Demostrar que la calle puede no ser de los violentos

Estamos a las puertas de que comience la Cumbre del G20 en Buenos Aires y tenemos una suerte de segunda oportunidad, para mostrar que somos algo mejor que lo que se vio en el súper papelón del Boca-River que aún no se jugó.

Poder demostrar que no dirimimos todo a los piedrazos, sea por el fútbol o en una protesta por una medida económica, como lo venimos viendo.

Hay una responsabilidad que sin dudas le cabe al Estado y tiene que ver con la organización, la disposición de los operativos de seguridad, la orientación en esas jornadas para ciudadanos y visitantes extranjeros y, sobre todo, la prevención de incidentes.

No siempre el Estado logra cumplir debidamente con estas responsabilidades, según vemos en las manifestaciones que se dan a diario en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el caso del G20 es distinto porque a las estructuras nacionales se acoplarán numerosos dispositivos extranjeros; cada mandatario vendrá con lo suyo y el grupo organizador tomará sus previsiones también. Lo que es impredecible, para propios y extraños, es que puedan estar tramando quienes gustan, ya como si fuera su “trabajo”, saltar el cerco.

Patricia Bullrich habló sobre los preparativos en la órbita del Ministerio de Seguridad, en un contexto de marchas y protestas que se repiten casi a diario en la Ciudad de Buenos Aires y planteó que “tenemos que poner límites, sin que el límite sea algo que perjudique al Gobierno”. Tratando de libre interpretar a la ministra, entendemos que el punto sigue siendo cómo repeler a los violentos sin el costo político de que implica ejercer algún grado de rigor que sea visto como indebido.

En este punto hay que plantearse cómo evitar llegar a ese punto. Y una de las claves está en la dirigencia de los movimientos que se convocarán durante las jornadas del G20, algunos de los cuales no se resignan a que el encuentro salga bien.

Para esta ocasión, referentes de diferentes grupos que han anticipado que se expresarán en protesta se sentaron a una mesa con el Gobierno para coordinar aspectos en función de que todos cumplan su cometido: que la cumbre se realice sin contratiempo, que la voz de los disconformes sea vista y escuchada y que finalmente logremos, en un mismo ámbito, reunir distintas expresiones sin que se transforme en una batalla campal.

Esos dirigentes, como Estela Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, quienes expresaron su voluntad de una manifestación pacífica, tienen que no solo decirlo sino actuar en función de que todo se desarrolle de esa manera. Porque no es todo responsabilidad del Estado; también está la responsabilidad de los que convocan, organizan y movilizan. Porque -seamos sinceros- ninguna de estas movilizaciones son autoconvocadas y espontáneas. Hay detrás de ellas dirigentes activistas que, de algún modo, tienen que hacerse cargo.

Dijo la ministra: “Será una condición inaceptable estar con la cara tapada y con palos, la libertad de expresión implica condiciones de legalidad”.

También les dejó una advertencia a todos los dirigentes que lideren una movilización durante esos días en la Capital Federal: “Quienes formen parte de manifestaciones no podrán ser cómplices de grupos que generan acciones violentas”. Y esto implica que quienes pretendan protestar en los espacios donde está permitido si concurren con mochilas llenas de piedras o con la cara tapada es porque van con la clara intención de generar un escándalo que, dada la seguridad extrema que conllevan estos encuentros puede terminar en una tragedia.

Quienes reclaman el derecho a expresarse deben ajustarse al espíritu de lo que dicen: si van a expresarse, las piedras, los palos, las molotov, no tienen nada que ver. Si van provistos de estos elementos, la intención, claramente, es otra. E implica un delito, sin más. Ya no caben argumentos que lo justifiquen, menos que menos, el derecho a expresión, cuando se están dando los espacios y las condiciones para garantizar ello.

Judicialmente hablando, alguna responsabilidad les tiene que caber a quienes habitualmente y especialmente para esta semana convocan a estas manifestaciones; por seguimientos en redes, por la contratación de colectivos, por su actividad pública no debieran ser difíciles de identificar.

Para empezar, estas personas que sentadas a la mesa del Gobierno dieron garantías de una manifestación pacífica debieran ocuparse de requisar las mochilas de quienes suben a sus micros. Si de movida no controlan eso, no pueden luego asegurar que van pacíficamente. Primero, asegúrense de no llevar a nadie armado. Es un gesto mínimo: ver qué llevan los manifestantes en sus colectivos. Y si finalmente algo pasa, también hacerse cargo, no ya de los hechos de otra persona, sino del rol social que les cabe como dirigentes, facilitando el trabajo de la Justicia, eventualmente sindicando a los responsables. De esa forma se estarían ajustando al discurso expresado de manifestación en paz. De lo contrario, tan cómplices como culpables. Nunca, en estos casos, debería ser aceptado un deslinde de responsabilidades. Lo decimos más arriba: nadie va solo, a todos los lleva alguien.

La verdad es que en estas reuniones ha habido problemas en otros países, no vayamos a creer que el resto del mundo es un paraíso. Y ha habido represión también en esos casos. Pero nunca se ha llegado a extremos de grandes marchas ni ha habido muertos, por ejemplo. Porque son sociedades en general más ordenadas, con algún grupo anti globalización.

La Argentina, en cambio, tiene fama de ser una sociedad desordenada y violenta (como se refleja en el fútbol sin ir más lejos y en las marchas y piquetes diarios) y tenemos una oportunidad, decíamos al comienzo, de mostrar que los argentinos somos algo más que un grupo de inadaptados que dirime todo a los palos y los piedrazos.

Con la final de la Copa Libertadores fuimos el mal ejemplo del mundo, esperemos con el G20 demostrar que la calle no es de los violentos.