El clamor de los buenos, algo más que un pedido de justicia

Por estos días la sociedad sigue con atención las instancias de procesos judiciales por el juzgamiento de casos que han conmocionado por sus consecuencias.

Por un lado, la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven que fue atacado brutalmente a la salida de un boliche en Villa Gesell; y por el otro, el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por la mamá y su pareja. Ambos tienen aristas aberrantes que causan estupor y convocan al conjunto social en torno al pedido de justicia.

En el mismo momento histórico del país, la clase política dirime si finalmente pide el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y debate públicamente sus diferencias en torno a un tema complejo en el que se juega algo más que el cuestionamiento al funcionamiento del Tribunal de Justicia. Aunque en rigor lo que el diálogo político se propone en una conversación sobre el hacer del poder judicial, este tema no parece convocar del mismo modo que los anteriores la atención de la opinión pública. Varios sondeos realizados por consultoras privadas revelan que el juicio político a la Corte no está considerado entre las prioridades de la sociedad, aunque esa misma comunidad reclama con clamor mayores niveles de seguridad y un mejor funcionamiento de la justicia.

Hay quienes sostienen que la tarea realizada por los medios de comunicación en el seguimiento de los procesos judiciales de las causas de Báez Sosa y Dupuy han favorecido que la comunidad prestara atención y conociera en detalle las instancias del juicio, generando un clima de opinión pública particular en torno a ellos, no menos cierto es que los medios por sí mismos no tienen tamaño poder. Más bien, estos casos por diversas razones tocan fibras sensibles de una sociedad agobiada por la violencia y muestran un espejo de lo que se considera ya no debiera volver a ocurrir. Hay algo de cercanía y de hartazgo que hace que el pedido de justicia se transforme en clamor popular y exija en el juzgamiento de estos hechos las penas más duras que impone el Código Penal.

En la discusión del pedido de juicio político a la Corte se debaten cuestiones que la comunidad considera más ajenas. Quizás por eso observa el debate- que por cierto ha caído en la grieta- se observa con cierta distancia, como si lo que se dijera no tuviera implicancias en la vida cotidiana. Como sucede en otros planos de las cuestiones públicas, la política ha desnaturalizado el debate porque lo ha teñido de otros intereses y le ha mostrado a la sociedad el ruedo, la cuota de especulación y de conveniencia que se impone sobre la institucionalidad. Tal vez esa sea la razón por la cual el conjunto de la sociedad no clama por cambios, tal vez necesarios, ni se compromete con cuerpo y alma en la discusión de esta cuestión medular al funcionamiento institucional.

El pedido de justicia, el reclamo por un mejor hacer del Poder Judicial parece concentrarse en las cuestiones más cercanas, esas que lastiman y causan un dolor social profundo, próximo. Los papás de Fernando Báez Sosa y el abuelo de Lucio, son en este escenario, un poco la familia de todos y en coincidencia con ese sentir hay una fuerte identificación con lo que les pasa y un ruego por la existencia de una justicia capaz de sanar las heridas. 

Días pasados en oportunidad del homenaje impulsado por los papás del joven fallecido en Villa Gesell, al cumplirse tres años del asesinato a golpes, se convocaron familias de distintos lugares del país, e incluso del exterior, conmovidas por esos padres que no pretenden de la justicia un acto de venganza, que solo quieren que quienes mataron a su hijo paguen por lo que hicieron y lo hagan de manera efectiva. El testimonio de ellos fue abrazado por toda una sociedad que ha hecho causa común con este anhelo. Aunque sin marchas, lo mismo sucede cuando por los canales de televisión se escucha el relato del abuelo de Lucio contando los maltratos a los que el niño de apenas 5 años fue sometido y la lucha que su familia dio para contar con una tenencia que nunca fue otorgada por la justicia. No hay grietas al momento de sopesar lo que escuchar a esas víctimas genera en la sociedad. 

No sucede lo mismo cuando las noticias dan cuenta del relato de dirigentes políticos buscando venganzas, tejiendo acuerdos de conveniencia bajo el argumento de salvaguardar la salud institucional de una república, supuestamente corrompida por el funcionamiento de "una mafia judicial" que opera en el país con la anuencia de ciertos grupos de poder político y mediático. La sociedad se aleja de ese discurso, no siente lo que escucha como algo cercano. Tal vez se requeriría de una cuota de docencia que ayudara a comprender la importancia que tiene para un país contar con instituciones sanas, y al mismo tiempo se precisaría de buenos ejemplos que en la política no abundan.

Como sea, el presente está signado por una profunda discusión en torno a la justicia y por una mirada atenta de la sociedad que sigue sintiendo que el hacer de justicia se resuelve en esas causas cercanas, en esa tarea humanizada de actuar en coincidencia con lo que impone la ley y juzgar de manera proba lo que transgrede lo establecido. Algo tan sencillo que sin embargo, en una sociedad inundada de injusticias se torna tan complejo.

No resulta casual que la prioridad de la gente esté puesta en exigir justicia por las verdaderas víctimas y hacerlo con un grito unánime que debe convocar a todos, a los que juzgan y a los que desde los distintos espacios de representación que ejercen en la política, para hacer de su tarea algo que esté a la altura de ese clamor, que no es más que el clamor de los buenos pidiendo que los malos paguen por lo que han hecho. En estas causas judiciales y en todas aquellas que comprometan la sanidad de una sociedad que no puede funcionar sin justicia.