De los subsidios indiscriminados a los CEO que no comprenden la realidad

Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que dispusieron un aumento en la tarifa del servicio de gas. 

Esta decisión judicial contra las resoluciones ministeriales Nº28 y Nº31 abrió la puerta a uno de los conflictos políticos más serios que el Gobierno debe manejar para no quedarse al costado del camino frente a la opinión pública.

Previo a este fallo, varias provincias y algunos municipios habían obtenido resoluciones y algunos amparos particulares impugnando los aumentos de tarifas, pero ahora la decisión tiene alcance nacional, con fundamento en no haberse realizado las audiencias públicas que determina la ley, previo a instaurar las modificaciones tarifarias. Y frente a la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de apelar, será la Corte Suprema la que determinará los pasos a seguir en cuanto a la legalidad de estos aumentos. Sin embargo, la cuestión de fondo es otra, más sensible y discrecional: encontrar el punto de viabilidad entre los aumentos necesarios para evitar el quiebre del sistema energético y la posibilidad de la sociedad de poder costearlos. El porcentaje de los aumentos y la oportunidad temporal de aplicarlos son las cuestiones a dirimir. Porque nadie niega la necesidad de terminar con una política de subsidios generalizada, que incluso beneficia a quienes no necesitan precisamente de la beneficencia, y que engrosa el déficit fiscal de manera ociosa. Pero está claro que implementar en una sola factura, de un mes a otro, lo que no se hizo en más de 12 años en que además del crecimiento de la inflación, el dólar fue devaluado más de un 400 por ciento, ha resultado ser el despropósito más grande de esta gestión.

En varias ciudades del Conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires , aquí nomás en Junín y en otras tantas provincias, pudimos ver las protestas de vecinos, las que se reprodujeron por todos los canales de la tv abierta y cable.

De modo que el presidente está viendo la reacción concreta frente a la medida y tiene sobre su cabeza la espada de Damocles de la decisión de la Corte, la que no hace falta ser un erudito en el derecho para saber que intentará solucionar, aunque sea en parte, el tarifazo. De modo que si termina siendo la Justicia la que pone un marco de razonabilidad a este aumento en los servicios, obligando al Gobierno a reformularlo, políticamente habrá sido una doble derrota para el macrismo: la de haber errado y la de no haber sido el artífice del arreglo de este desaguisado. Aun con el descontento popular que ha generado, Macri tenía la chance de sacar rédito político de este asunto, simplemente siendo el portavoz de una marcha atrás. Pero en cambio optó por mantener su postura y apelar, con lo que el beneficio del beneplácito de la gente lo va a terminar capitalizando la Justicia.

Este es un caso muy claro de la falta de muñeca política de la gestión macrista, toda vez que tomaron una decisión en el Ministerio de Energía que si bien no estaba errada en cuanto a eliminar subsidios, estuvo tan mal implementada que lleva implícito un importante costo político.

Para poner blanco sobre negro: la decisión judicial es correcta toda vez que no sólo se pretende aplicar un tarifazo de más del 1000 por ciento sobre el valor que se pagaba el año pasado, sin haber realizado antes las audiencias públicas obligatorias. De modo que la Justicia suspende sobre la base de derecho el aumento. 

Evidentemente, a la hora de hacer el ajuste se aplicó una lógica matemática desprovista de todo sentido común: a tantos años sin aumentos, corresponde tal indexación y en paralelo se sacan los subsidios, y salió el porcentaje. Nunca se tuvo en cuenta la incidencia salarial ni que las paritarias nunca siguieron en estos años el ritmo de la inflación real, además de la devaluación. Una excepción debe ser hecha: la tarifa social es de toda justeza, tanto que quienes son alcanzados pagan ahora menos que antes. Pero sucede lo de siempre: los pobres son beneficiados, a los ricos no les afecta y la clase media y con ella las Pymes son arrasadas con todo rigor. Si las familias trabajadoras pagan los servicios tal como fueron facturados, literalmente no comen. Y las pequeñas y medianas empresas directamente cierran sus puertas. O, en el mejor de los casos, trasladan estos costos a sus productos y hacen crecer aun más la inflación. Desde ningún punto de vista entonces este desproporcionado e inoportuno aumento de los servicios parece aportar algo positivo para algún actor de esta sociedad.

Vista la inviabilidad de la medida, su nocividad generalizada, el gobierno de Mauricio Macri no reacciona, al menos no de una manera lógica a sus propios intereses. En cambio, la torpeza política del macrismo se termina de constituir, toda vez que si todo sigue así, serán los jueces de la Corte los que se llevarán el rédito de aliviar a la gente el pesado tarifazo, no el Gobierno que es quien debiera interpretar los tiempos políticos y los impactos que producen sus decisiones.

Se nos ocurren algunas teorías para explicar esta falta de muñeca política y vamos a exponerlas para desentrañar por qué el Gobierno deja un flanco tan importante al descubierto. Que es un partido joven, integrado por gente que no proviene de la política sino de la actividad privada ya es sabido. Y esto tiene mucho de positivo, no lo negamos. Pero sin el timing político que va emparentado con el sentir social, la pura eficiencia no alcanza. Pero Macri ya fue gobierno y debió haber sumado esta praxis, usted lector puede decir. El tema es que su experiencia de gestión es la Ciudad de Buenos Aires, un distrito pequeño, bastante homogéneo, impersonal y apático de lo político. Un distrito donde los servicios siempre estuvieron ampliamente subsidiados, hasta abonar importes irrisorios para quienes vivimos en el interior. Gobernar el país implica atender realidades muy dispares, con regiones donde la política es la artífice de todo lo que sucede por lo que cada decisión impacta de manera profunda porque no hay opción por fuera de lo público. 

Otra teoría sobre el grosero modo en que fue encarado el tema de las tarifas, su adecuación y la eliminación de subsidios como estaban planteados es que los pensantes de macrismo son CEO, es decir, ejecutivos de empresas. Y bienvenidos sean para aportar sus conocimientos para un manejo más eficiente del Estado. Pero el Estado no es una empresa ni se rige exclusivamente por sus parámetros. No se puede accionar desde el Estado prescindiendo de una mirada social de la realidad. Porque si no se cae en esto de aplicar las medidas que los análisis técnicos determinan como necesarias sin considerar si son viables. Y cuando hablamos de viabilidad lo hacemos tanto en términos de que la gente pueda pagar como que no termine siendo esta medida el germen de un problema mayor para el propio Estado, por ejemplo, con todos los aumentos de segunda generación, tras las nuevas tarifas, que van directo a los precios de bienes y servicios y por consiguiente hacen que la inflación siga subiendo, cuando lo que quiere el Gobierno es bajarla. Paradójicamente lo está logrando pero por la peor vía posible: la gente no compra ni consume. 

Muchos, como Aranguren, pueden ser técnicamente impecables, pero demuestran no tener la mirada amplia y necesaria para la administración pública. Quizá por eso y en función  de la necesidad de terminar con los subsidios, que la mayoría de los argentinos comprende, toman una decisión de aplicar un tarifazo sin tener en cuenta cómo impactará en los sectores medios y bajos de la población, en las pymes, en la producción en general. Hubo certeza sobre la necesidad de eliminar subsidios pero una implementación salvaje.
Hay una cuestión que no se puede soslayar tampoco: cuando la Justicia frena el tarifazo, decimos que lo hace conforme a derecho, porque no se cumplieron los pasos necesarios para aplicar el aumento. Se salteó, por ejemplo, la convocatoria a audiencia pública. Y esto no es menor, porque es allí donde se ventila el verdadero costo del servicio, la ganancia normal que debe tener la prestadora del servicio y sobre todo a qué inversiones se compromete la empresa de gas en el corto y mediano plazo.

El tarifazo se aplicó y no hay ningún compromiso de parte de las empresas para reinvertir, firmado al menos, y no sabemos cuál es el costo real que debemos pagar para que el Estado no tenga que subsidiar este servicio.

Nadie ignora que con tarifas congeladas desde hace más de 12 años, lo que obtuvimos es haber perdido la posibilidad de abastecernos como hicimos hasta 2008 y ahora debemos importar gas a altos costos. La falta de inversión y la falta de tarifas fue lo que nos arrebató la soberanía energética que un país rico en gas como el nuestro atraviesa ahora.

Es que frente a una pauta económica concreta, es la política la que debe ordenar por tiempo y oportunidad para aplicar, por ejemplo, la suba de una tarifa. La que seguramente y en vistas a lo que está sucediendo, es claro que se debió realizar de manera escalonada, a fin de ir saliendo de la problemática de los subsidios sin la eclosión social que producen tarifazos tan salvajes con paritarias salariales que no se acercan ni mínimamente a acompasar estos aumentos.

El Gobierno debe aprender a manejar los tiempos, no puede ser veloz para quitar retenciones y aplicar devaluaciones y tarifazos y ser lento para que se terminen las paritarias, sin ir más lejos. Y esto es parte de que logren una mirada política que es ni más ni menos que abarcar a la sociedad en su conjunto cuando se toma una decisión. Y más aún, ser el Gobierno el que corrija sus propios errores y no dejar que sea la Justicia la que obtenga los réditos de haberle aliviado el problema a la gente. Para terminar con un poco de humor este comentario sobre un tema tan doloroso podemos decir, remitiéndonos a los referentes de los poderes en Argentina y a un conocido tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que “el único héroe en este lío” terminará siendo Lorenzetti. ¿Quién lo iba a decir?