El día después

Siempre hay un día después. Lamentablemente el saldo de la marcha para impedir la sesión en que se trató la reforma previsional, dejó 88 policías heridos, los que denuncian –y pudo verse- que fueron obligados a ir desarmados frente a los grupos violentos y radicalizados. Por el otro lado, hubo unos 70 detenidos por delitos durante la protesta. Pero mientras se escriben estas líneas ya no hay ningún preso, porque la Justicia dice no tener pruebas contra los atacantes (véase la diferencia con los manifestantes pacíficos que eran, al fin, mayoría). 

Los que fueron detenidos en flagrancia (es decir en el transcurso del acto delictivo), atacando vandálicamente a la Policía y destrozando la Plaza de los Dos Congresos, ya están libres, mientras los heridos uniformados, alguno que otro de cierta gravedad, aun no fueron dados de alta. Cosas que suceden en la Argentina.

Tampoco nos han salido baratas estas acciones vandálicas, ya que se calcula en unos 23 millones de pesos arreglar los desastres de esta segunda marcha, más 14 millones para acomodar los destrozos del jueves de la semana pasada. Los gastos y reparaciones los pagarán los vecinos porteños con sus impuestos, dicho esto sin desconocer que se han dañado espacios históricos, con incalculable valor patrimonial, que ya no volverán a ser los mismos. Además están los daños a particulares, en su mayoría pequeños comerciantes.

Ante marchas que fueron muy populosas y legítimas, hay que poner la lupa y diferenciar de cara a la sociedad y la Justicia, a los grupos violentos cuyo interés no fue la democrática expresión sino más bien desestabilizar el normal funcionamiento de las instituciones, y el daño per se. Nadie que sale a la calle con intención de expresarse se carga una mochila con piedras, tuercas y otros elementos contundentes. Si no se marca la diferencia entre unos y otros, es claramente peligroso, sobre todo en un país donde para esta misma fecha hace más de una década, grupos de protesta se cargaron un presidente, en medio de represión, heridos y muertos, obligando a Fernando de la Rúa a irse en helicóptero. 

Las encuestas marcan que un 70 por ciento de la ciudadanía no ve con buenos ojos la reforma previsional, sin embargo los violentos parecen no estar pensando en una decisión que, como cualquiera de las tomadas en democracia, se puede cambiar, morigerar o derogar. Estos sectores, que están a años luz de llegar alguna vez al poder por las urnas, pretenden acortar camino y esto es lo que hay que diferenciar para quienes hacen uso de la protesta pacífica que es un derecho constitucional. 

Ahora bien, así como se exageró la militarización el jueves de la semana pasada, donde hubo más represión que violencia, al lunes siguiente se comete el error inverso, ya que se envía a la Policía de la Ciudad sin armas ni posibilidades de defensa, con una protesta mucho más violenta. Un costo demasiado alto para estos servidores del Estado para dejar en evidencia la violencia de los inadaptados.

Habida cuenta de lo sucedido el jueves pasado, los sectores de la revuelta se organizaron con verdadera pericia bélica y sostuvieron casi dos horas de piedrazos constantes hiriendo a una policía desarmada que, al fin, debió ser asistida por el Policía Federal. 

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, que sostuvo que la jueza Patricia López Vergara “limitó la capacidad de acción de la Policía porteña”. Y señaló que por ese motivo, necesitaron el apoyo de la Policía Federal. El ministro de Justicia calificó a los manifestantes encapuchados como “delincuentes disfrazados de militantes políticos” y aseguró que serán investigados a partir de las imágenes y puestos a disposición de la Justicia. ¿Cuándo? ¿Bajo qué figura delictiva? ¿Ya fueron procesados quienes recuperaron su libertad en horas? Porque de palabra no se sienta jurisprudencia, ni tampoco se marca diferencia entre legítimos protestantes y agitadores sociales. Por ellos, más que nadie, tiene que haber consecuencias para quienes actuaron de manera criminal y sediciosa, para que no caigan todos en la misma bolsa y para que el delito cometido, como cualquier otro sea sancionado. ¿Existe otro modo de evitar que esto se vuelva a producir y que sean siempre los mismos?

También sostuvo que los hechos “fueron organizados” y que se investigará a “quienes financiaron” su accionar.

Ante la gran cantidad de heridos uniformados, que no se llegó a una muerte por milagro, la magistrada Patricia López Vergara fue denunciada penalmente por haber concedido una medida “autosatisfactiva” a pedido del extitular de Aerolíneas Argentinas y actual legislador porteño Mariano Recalde para ordenar que la Policía de la Ciudad se abstuviera de portar armas letales en el operativo del lunes alrededor del Congreso.

Además fue cuestionada por el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien la responsabilizó por las lesiones sufridas por los policías de parte de los manifestantes violentos.

?“Uno empieza a entender la finalidad del fallo que dio la jueza López Vergara. Queda de manifiesto que lo que pretendía era tener una fuerza diezmada, desarmada a los efectos que fue la pasada por arriba del grupo de violentos”, dijo el funcionario. No hay que descartar que además del pedido de Recalde, fuera –como planteamos más arriba- una iniciativa del Gobierno para dejar en evidencia a los violentos. Pero a un altísimo riesgo y costo.

La Policía de la Ciudad fue desbordada por los manifestantes violentos y a partir de esa situación, la sociedad viró a condolerse con los uniformados, indefensos frente a manifestantes provistos de todo tipo de armas y proyectiles, y actuando no espontáneamente sino bajo una coordinación estratégica, como quedó en evidencia con la imagen aérea que mostraron los medios, que exhibe el abordaje sincronizado que replegó a la fuerza y la rodeó.  

No atinamos como país -ni la Justicia ni los gobiernos de turno- a recomponer el concepto de represión del delito. Hay acciones que son reprimibles siempre, aunque sea en el ámbito de una manifestación. La carga emotiva que algunos sectores le imponen interesadamente al uso de la fuerza por parte del Estado nos deja indefensos a los ciudadanos de bien frente al delito. Y en particular cuando queremos manifestarnos públicamente porque se nos desvirtúa esta acción democrática. Necesitamos autoridades convencidas de su deber y sin temor al escarnio social. Porque la sensación es que hay miedo de actuar según marca la ley en estos casos: arrojar piedras, dañar la propiedad pública o privada, detonar bombas caseras son acciones que deben ser sancionadas, siempre. Son, al fin, unos pocos los usurpadores de la protesta social genuina en relación a la mayoría del país y sin embargo hay miedo a la réplica política de reprimir el delito. 

No parece que se haya entendido que estamos frente a dos cuestiones muy distintas, una es la protesta que el Gobierno debe tolerar cuando toma medidas que perjudiquen a sectores de bajos recursos o sean francamente impopulares. Otra muy distinta es que no comprendamos que estamos frente a un fenómeno más peligroso, donde un grupo de violentos se va radicalizando, mientras la Policía tiene que enfrentarlos con las manos atadas (sin posibilidades de reprimir a los que delinquen) y la Justicia no lo toma en serio, por eso ahora ya están todos los detenidos en libertad, sin investigarlos siquiera porque fueron soltados un día apenas después de los incidentes. 

Daría la impresión que no se está viendo con claridad el fenómeno que se viene produciendo, lo que es preocupante porque este tipo de cuestiones si no se toman muy en serio, terminan por escalar con resultados impredecibles.