El caso de Pergamino hizo visible lo que todos ya sabíamos

No caben los gestos de asombro ni los golpes en el pecho; todos, sociedad civil, funcionarios judiciales y autoridades políticas, sabíamos desde hace mucho tiempo lo que sucedía con los detenidos alojados en comisarías. Lo conocíamos los pergaminenses respecto del edificio de calle Dorrego y del mismo modo cada vecino de cada ciudad en relación con su comisaría.

Pero fue recién luego del incendio ocurrido en nuestra ciudad, la tragedia donde murieron siete detenidos, cuando se activaron todos los resortes para atender la problemática, todos al unísono y con tono de alerta y preocupación, como si se tratara de una cuestión intempestiva, sorpresiva e imperante. Por ejemplo, supimos de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, que se expresó mediante un comunicado firmado por decenas de magistrados bonaerenses diciendo: “Bajo las actuales circunstancias, la permanencia de miles de detenidos en dependencias policiales genera el caldo de cultivo para tragedias que, cuando menos, pudieron ser evitadas”. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no siempre? ¿Por qué esperar a que lo evitable suceda de la manera más trágica para hacer estas denuncias que ahora son vacuas? En este caso de parte de quienes mejor sabían las condiciones de las detenciones que estaban dictaminando.

Es histórica la falta de penales, alcaidías y centros de detención en la Argentina, razón por la cual a cárceles colapsadas les suceden internos en comisarías con la problemática que implica. No hay lugar entonces para que ahora alguien se muestre abrumado por lo sucedido.

No podemos a esta altura hacernos los sorprendidos porque se trata de un déficit de todos los gobiernos desde siempre. ¿O alguien recuerda a dirigentes inaugurando lugares de detención? No, seguramente, porque no es simpático ni redituable en términos políticos levantar cárceles. No faltan quienes comienzan con las consignas de que “en vez de cárceles hay que levantar escuelas” y lo más preocupante es que debemos tener edificios adecuados para las dos cosas. Porque los mismos que se niegan a la posibilidad de levantar penales, ponen el grito en el cielo por la inseguridad. No somos una sociedad muy coherente en este sentido y en estos vaivenes que tenemos respecto de nuestras expectativas, nuestros dirigentes terminan por guardar el problema debajo de la alfombra, para no pagar, acaso, algún costo político. Aunque luego, el costo es mucho peor, ¿o no? Tal vez no, en términos políticos, porque ante semejante visibilización de un problema de siempre, quien sea el portador de la respuesta, ahora, vaya que quedará bien de cara a la sociedad. Pero en términos humanitarios, podemos asegurar que todos los que ahora se rasgan las vestiduras buscando la solución han sido también verdugos de estas y anteriores muertes en comisarías. 

La última cárcel fue hecha en 2001, para 1.500 internos, la de General Alvear. De modo que hace 16 años que no se construye un penal en la provincia mientras que la población delictiva, sin dudas, ha ido creciendo de manera exponencial, tanto por el incremento de los crímenes como por las cada vez más dilatadas causas penales. Y así es que cuando no hay lugar en las cárceles, los presos terminan en las comisarías.

Otra prueba de que todos sabían pero nada hacían es que en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2005 se indicaba que había más de 7.000 presos en las comisarías de la provincia y advertían que no existían las condiciones para que haya tantos detenidos en estos sitios durante períodos prolongados. En esa resolución, de hace 12 años, se le exigió a la provincia de Buenos Aires que revirtieran las condiciones “inhumanas” de confinamiento. ¿Alguien acató la orden? Nadie… y ahora, espasmódicamente, todos actúan sobre el tema. 

Al final, los problemas de tanto ocultarlos terminan colapsando. Esta vez el fusible fue  Pergamino pero podría haber sido cualquier otra localidad.

Y lo mismo sucede con infinidad de situaciones. Por mencionar algunas, podemos asegurar que la situación que se vivió en Olavarría con el recital del “Indio” Solari implicará que de ahora en más la organización de este tipo de eventos “gozarᔠde una atención especial, para complicar a los que siempre hicieron las cosas bien. Se impondrán nuevas condiciones y requerimientos para mostrar acción por años en que se miró para otro lado en estos espectáculos puntuales, sabiendo lo que en ellos sucedía. Ahora ya no podrán hacer más la vista gorda.

Las obras sociales sindicales y la administración de recursos que hacen los gremios son otro rubro en que todos saben que hay manejos turbios, porque en la transferencia de fondos en que intervienen, tomando de empleados y patronal para redistribuir en salud y servicios, resulta que nunca alcanza la plata y los asalariados y aportantes o padecen cortes de servicios o son obligados a cubrir coseguros. Pero cada tanto aparece un Zanola o un “Caballo” Suárez y nuevamente la clase política en general y autoridades en particular, entran en escena rasgándose las vestiduras, exigiendo informes e intervenciones.

Así estamos, haciéndonos los “tontos” hasta que los problemas nos explotan en la cara. Y esto nos cabe a la sociedad civil, que no demanda respuestas a las situaciones irregulares que ve a diario o, lo que es peor, no acompaña y critica cuando, esporádicamente, desde el gobierno se quiere operar sobre estos temas.