buenos Aires, (NA) -El bloque de senadores del PJ- FpV avanzará la semana próxima con un proyecto que apunta a que el Gobierno deba recurrir al Congreso cuando quiera salir a tomar préstamos, y analiza además frenar parte de la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo.

Luego de que el bloque quedara virtualmente dividido por la decisión de su presidente, Miguel Angel Pichetto, de acompañar junto a otros 25 senadores el acuerdo con los fondos buitre, ese sector quiere enviar señales a la Casa Rosada de que no todas las votaciones serán iguales y que están dispuestos a marcarle límites, mientras buscan evitar una ruptura interna.

Por eso el próximo miércoles a las 18:00 se reunirá el plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda y de economía nacional para darle dictamen al proyecto que Pichetto presentó junto al peronista federal Adolfo Rodríguez Saá, que apunta a condicionar el endeudamiento.

Así lo confirmó a la prensa el presidente de la comisión de presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), que aseguró que el proyecto “tiene consenso en el bloque”, pese a la división que se produjo tras la votación del acuerdo con los holdouts.

Abal Medina señaló que se le están haciendo modificaciones al proyecto presentado por Pichetto y Rodríguez Saá, a fin de alcanzar una “redacción sensata, que no entorpezca la gestión” pero que mantendrá los lineamientos principales.

La iniciativa le devuelve al Congreso la atribución constitucional de entender en los temas que tengan que ver con la deuda pública y plantea que el Poder Ejecutivo deberá enviar una ley específica al Congreso cuando quiera salir a tomar deuda, además de requerir su autorización si quiere ceder jurisdicción cuando emita bonos.

El sentido de que el endeudamiento futuro requiera de una ley aprobada por el Congreso, según señalaron fuentes parlamentarias, es evitar que los préstamos se usen para gasto corriente y que en todos los casos sean destinados a obra pública.

“Es una señal al Gobierno para avisarle que no puede plantear cualquier cosa”, indicaron fuentes del PJ-FpV, quienes señalaron que al mismo tiempo el proyecto puede servir para amalgamar al bloque.

El oficialismo entiende que su condición de minoría le impide evitar que el proyecto avance si el PJ-FpV y el Peronismo Federal deciden darle curso, pero ya se preparan para salir a cruzarlo en el plenario de comisiones.

La jefa del bloque del PRO, Laura Rodríguez Machado, sostuvo en diálogo con la prensa que “había una declaración de emergencia, que hacía que la Argentina se siguiera endeudando sin pasar por el Congreso, con los Bonar”.

“Yo soy integrante de las dos comisiones y voy a ir a pedirles que, si avanzan con este proyecto, reconozcan que (el presidente Mauricio) Macri ha sacado al país de la emergencia en tres meses”, agregó la senadora por Córdoba. 

Límites a la reforma 

Uno de los límites que el bloque quieren ponerle al Gobierno tiene que ver con el paquete de proyectos para reformar el sistema judicial, particularmente dos de ellos: el que modifica la Ley del Ministerio Público Fiscal y el que crea el nuevo fuero sobre crimen organizado.

El hombre encargado de revisar con lupa ese paquete de proyectos es el salteño Rodolfo Urtubey, referente del bloque en temas judiciales y colaborador estrecho del presidente de la bancada mayoritaria.

Urtubey ya afirmó puertas adentro del bloque que la reforma del Ministerio Público Fiscal “así como está no pasa”, confirmaron fuentes de su entorno.

Tanto en el sector peronista tradicional como en el ala kirchnerista del bloque, hay consenso respecto de no avalar una medida que apunte exclusivamente a debilitar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

El salteño considera que el límite de cuatro años para el mandato del procurador general que plantea el proyecto no puede correr para Gils Carbó, porque asumió con una ley anterior; justifica su postura con el “fallo Carlos Fayt”, que habilitó al exjuez de la Corte Suprema a permanecer en su cargo pese a sobrepasar la edad jubilatoria.

 Según las fuentes consultadas, Urtubey también se opone a la creación de un cuerpo colegiado que limite el margen de acción de Gils Carbó porque esto “le quitaría sentido a la tarea de la Procuración General, que necesita de una organización vertical para fijar criterios generales de interpretación para los fiscales”.

Respecto de la creación de un nuevo fuero con jueces que se aboquen estrictamente a investigar el crimen organizado -con competencia en delitos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros- la oposición del PJ-FpV se basa en el nuevo Código Procesal Penal.

Basados en el análisis del salteño, los senadores consideran que si se está poniendo en marcha un Código que implementa el sistema acusatorio, donde los que investigan son los fiscales, sería un contrasentido aprobar una ley que le da la facultad de investigar a los jueces.