El difícil equilibrio de las finanzas del Estado

Estamos ante una situación difícil en el plano de la economía, porque son muchas las variables a tener en cuenta y, cuando la frazada es corta, una medida para resolver un problema a veces se contrapone con la mejoría en otros. La falta de fondos es una clave de estos tiempos para entender el fino equilibrio que debe observar la administración, para sacar adelante el país, con los menores costos que se pueda infligir a la ciudadanía.

Vamos a revisar algunos aspectos: la inflación se ubicará entre el 4 y el 5 por ciento en febrero, mientras que en el nivel interanual está cerca del 30 (otros expertos hablan del 33 por ciento), con una probable desaceleración en el segundo semestre del año. Como no hay datos oficiales, las consultoras privadas son las que reflejan estos porcentuales preocupantes.

Obviamente que esta cifra refleja la suba de las tarifas de la electricidad, mientras que otros rubros, como alimentos y bebidas, registran un alza del 2 por ciento. Al mismo tiempo las negociaciones paritarias empujarán la suba de precios en líneas generales, porque el valor del incremento salarial irá a los gastos de comercios e industrias. 

Salvo por el aumento de la electricidad, el gas y el transporte, la inflación debería moderarse en la segunda mitad del año si el Banco Central fuera consistente en la política monetaria. Léase: si no emiten pesos descontroladamente para salir en apoyo de gastos estatales.

El Gobierno ha hecho esfuerzos que, de momento, no han sido devueltos por sectores productivos: ha bajado retenciones a los cultivos, a las mineras; ha subido el mínimo no imponible de Ganancias y todo esto manteniendo los planes y asignaciones sociales instaurados anteriormente, que en parte se sostenían con ingresos de estos gravámenes que fueron modificados.  A su vez, estos ingresos que no tendrá la administración pública no lo eximen de las obligaciones que debe afrontar, como salud, educación, seguridad. 

En este escenario, será difícil que Mauricio Macri pueda bajar más todavía la presión impositiva sobre comercio y la industria, porque a la desfinanciación del Estado no puede llegar, con lo cual bajar la inflación no será sencillo. Ni siquiera terminar el año con 25 por ciento como parece ser el objetivo, como primer paso.

Sobre todo, porque si bien la salida del cepo fue tranquila, la divisa ya ha comenzado a subir, empujada por los sectores con claros intereses exportadores. Esto también empuja la inflación y es una preocupación constante del Gobierno, en clara puja con exportadores que sueñan con un dólar a 19 pesos a fin de año. Y esto el oficialismo no lo quiere permitir en la búsqueda de la baja de precios para el consumo.

Esta pesada carga impositiva que arrastra el sector productivo argentino desde hace décadas y que es altamente complicada de erradicar sin incurrir en un desfinanciamiento del Estado es lo que hace a esta enorme brecha que hay entre lo que recibe el productor primario y lo que paga el consumidor final: entre los centavos que recibe el tambero por el litro de leche y los casi 16 pesos que cuesta en el sachet en góndola, por citar un ejemplo, están impuestos de toda índole, incluidas las cargas sociales laborales de los empleados intervinientes en la cadena de comercialización. Del mismo modo sucede con la fruta, la verdura, la carne, la indumentaria. Tal vez donde más se refleja es en el combustible: actualmente el precio internacional del crudo está por los suelo pero aquí no bajó la nafta ni un centavo.

La carga impositiva es muy alta y es un factor gravitante de la formación de precios. Pero además están los abusos y las especulaciones (doblemente ejercidos por aquellos que trabajan la mayor parte de su producción en negro, sin pagar impuestos ni aportes sociales, y de todos modos cargan a sus precios estos valores) de comerciantes mayoristas y minoristas. Antes de la salida del cepo, y sólo por expectativa, los precios se fijaron en un supuesto dólar a 16 pesos, cuando al fin fue de 13. Podemos pensar que ante el temor inicial todos quisieran hacerse un “colchón” por las dudas. El problema es que cuando el dólar baja, porque ni siquiera ahora está en 16 pesos, los precios no bajan. Estas son las cosas que no se terminan de entender de parte del sector privado, toda vez que cuando tiene un Gobierno que recrea un clima de negocios que hace mucho se esperaba en la Argentina, responden con los viejos vicios: remarcar constantemente. Sean ellos o la intermediación, que es uno de los males de la Argentina más antiguo. 

El problema es que, por otra parte, el Estado ha asumido compromisos sociales que se nutren de esta alta carga impositiva. Es decir que, eliminar o reducir impuestos existentes a la producción o al consumo, implicaría no contar con los fondos suficientes para las asignaciones, beneficios sociales, planes y demás vías de asistencia. No escapa el análisis que la burocracia se lleva parte de estos ingresos y ese es un punto a revisar también, aunque del mismo modo implicaría el costo social de eventuales cierres de oficinas públicas, una cuestión que acarrea un importante costo político. 

Es una cuestión difícil, para Gobierno y para ciudadanos. Decir que queremos menos impuestos para que los precios bajen implica menores ingresos para sostener la asistencia social del Estado. Pero en medio de esta disyuntiva, hay otras cuestiones de las que tiene que tomar nota el Gobierno para aliviar el momento: sabemos que las cadenas de supermercados se llevan macro ganancias de nuestro país, y que están remarcando de forma descontrolada. También que hay una necesidad imperiosa, en este marco inflacionario, de desgravar de IVA productos de la canasta básica que es lo que más consumen las familias humildes y del sector medio que pasarán dificultosos momentos tras la inflación que padecemos.

Pero estos son pasos que no sólo hay que implementarlos sino además controlarlos, no vaya a ser que el Gobierno baje el costo del IVA a los alimentos y esto no se refleje en la góndola.