El Estado (todos nosotros) principal financista de la protesta social

Mientras van llegando a la Argentina los dignatarios de otros países para el G20, el Gobierno y las organizaciones sociales se reunieron ayer para avanzar en un acuerdo y definir las características de los actos en contra de la cumbre de presidentes. Primeramente había trascendido un rechazo del Gobierno a la solicitud del grupo denominado “Confluencia Fuera G20-FMI”, liderada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de marchar y manifestarse en la misma Plaza de los Dos Congresos, que se ubica en la zona restringida por razones de seguridad. Pero en la tarde de ayer, desde el Ministerio de Seguridad se envió una misiva a Pérez Esquivel en la que se autoriza tal movimiento en ese lugar, en pos de “la convivencia democrática”. No obstante se advierte que tal autorización incluye el compromiso de los organizadores de advertir a los manifestantes que no pueden circular con sus caras tapadas ni con elementos contundentes. De esto hablábamos en nuestro editorial de ayer: solicitar espacio para la expresión en paz y ser admitido este pedido implica para los organizadores el compromiso activo, más allá del verbal. Con los acuerdos pre establecidos no queda margen para deslindar la responsabilidad sobre las personas que se encolumnen. Están siendo advertidos y deben cumplir. Para ello, es indispensable la acción previa de parte de ellos, de comunicar las condiciones a los manifestantes y exigirles que las cumplan. Pero además, controlar, por ejemplo, cada líder de movimiento tiene que necesariamente requisar a los manifestantes y constatar que efectivamente no vayan dispuestos a la violencia, portando en sus mochilas elementos contundentes o explosivos. Esto, antes mismo de subirlos a los colectivos que ellos mismos fletarán para la ocasión. Y aquí llegamos al punto de nuestro análisis de hoy.

Tanto con la que se viene como con todas las movilizaciones masivas que se registran a diario en Buenos Aires, queda en evidencia que las organizaciones cuentan con una importante cantidad de fondos para colectivos, viáticos de los que concurren (bebidas y alimentos). ¿De dónde sale todo este dinero? La respuesta es muy sencilla: del mismo paquete de ayuda que le da el oficialismo a cada organización. Porque los jefes de estos grupos se quedan con una parte de la ayuda social de los necesitados que tienen empadronados, precisamente para sostener la organización. Más aun, a los que reciben la ayuda del Estado, como deben pasar por los jefes de grupos, los obligan a ir a cuanta marcha se les ocurre. Los someten a la falta de dignidad de que además de tener que vivir de un plan social, tienen que responder ciegamente al líder del sector.

Hace ya tiempo que el Gobierno debiera entregar los programas sociales en forma directa, como se hace con la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, evitando esta corrupta intermediación. Después se pagan estas y otras consecuencias con estos grupos nacidos al calor de los “paquetes” de ayuda.

Paradójicamente, es el Estado el que indirectamente financia la protesta. Un modo de procurar rescatar el espíritu de las expresiones de la sociedad, sean estas de apoyo o de disconformidad, es que este Gobierno empiece -y los sucesivos continúen- a direccionar la asistencia a quienes la deben recibir, sin intermediaciones y, sobre todo, con control sobre la licitud de los beneficiarios.

En esto la sociedad aportante, la que es económicamente activa y se queja de ser el tercio que con su trabajo sostiene a los dos tercios restantes que, por la razón que sea, apoye cada medida que se encare en este sentido.

Es muy común quedarse con los titulares y no leer la noticia, cuando por ejemplo se anuncia una depuración de los padrones de discapacitados. En esto incide también la mala comunicación que hace el Gobierno cuando realiza este tipo de acciones. Controlar la licitud de una ayuda incluye privar de ella a quien no califica para recibirla. Sin embargo, cada vez que se intenta hacerlo, se alzan voces en defensa de damnificados que, finalmente, no lo son. Son, más bien, aprovechadores.

Y con respecto a la intermediación sucede lo mismo; en cuanto se quiere tocar a los líderes de las organizaciones, es tal el adoctrinamiento alimentado por la necesidad y la ignorancia, que los mismos perjudicados por los jefes salen en su defensa.

Esto es también parte del ajuste necesario. Y no hablamos de suprimir ayudas sino de optimizarlas, para que efectivamente cumplan su fin y, como efecto colateral, para desfinanciar a quienes hacen de estas estructuras un lucro personal.

De esa forma también la protesta social recobrará su espíritu y no será un “trabajo” en el que algunos ponen el cuerpo y otros se llevan la ganancia, tanto económica como política.

Y si se considera la intermediación como necesaria, que controle el Estado debidamente, exigiendo las condiciones que rigen para cualquier ONG. Esto es: constitución de autoridades, presentaciones de balances donde queden en claro el origen de los ingresos y el destino de los egresos. Las organizaciones sociales no son en sí mismas el problema; el tema es para qué se usan. Porque si todos los fondos que reciben o retienen de los planes de que administran se utilizaran para paliar aquello que enuncian, como la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, estaríamos hablando de entidades que cumplen un rol social, como aliado del Estado que directa o indirectamente los financia. Pero visto y considerando los hechos cotidianos, esos recursos se invierten en movilizaciones humanas, compulsivas, que además de diluir el esfuerzo de todos, alejan cada vez más del cometido la inversión del Estado para la promoción social. Por el contrario, esclavizan en un estatus de necesidad permanente, un círculo vicioso de los tantos que tenemos en este país y que, asumiendo el costo político, no son tan difíciles de romper.