El delicado problema de la equidad impositiva sobre la mesa

En la Ciudad de Buenos Aires, donde se pretende hacer la prueba piloto, se atraviesa un conflicto entre Uber y los taxistas. Para ponernos en contexto, se trata de una aplicación móvil para contratar viajes con conductores de autos particulares. 

Esto generó rápidamente el alerta de los taxistas que sienten amenazado su trabajo, por una versión virtual de toma de pasajeros.

En principio aquí se plantea un dilema histórico que es el enfrentamiento entre nuevas tecnologías y puestos de trabajo. La modernización no se puede negar, pero muchas veces es expulsora de empleo.

Los taxistas defendiendo su labor,  cortaron puntos neurálgicos de la ciudad, con 25 lugares simultáneos, generando no poco conflicto al ya de por sí cargado tránsito porteño. El Gobierno de la Ciudad apoyó a las mandatarias y taxistas particulares, acarreando los autos de Uber y aplicando multas de 77.000 pesos a los choferes (que fueron pagados por la firma norteamericana).

La Secretaría de Transporte clausuró además un local del barrio de Caballito en el que se dictaban cursos a los choferes. La Ciudad considera que las operaciones de Uber son ilegales, porque el Código de Transporte local solo contempla contratar viajes en auto espontáneamente en la calle o bien mediante llamadas a una empresa de radiotaxi. Porque y aquí entramos al tema: Uber no está registrada como contribuyente, hay riesgo existente para los pasajeros, porque los conductores no tienen licencia profesional ni seguros específicos. Es decir hay una clara competencia desleal entre quienes pagan su licencia de taxi, tienen seguros para pasajeros, pagan los impuestos y las desinfecciones y quienes no abonan nada.

La postura adoptada por el Gobierno porteño en contra de la empresa, tuvo asimismo un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo porteña  que obligó a la Ciudad a arbitrar todas las medidas necesarias para suspender las operaciones de Uber como respuesta a un recurso de amparo impulsado por las principales entidades que agrupan a taxistas, que ven en la firma norteamericana una competencia desleal.

Hay un detalle importante en el análisis: durante sus primeras 24 horas en funcionamiento registró 90.000 descargas de la aplicación y 20.000 solicitudes de viajes, aunque no pudo discriminar cuántos de ellos se concretaron. De modo que pueden ser una competencia real, pero siempre que la empresa no sea “virtual” a la hora de ponerse a tono con los requisitos necesarios para llevar pasajeros: impuestos, permisos y seguros. Porque tal como está planteado, Uber no está encuadrada en la normativa de regulación vigente.

Esta cuestión nos abre el camino a un tema que no es menor y que llamamos la equidad impositiva, que no implica que todos deban pagar lo mismo, sino cada empresa se haga cargo de lo que la norma le impone. Pagar impuestos es una de las bases para que el sistema capitalista funcione y que no existan las enormes fugas que se producen con cerca del 40 por ciento de empresas que operan en negro, a veces debiendo y otras directamente no registrándose. 

Dentro del contexto, la situación de los taxistas y Uber se puede asemejar a los negocios de puertas a la calle y los manteros. Los primeros pagan alquileres, impuestos, servicios y empleados; mientras que los segundos no abonan nada de eso. Lógicamente, recorriendo zonas de manteros como Once (por poner un ejemplo gráfico de la situación), podemos ver productos similares cuando no iguales, a precios muy distintos. Es claro que quien tiene el negocio debe cargar la mercadería con los gastos que tiene, servicios, alquiler, empleado y el mantero tiene solo que guardar para la reposición de la mercancía. Este es un caso de competencia desleal, salvo que los manteros, como pretende el Gobierno para que no se pierda esa fuente de trabajo, un asunto no menor, sean reubicados en plazas, galpones o paseos de negocios, pero no delante de los comercios como ahora sucede.

Evidentemente en la Argentina falta mucho para lo que llamamos equidad impositiva, vemos en los organismos de control una rara laxitud, toda vez que mientras a amigos del poder como Cristóbal López se les permitió una evasión enorme, a otras empresas se las controla y deben pagar en fecha sin retrasarse un día, porque inmediatamente caen punitorios. No se trata de plantear que quienes pagan son perseguidos, deben abonar, eso no se discute. Pero si se controla a muchas empresas, es porque se cuenta con los instrumentos necesarios de personal y tecnología para hacerlo. ¿Por qué entonces hay tantos “hijos y entenados”? a la hora de pagar las obligaciones.

Las diferencias en los controles, en algunos casos muy estrictos y en otros tan distraídos, generan el malestar del que paga, porque se siente que tiene pesadas obligaciones para paliar los agujeros negros de quienes evaden. 

En realidad si vamos a producir un cambio en el país, hay que comenzar a dejar atrás los viejos y consuetudinarios errores, sino siempre será más de lo mismo.