El derecho del consumidor

Hace casi exactamente un año me encontraba frente al diario leyendo sobre la creación de brigadas controladoras de precios en los supermercados, en ese momento se daba como una novedad. Nada sucedió, las cosas siguieron igual que antes, aumentando.

Estas semanas de febrero de 2014 nos ubican nuevamente en medio de una lucha entre los vendedores, formadores de precios, tenedores, acopiadores, mayoristas y nosotros, los consumidores que somos la parte más débil de la balanza. Para quien desconoce los derechos de los consumidores estos se encuentran en el artículo 42 de la Constitución Nacional, Ley nacional Nº 24.240 y Ley provincial Nº 13.133. 

Me gustaría reiterar que la participación de la gente en una especie de control ciudadano de precios, sea militante políticamente o no, no es ni más ni menos que aggiornar a nuestros tiempos las famosas caminatas de la señora Lita de Lázzari. Sin embargo nosotros contamos con ayudas computarizadas, dado que hay un programa para celulares que nos dice el precio “cuidado”, ayuda en la denuncia o hasta un teléfono gratuito 0800-666-1518 directo a la Secretaría de Comercio.

Tanto el Estado como las asociaciones de consumidores tienen serias dificultades para lograr efectividad en sus objetivos dado que la mayoría de las resoluciones son incumplidas o apeladas por ante la Justicia ordinaria, diluyendo en el tiempo los derechos que se pretenden salvaguardar. Creo que la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, posibilitando que las multas y sanciones incluyan un rubro indemnizatorio para el damnificado, es una herramienta mucho más fuerte y efectiva que el control en góndola de productos. 

Abogar para que el ciudadano tenga un rol fundamental en el control de precios es una posibilidad más dentro del universo del consumidor, quizás no sea la más efectiva, pero es un buen comienzo para lograr el compromiso ciudadano que muchas veces queda relegado a la espera de una acción estatal que no siempre está.

La injustificada o justificada suba en comercios, se da en una coyuntura que necesita ser acompañada desde Defensa del Consumidor, recomendar y publicitar los lugares donde los valores no han sufrido significativos aumentos y concurrir a las oficinas para denunciar este tipo de maniobras por parte de algunos empresarios es un buen proyecto.

De sólo pensar que los países del primer mundo tienen brigadas informáticas dedicadas a interceptar comunicaciones y sembrar datos falsos, nos hace repensar acerca del valor de la información. La información es vital para cualquier política de Estado y tiene un valor prioritario en la Ley de Defensa del Consumidor. Para hacer, hay que saber, dado que el conocimiento está por delante de la acción. Quizás esto marque el comienzo de un control ciudadano mucho más efectivo que el de año anterior, esperemos.