Cristina Kirchner en Tribunales: “No soy amiga ni socia comercial de Báez”

A su salida del edificio y tras saludar a la militancia, la exmandataria sostuvo que la causa en su contra se trata de “una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático” que tiene como objetivo “tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina”. También denunció a Angelo Calcaterra, titular de Iecsa y primo de Macri.

Buenos Aires, (NA) - La expresidenta Cristina Kirchner se presentó ayer en los Tribunales de Comodoro Py y pidió la nulidad de la causa que se le sigue por presunto fraude con la obra pública otorgada al empresario detenido Lázaro Báez, al denunciar que se trata de una “maniobra formidable de persecución política”, y remarcó que la ejecución presupuestaria de la Nación está en manos de los jefes de Gabinete.

“No soy amiga ni socia comercial de Báez”, señaló la expresidenta al declarar por primera vez sobre sus vínculos con el dueño de Austral Construcciones, luego de ser acusada de montar una “matriz de corrupción” durante su gobierno y favorecer al empresario con 16.000 millones de pesos a través de la licitación de obra pública, que logró una concentración del 80 por ciento en Santa Cruz.

Durante las casi dos horas que estuvo ante el juez Julián Ercolini, Cristina Kirchner no respondió las preguntas que habían preparado el magistrado y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y, en cambio, habló sin que la interrumpieran tras escuchar la imputación en su contra por unos quince minutos.

En su descargo, Cristina Kirchner negó tener vínculos comerciales con Báez, en respuesta a la acusación fiscal que le atribuye fideicomisos en común y la compra venta de terrenos en Río Gallegos, e insistió en la nulidad de la acusación en su contra -algo que le había sido rechazado días atrás- al sostener que no se realizó una auditoría completa sobre la licitación en la obra pública durante toda la gestión kirchnerista.

“Si el Poder Legislativo no asigna los recursos las obras no se pueden hacer. Y es el Poder Legislativo el que decide dónde se hacen las obras. Y si esto fuera poco, desde 1994 son los jefes de Gabinete los que administran y ejecutan el presupuesto”, indicó la mandataria a la prensa a la salida de Tribunales.

Investigar toda la obra pública

Pero, además, Cristina Kirchner denunció a la empresa Iecsa, del cual es parte el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, porque el actual Gobierno firmó un decreto este año en el que reasumió el financimiento por 45.000 millones de pesos en las obras de soterramiento del tren Sarmiento cuando ello le correspondía, según el contrato, al sector privado.

En este marco, Cristina Kirch-ner -que fue indagada por los presuntos delitos de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública- reclamó una investigación de “manera completa, integral y centralizada de toda la obra pública” entre 2003 y 2015, y una “readecuación del objeto procesal, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares”.

La audiencia tuvo lugar en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, donde Cristina Kirchner se presentó junto a su abogado, Carlos Beraldi, y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, que oficia de consejero jurídico, en medio de un pasillo vedado al ingreso de periodistas o curiosos.

Tras su indagatoria, la expresidenta leyó puntillosamente y corrigió el acta que se incorporará a la causa.

Durante las dos horas de audiencia, Cristina Kirchner bebió el agua mineral que ella misma se llevó al Juzgado y sólo deslizó una chicana política al fiscal Mahiques, de quien recordó que su hermano es funcionario del Ministerio de Justicia e integrante en representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, supo la prensa.

Persecución y hostigamiento

A su salida del edificio y tras saludar a la militancia, la exmandataria habló ante la prensa y señaló que la obra pública durante su gestión fue “aprobada por la Auditoría General de la Nación y la comisión revisora de cuentas del Parlamento”, con lo cual consideró un “disparate” pretender asociar su gobierno a una “asociación ilícita”.

“Con solo presentar como prueba el presupuesto nacional votado por los legisladores, ya se cae la causa porque hay están determinados los fondos para hacer las obras. Las cuentas de inversión están aprobadas por la Auditoría General de la Nación”, señaló.

La exmandataria sostuvo además que se trata de “una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático” que tiene como objetivo “tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina”.

“Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o de gas”, ironizó la expresidenta sobre los primeros diez meses de gestión de Cambiemos y aseguró que, con las causas judiciales, el Gobierno de Mauricio Macri “busca tapar el sol con la mano y trata de esconder lo que es un verdadero desastre”.

Contra la reforma electoral

La expresidenta Cristina Kirch-ner volvió a cuestionar ayer la reforma política impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre un posible “fraude electrónico”.

“No es casual la insistencia del voto electrónico con chip” por parte del oficialismo, advirtió Cristina Kirchner, que consideró que “todos los técnicos habidos y por haber en el Congreso, fuera del Congreso, en los diarios, han dicho que ese sistema tiene serias vulnerabilidades”.

En declaraciones formuladas al salir de los tribunales federales de Retiro, la expresidenta señaló que “es un momento de gran responsabilidad institucional para todos los dirigentes cualquiera sea su partido o su orientación”.

“No podemos rifar un logro institucional como es el sufragio universal, secreto y obligatorio”, advirtió la exmandataria, que señaló que “sería muy triste pasar a la historia como cómplice tal de un fraude electrónico”.

Por orden de Bonadio, hubo operativos en propiedades de la expresidenta

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la realización de una serie operativos en cinco propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en Santa Cruz, a fin de “tasar” los inmuebles, en el marco de la causa Los Sauces.

Según indicaron fuentes del Juzgado de Bonadio, se trataron de “peritajes” dispuestos “hace tiempo” para obtener una “tasación de las propiedades” de la exjefa de Estado, que ya fue embargada en sus cuentas bancarias en el marco de esta causa.

Las tasaciones estaban previstas en la casa particular de la exmandataria, en Mascarello 441, de Río Gallegos; en Mariano Moreno 882 y Alvear 391, de la misma ciudad; en el hotel La Aldea ubicado en calle Güemes 95, de El Chaltén, y la Manzana 670 de El Calafate.

Según trascendió, ayer las arquitectas encargadas de la tasación, Nora Marta Lucía Leo y Carina Nancy González, realizaron su trabajo en las propiedades de las calles Moreno y Alvear, en tanto que la casa familiar y los otros inmuebles quedaron para los próximos días.

Este domingo, la expresidenta había alertado a través de la red social Twitter que el juez Bonadio tenía la intención de “allanar” su casa de Río Gallegos luego de que ella viajara a la Ciudad de Buenos Aires para declarar ante el magistrado federal Julián Ercolini por otra causa judicial.