El caso de “el Caballo” Suárez, un botón de la muestra

No resulta sorpresivo pero sí novedoso que detuvieran a Enrique Omar Suárez, “el Caballo”, como lo apodan al líder del gremio de los trabajadores marítimos, porque desde hace tiempo se venía denunciando la enorme corrupción que rodea a este sindicato.  A lo que no estamos acostumbrados es que estas situaciones se resuelvan por la vía judicial, que es la que corresponde. 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral le amplió el procesamiento en su contra, ahora por cargos que incluyen haber sido el jefe y organizador de una asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción agravada, y dispuso su procesamiento con prisión preventiva. Por eso está preso “el Caballo” Suárez.

El magistrado además ordenó un embargo de diez millones de pesos sobre los bienes del sindicalista del Somu (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos). No hay error, no es un equívoco, el juez lo embargó por esa millonaria cifra, lo que indica que en 20 años de sindicalismo se ha hecho claramente rico. Sin embargo no fue indagado siquiera durante el período menemista, duhaldista ni kirchnerista. Ha sido aliado de Hugo Moyano, y era claramente cercano a Cristina Kirchner, quien solía decir que era su sindicalista preferido y lo indicaba como ejemplo para el resto. A veces, los argentinos sentimos que nos toman el pelo en estos temas.

La realidad es que, como muchos gremialistas que se hicieron claramente millonarios merced a su tarea de “defender al trabajador”, Suárez supo tener enorme poder en su sector, donde hacía y deshacía a su antojo y quienes pretendían enfrentarlo lo desechaban por el gran temor que generaba. 

Según el fallo del juez, Suárez “llegó a tener un efectivo control de los puertos, sobre todo el de Buenos Aires, por encima de toda autoridad estatal”. Aquí el primer problema, porque el Estado termina cediendo los controles a un sindicato que en realidad, escondía una asociación delictiva porque con ese control portuario, extorsionaba a las empresas navieras, a las que amenazaba con no mandarles marineros a remolcar sus buques o impedirles navegar. De este modo les cobraba coimas para que las empresas pudieran trabajar. Incluso se conocieron casos en los cuales hostigaba a una empresa naviera, obligándola a vender para beneficiar a empresarios amigos. Un verdadero sistema mafioso que se extendió por veinte años y esto sí que no deja de llamar la atención, porque estamos hablando de varios presidentes que han pasado durante ese período, pero parece que ninguno tuvo la voluntad política de terminar con esta corrupción extrema en el puerto. Tampoco la Justicia que miraba para otro lado frente a las denuncias que solo veían la luz en los medios de comunicación. 

Este nuevo procesamiento se suma al que ya había dispuesto Canicoba Corral contra Suárez en diciembre de 2014. Entonces, el juez lo encontró responsable de otros dos delitos: entorpecimiento de vías navegables y puesta en peligro de la seguridad de una embarcación porque ha llegado a frenar buques, a la espera de los dineros pedidos, cargados de combustible. Ese procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, tribunal que dejó a Suárez a un paso del juicio oral. Ahora el juez dio por probado que estas prácticas denunciadas por las empresas navieras se repitieron cantidad de veces. 

De acuerdo con el fallo de Canicoba, el producto de la extorsión en muchos casos se “disfrazaba” como donaciones a la Fundación Azul, del sindicato, con la excusa de que serían utilizadas para capacitar a los marineros de la escuela del gremio, pero que, en realidad, eran giradas a empresas creadas por los propios integrantes de la asociación para provecho propio. Una de esas firmas es la sociedad San Jorge Marítima, que pertenecía en un 20 por ciento al gremio y el resto, a privados, entre ellos familiares de Suárez. 

Toda una vergüenza organizada y además como si no conociéramos los mecanismos de corrupción, quién puede creer que el sindicato recibía tantas donaciones de empresas del rubro para “capacitación”. 

A pesar de que el juez intervino el Somu el 18 de febrero pasado, Suárez sigue teniendo gran poder en el sindicato, donde le siguen obedeciendo y muchos le siguen temiendo. Ese fue uno de los fundamentos por los que el juez consideró que debía esperar el avance del proceso en prisión porque es claro que si “el Caballo” está en libertad difícilmente sobre los testigos en el puerto para ampliar y terminar de probar los ilícitos que se le imputan. Es claro que en el gremio se le sigue respondiendo porque hay pruebas de que en los últimos meses hicieron desaparecer decenas de cajas con documentos que hubieran sido útiles para la Justicia. También ocultaron bienes, escondieron lanchas y escrituras de propiedades del Somu y el holding de empresas vinculadas a Suárez.

La defensa de Suárez pidió inmediatamente que fue detenido que lo liberaran. Sostuvo que la detención era innecesaria porque la causa lleva tiempo y él siempre estuvo “a derecho” y porque mal puede complicar la investigación con el sindicato intervenido pero el pedido no fue atendido, Suárez seguirá preso.

El caso de “el Caballo” Suárez, con sus características particulares, no difiere de otros muchos del gremialismo argentino. La excepción en estos casos es encontrar un dirigente que viva acorde a su sueldo de trabajador y secretario gremial; la regla es ver a personajes multimillonarios, que muy poco o nunca han trabajado en el campo al que representan (de manera efectiva, como los asalariados a los que defienden) y que se han enriquecido de manera obscena durante 20 y hasta 30 años que llevan al frente de sus sindicatos. Mansiones lujosas, autos de alta gama, avionetas, campos y, lo más indicativo: empresas propias que terminan facturando para el propio gremio. Todo amparado por sistemas electorales perversos en sí mismos y pervertidos también por ellos mismos, que instigan al voto de manera coactiva. ¿El Estado? Un socio necesario para que esto sea así, siempre acobardado por el poder de choque de este sector, lo que ha frenado sempiternamente cualquier intento de producir leyes que den un nuevo marco legal a estos organismos.

Como sucede cuando se critica al kirchnerismo, al sindicalismo le cabe también aquello de “disfrazar” de apoyo a los trabajadores que poco ganan, un enriquecimiento descarado. El gremio termina convirtiéndose en un reino personal, donde la dirigencia hace y deshace a su antojo. Y cuando siente que las bases, los trabajadores reales quedan atrasados con los salarios, se ponen al frente de un plan de lucha que les permita seguir como adalides del sindicalismo. 

El tema de los gremios en la Argentina tiene mucha tela para cortar, pero el caso de “el Caballo” Suárez pone blanco sobre negro respecto de cómo debe actuar la Justicia cuando el sindicalista, en realidad, es más un jefe de una asociación ilícita que un defensor de los trabajadores.