El acceso a la información pública, un salto cualitativo más para la República

Es claro que la información contiene poder en sí misma de acuerdo a cómo se la utilice. Quizás por eso las estructuras del poder en la Argentina nunca estimularon y, al contrario, se han negado rotunda y sistemáticamente a que hubiese un acceso irrestricto a lo que nos compete a todos. Es decir, en qué se invierte el dinero público, quién gana las licitaciones de obras, cómo se aplica el gasto, cuál es el estado financiero.

¿Qué duda cabe de que tales datos debieran ser abiertos y accesibles a la ciudadanía? Primero porque refiere a nuestros recursos, segundo porque nos habla de la eficiencia de quienes hemos elegido para administrarlos y tercero porque es una herramienta de control al presente y al futuro, ya que de la coincidencia o no de criterios que tengamos con nuestros funcionarios (incluso cuando no mediara delito) podemos determinar con más claridad nuestro próximo voto.

Del otro lado de la cancha, donde están los funcionarios, no se advierten los mismos beneficios; por el contrario, es claramente perceptible dada la reticencia histórica a dar curso a este mecanismo, que prefieren moverse sin la mirada atenta de los ciudadanos sobre sus actos de gestión.

Todo cambió ayer con la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, que exige que en un plazo no mayor a un mes los funcionarios de cualquiera de los tres poderes tengan que responder a las inquietudes de los ciudadanos.  Hasta ahora sólo se conocían datos fehacientes mediante investigaciones periodísticas o de políticos opositores que tenían acceso directo a las fuentes y papelería celosamente guardada en los despachos oficiales. Claro que el interés con que hacían los planteos no era por una mayor transparencia sino por interés personal, ya sea de rating o de mejorar la imagen pública, no por mérito propio sino a costa de dejar en evidencia al adversario.

Fuera de esas situaciones, solo los miembros del Ejecutivo estaban conmitados a responder por sus actos.

Finalmente y después de 15 años de dilaciones, es ley el proyecto que regula el acceso a la información pública, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración. La norma obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

La retórica de la transparencia en la gestión ha estado presente en todas las campañas y en los discursos inaugurales de las sucesivas gestiones, de todos los estamentos de gobierno. Pero en los hechos, nuestros políticos han siempre hecho lo imposible para que esta ley que la persigue no viera la luz. Así, la transparencia se convirtió en la promesa más hecha por candidatos que al llegar al poder se espantaban de cumplir. 

Hemos dicho en otras oportunidades respecto de Macri que podía estar cometiendo crasos errores en materia de administración, que sus decisiones pueden no ser las adecuadas (aunque eran las esperables dado su perfil) pero que cuando se trata de su propósito de cambiar la política y sus modismos, ha sido coherente desde que asumió. El impulso que le dio a esta ley a través de sus legisladores (y del lobby, que nunca falta) es un hecho más que ratifica el camino que dijo que iba a desandar. Posiblemente sea la historia la que valore este hecho, mucho más que los ciudadanos, que solemos fijarnos más en el impacto que los actos de gobierno tienen en nuestro bolsillo. Claro que si salimos de la crisis, el rédito para Macri sería total, porque si la economía está en paz, todo lo vemos con otro color y le damos otro valor.

La iniciativa se aprobó con 182 votos positivos frente a 16 negativos, estos últimos provenientes de los bloques de izquierda, del socialismo y de Libres del Sur, curiosamente.

El kirchnerismo, que mientras ejerció el gobierno con su mayoría automática se negó a tratar la iniciativa, ahora la aprobó e incluso facilitó los dos tercios de los votos para apurar la sanción. Otra curiosidad. Pero a la luz de los hechos que ahora conocemos, no es de extrañar que no tuvieran entonces voluntad de aprobarla.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, impulsor de la norma dijo: “Hoy la Argentina se ubica en el puesto 54 en el mundo en materia de apertura de datos públicos. El acceso a la información es un derecho, pero nuestro objetivo es ser uno de los 10 países más transparentes del mundo”. Veremos en la práctica si todo resulta tan idílico, pero la verdad que es una ley muy positiva para la República.

Y en este punto nos toca una responsabilidad muy grande a los ciudadanos que es hacer uso de este derecho. Dejar de criticar y lanzar denuncias a boca de jarro desde la mesa de un bar para pasar a la acción positiva de activar los canales que permitirían cambiar esa realidad que nos aflige. Para ello es que no sólo se aprobó un buen instrumento sino que se han facilitado los pasos para que todos los ciudadanos que lo deseen lo utilicen. Si es por lo que se escucha habitualmente, tendrían que llover pedidos de informes en nuestro Municipio, en la Provincia, en la Nación, en el Ministerio Público, en la Unnoba, en la UBA, en Pami, y muchos etcéteras. Pero es importante que se ejerza este derecho, desde la inquietud personal y no a instancias partidarias de quienes lo que realmente persiguen es el ascenso a costa de la caída del otro. 

Para poner esta ley en contexto, la Argentina era, junto a Bolivia, Cuba y Venezuela, el único país de la región sin una ley de acceso a la información pública. Ahora que fue sancionada, los distintos organismos del Estado tendrán un año para adaptarse a las condiciones que le impone la norma. Reemplazará al Decreto Nº 1.172/2003, un instrumento que permitía acceder a la información pública pero sólo del ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que ahora estarán afectados los tres poderes.

Por estar acostumbrados a una menor exposición de sus actos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son más reticentes a brindar información. Sin ir más lejos, la Corte Suprema rechazó la semana pasada un pedido que había formulado la diputada Elisa Carrió para acceder a las declaraciones juradas de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y se escondieron tras una acordada que no les exige a los miembros de la Corte exhibir públicamente sus patrimonios. Pese a que los magistrados se muestran a favor de esta ley, parece que dijeran “para los demás que se aplique, para nosotros no”. Un tema que tendrán que revisar para que la sociedad no siga descreyendo de la Justicia. Porque es claro que en el imaginario colectivo, el que se niega a exhibir lo que tiene es porque algo oculta.

A la sociedad argentina, que durante años (concretamente durante los períodos de bonanza económica) no se interesó por los dineros públicos y los actos operativos de gobierno (licitaciones, entregas de subsidios, contrataciones), le costará lo suyo acostumbrarse a ser activos protagonistas de la obtención información de primera mano, no digerida previamente por periodistas u otros políticos, y dejar de ser simples críticos de café y esquina, un deporte ampliamente  practicado en nuestro país y obviamente en nuestra ciudad.