Dar el debate ambiental es necesario

El debate por la finalmente retirada Ley Omnibus se concentró mayormente en las cuestiones atinentes a la gobernabilidad. El capítulo fiscal, las facultades delegadas, las privatizaciones y otros aspectos asociados a la reforma política ocuparon buena parte de la conversación pública desde que se inició el tratamiento legislativo. Sin embargo, en los más de seiscientos artículos que tenía en su versión original contenía otros aspectos medulares y quizás menos asociados a la coyuntura pero esenciales. Entre las cuestiones que quedaron menos expuestas estaba la normativa incluida en el Capítulo Ambiental de la ley. Varios artículos de la norma tenían la pretensión de modificar artículos de leyes de presupuestos mínimos establecidos en la Constitución Nacional de 1994 y establecía una serie cambios sustantivos que fueron observados con cautela por organizaciones ambientalistas y especialistas en la materia por sus controvertidas implicancias. Entre las principales se mencionó que en la Ley de Bosques se sacaba la mayor contribución del fondo especial para la conservación de bosques nativos y lo deja a referéndum de lo que defina el Poder Ejecutivo, bajo el argumento de lo anacrónica de la legislación vigente que no siempre ha funcionado. 

Otro aspecto que estuvo bajo la lupa fue la de la Ley de Glaciares, por cuanto se abría la posibilidad de permitir la realización de actividades mineras en el ambiente, algo que podría representar una amenaza para la calidad del hielo, y por consiguiente del agua, además de representar una pérdida potencial de patrimonios de la humanidad. 

Estas eran solo dos de los temas incluidos en la Ley Omnibus que recaían directamente sobre la vida medio ambiental. Había otras, y las voces fueron unánimes al referir que el principal peligro era que, bajo el imperativo de resolver el problema de la inflación y la pobreza, se dotara al Poder Ejecutivo de facultades para tomar decisiones que podían afectar los recursos naturales. Quienes ponían reparos a estos capítulos de la norma alertaban que la búsqueda de inversiones para contar con recursos económicos genuinos no podía ir en detrimento de bienes que tienen un enorme potencial en términos de biodiversidad y representan un tesoro de valor incalculable que no podía quedar sujeto ni a las variables del mercado, ni mucho menos en manos de privados solo porque iban a desaparecer todo tipo de regulaciones para el ejercicio de determinadas actividades.

De manera categórica las asociaciones ambientalistas salieron a pronunciarse aseverando que de aprobarse el capítulo ambiental iba a significar un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida y exigieron retirar este capítulo para propiciar un debate propio y amplio por fuera del paquete de medidas incluidas en esta ley madre. Si bien en la aprobación del articulado general y en el marco de las negociaciones con el Ejecutivo se quitaron los artículos que modificaban el financiamiento a las leyes e Bosques Nativos y Glaciares, el capítulo ambiental se mantuvo incluido y los cambios que se le hicieron si bien fueron bien recibidos, no alcanzaron para acallar voces que sostenían la necesidad de custodiar de manera muy atenta la marcha de las reglamentaciones y otras medidas que pudieran instrumentarse, atendiendo fundamentalmente a la fuerte convicción marcada por el oficialismo de imponer cambios estructurales al paquete normativo vigente en cuestiones ambientales.

Ninguna de las modificaciones que pudieron ser incluidas en el dictamen terminó de conformar del todo a los especialistas que todo el tiempo mantuvieron su mirada detenida en los recursos soberanos 

Más allá de los planteos ideológicos encarnados en este tipo de opiniones y de las voces que encontraban matices para justificar los cambios cuando se logró la aprobación de la ley en general con varias de las modificaciones aceptadas, el retiro de la Ley Bases por parte del Ejecutivo en medio de la discusión en particular, volvió a generar zozobra, considerando que esta decisión quebró alianzas legislativas y tensó la relación del propio presidente de la Nación con el conjunto de la dirigencia política representada en el Congreso. Lo cierto es que con la caída abrupta que tuvo la Ley Omnibus y su regreso al punto de inicio, este debate quedó con más preguntas qué respuestas. ¿Cuánto de lo que se había negociado será respetado por el Ejecutivo al momento de plantear una nueva norma? ¿Cuánto se regresará a la convicción original que planteaba cambios profundos en la política medioambiental con afectaciones serias al patrimonio ambiental de los argentinos? ¿Qué instrumento se diseñará para volver a habilitar una discusión madura y razonable en torno a estas cuestiones que no forman parte de la agenda urgente, pero que representan un aspecto estratégico en relación al manejo de los recursos naturales?

En un escenario en el que aún no hay precisiones ciertas respecto de cómo el Gobierno volverá a presentar los puntos centrales de lo que consideraba su paquete de reformas de la Ley de Bases y Puntos para la libertad de los argentinos, las miradas siguen atentas a la espera de que este tipo de cambios puedan ser presentados y debatidos de manera tal de habilitar un debate genuino y pormenorizado que contemple todas las causas y fundamentalmente las potenciales consecuencias.

Cuestiones inherentes a la quema de pastizales, al manejo de recursos forestales, y hasta la propiedad de las semillas representan, junto a la Ley de Bosques y a la Ley de Glaciares aspectos sobre los cuales hay que mantener la atención porque suelen ser las cuestiones que pasan desapercibidas en la urgencia y en el agobio que la sociedad siente frente a una crisis que no encuentra coto.

En reiteradas ocasiones desde este mismo espacio editorial se promovió la reflexión respecto de la necesidad de sostener y fortalecer políticas ambientales capaces de proteger esos recursos soberanos que no pueden quedar librados a los intereses del mercado ni a los vaivenes de la política económica. Si bien es cierto que es necesario establecer marcos regulatorios que promuevan inversiones y den certidumbre a quienes deseen invertir en determinados rubros de la actividad productiva, la contracara de ello no puede ser la vulneración de derechos conseguidos a fuerza de sostenidas batallas que se han dado para dotar al país de condiciones de protección ambiental que resguarden aquello que de algún modo pertenece a todos y que asegura la calidad de vida porque concentran buena parte de los recursos naturales, bienes finitos, por los cuales hay que velar actuando con responsabilidad sabiendo que de lo que se legisle dependerá la vida de las generaciones futuras porque recurso natural que se pierde, es biodiversidad que se atropella y vida ambiental que se lesiona. 

En un horizonte incierto en términos de cómo será la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo y con pocas certezas respecto del rumbo que tomarán estos debates que se dieron en el marco del tratamiento de la fallida Ley Omnibus, la gran tarea, no solo de los ambientalistas sino del conjunto de la sociedad es estar atentos, intervenir con contribuciones genuinas y no permitir que el árbol de la urgencia nos haga perder de vista la importancia del bosque definido a los fines de este comentario como ese conjunto de recursos de incalculable valor que no pueden quedar a la deriva ni sujetos a la pretensión circunstancial del mercado ni de los gobiernos, sino que requiere de políticas de Estado consensuadas que preserven aquello que si se pierde, difícilmente se recupere algún día. Así como hay que resolver la inflación y promover las inversiones, dar el debate ambiental, también es necesario.