Discutir la realidad de la educación desde las aulas es un imperativo de la hora

Una vez más el debate sobre la educación queda reducido a la cuestión del financiamiento del sistema y la discusión pública gira en torno a la tensión entre el Gobierno y los gremios docentes por la paritaria. En todos los niveles el sistema está en alerta y ni la educación pública ni privada escapa a una coyuntura difícil. El sistema universitario también ha expresado su preocupación por la falta de definiciones en torno a los recursos que se necesitan para mantener las universidades abiertas y la sociedad en su conjunto sigue con expectativas el curso de negociaciones que aún no parecen hallar un cauce que coloque a la cuestión educativa en el centro de un diálogo que abarque mucho más que lo salarial.

Como si la política se hubiera colado, el conjunto de las asociaciones gremiales se muestra por el momento más proclive a la confrontación que al acuerdo. En el Gobierno, en tanto, la premisa de no correrse un centímetro de lo que entiende es su mandato, complica la posibilidad de los acuerdos y el conflicto transcurre entre el llamado a la paritaria nacional- con una reunión prevista para el próximo martes- hasta la idea de declarar a la educación como servicio esencial y de este modo obturar la posibilidad de que la huelga termine por interrumpir el curso del ciclo lectivo.

Todo parece inferir que hay diferencias políticas que subyacen y se expresan con virulencia en un escenario marcado por la incertidumbre. Vale como ejemplo lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires donde los gremios docentes aceptaron el incremento salarial del 20 por ciento ofrecido por el gobernador en la mesa paritaria y aunque esto hace suponer que las clases se iniciarán en territorio bonaerense el 1°de marzo, los referentes sindicales que representan a los docentes no descartaron sumarse al plan de lucha nacional por la suspensión del envío del Fondo de Incentivo Docente y otras demandas que por estos días ponen en jaque el inicio del ciclo lectivo 2024.

La crisis terminal que afecta al sistema educativo y la compleja situación que afronta el país no solo en lo económico, hace imprescindible que los chicos estén dentro de la escuela. Cifras que hablan del incremento significativo de la pobreza, del resquebrajamiento del tejido social no admiten que la estadía de los alumnos en las aulas se transforme en moneda de cambio de situaciones que deben dirimirse con los chicos aprendiendo y con los docentes enseñando.

La política está llamada a jugar el juego en otro escenario, lejos de la historia repetida de hacer de los paros docentes el común denominador de cada año escolar en los períodos institucionales en los que no gobierna el peronismo.

Y el Poder Ejecutivo Nacional por su parte debe abandonar la postura obtusa de atribuirle el problema exclusivamente a las provincias, cuando en verdad con fondos nacionales desde hace muchos años se pagaba un importante porcentaje de los salarios. Resulta por lo menos una contradicción pretender transformar a la educación en un servicio esencial y por el otro entender que es competencia y responsabilidad de las provincias que se inicien o no las clases.

En torno a la cuestión educativa la política de quienes ejercen el poder como de quienes forman parte de la oposición debe discutirse con madurez y mesura. El tema educativo en argentina debería colocarse bajo un paraguas en el que solo puedan filtrarse los acuerdos. Porque lo que se dirime va mucho más allá del legítimo derecho a huelga. La educación argentina está llamada a transformarse radicalmente y esto abarca a todos los niveles. Sin embargo, nadie parece discutir sobre eso. La voracidad con la que la política pone el foco solo en algunos aspectos de una problemática tan inabarcable desnaturaliza el legítimo reclamo de la comunidad docente que no se reduce solo a cuestiones económicas- la estrepitosa caída del poder adquisitivo del salario es indiscutible- sino que abunda en condiciones laborales que son inadmisibles.

Tal vez el encuentro que autoridades nacionales, representantes provinciales y gremios mantendrán el próximo martes posibilite el establecimiento de acuerdos necesarios para resolver las urgencias y habilitar espacios para dialogar sobre todas aquellas cosas que necesita la educación para estar a la altura de las circunstancias.

Pero esto debe ser con los chicos en las aulas, con los estudiantes universitarios en los claustros, en lo público y en lo privado. El estado de cosas del país no admite que se vulnere el derecho a la educación porque así como la escuela es la caja de resonancia de esa crisis, también es el ámbito de contención y la herramienta para que la educación vuelva a ser el instrumento que posibilite la movilidad social y brinde a las generaciones la posibilidad cierta de hallar en este país un futuro.

Gremios docentes que durante cuatro años estuvieron callados, soportando difíciles realidades laborales, de repente irrumpieron en la escena pública con una construcción discursiva beligerante que hace suponer que volver a las aulas no va a resultar una cuestión sencilla.

Del otro lado, una amplia porción de la sociedad demanda en silencio que los acuerdos se alcancen y que el calendario escolar se cumpla tal cual lo previsto, porque un país que tiene a sus estudiantes fuera de las aulas, difícilmente encuentre futuro.

Los indicadores de la dimensión de la crisis del sistema educativo son alarmantes. Eso merece discutirse, pero esta pelea no puede darse solo en términos de paritaria salarial ni tener como interlocutores solo a aquellos que han admitido atropellos a la educación con pocos antecedentes en el mundo. Vale solo recordar lo que sucedió en el manejo de la pandemia para advertir el daño que puede generar el hecho de que los chicos queden privados de su derecho a aprender.

Es cierto que el derecho a huelga es un derecho y una alternativa siempre abierta en las instancias de negociación, pero debe ser el último recurso y no el primero que se esgrime siempre como amenaza.

Es con más educación y no con menos que Argentina retomará la senda del crecimiento virtuoso. Ignorar esta premisa es seguir condenando a la sociedad a tensar aún más un tejido social deshilachado y hacer de la política una herramienta que destruye en lugar de construir puentes por donde transitar hacia un sendero de certidumbre.