Cristina ante la Justicia, tácticas y juego político

Cristina Kirchner es probable que sospeche que el juez Julián Ercolini ya tiene decidido procesarla y planteó una defensa técnica, que la alejaría en el tiempo de las decisiones, como veremos. Pero públicamente todos sus argumentos estuvieron centrados en la “proscripción política”, mas no en plantear a la sociedad su inocencia.

Vamos a tratar de reconstruir algunos pasajes de lo que habló la expresidenta frente al juez, advirtiendo que lo que sabemos es, claramente, de segunda mano. Su defensa técnica se basa en que un acto de gobierno no podía constituir delito. Un argumento que, en definitiva es rebatible, porque se pueden tomar decisiones que constituyan delitos como el cohecho, sin ir más lejos. Esta línea puede servir, en todo caso, para la causa de dólar futuro que fue una decisión fallida, no en este caso donde se la cita, concretamente por un mega hecho de corrupción que involucra a la obra pública.

Y allí comienza la táctica de armar un enorme entramado lleno de protagonistas que les sirven de “chivos expiatorios”: Cristina sostuvo que en su decisión de asignar obra pública intervinieron también sus jefes de Gabinete (los cinco que incluyen desde Sergio Massa a Alberto Fernández), el Congreso Nacional, cuando aprobó los presupuestos y las cuentas de inversión, las provincias y los organismos de control. Su teoría es que no puede haber tantas personas y controles involucrados en la comisión de un delito. Y aquí viene un primer juego de elusión y alejamiento de los resultados, porque ciertamente hay varios que han firmado el otorgamiento de cada obra pública y presumiblemente habría que citarlos a todos. Aunque esto no le resta responsabilidad como presidente en el supuesto delito que se le imputa, se amplía la causa de un modo formidable, repartiendo responsabilidades a diestra y siniestra.

La cuestión política, cuando el interrogante es claramente judicial, no estuvo ausente de su monólogo frente al juez: “Eso es parte de una persecución político mediática que se da en la región destinada a sacar de la agenda política a los líderes que lucharon por beneficiar a los más desposeídos”, dijo. 

En su plan de deslindar responsabilidades, la exmandataria, que está acusada de direccionar la obra pública vial hacia Lázaro Báez, desconoció incluso su relación con el empresario, con quien consta que comparte negocios. Pero Cristina, sin despeinarse negó toda relación con él: “Báez no es ni mi socio ni mi amigo”, dijo, a pesar de la suculenta documentación que dice lo contrario y las fotos que los muestran juntos. 

Fueron dos horas de declaración en las que no contestó las preguntas del juez Ercolini ni las de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La realidad es que visto así, la presentación de Cristina a la Justicia no aportó nada concreto a la causa, más que su monólogo en el que mintió sobre Báez porque sólo faltaba que dijera que no lo conocía ni de vista, intentó arrastrar a la responsabilidad a todos sus colaboradores y atacó a Mauricio Macri en varios pasajes.

También destacó que es imposible describir a un gobierno como una “asociación ilícita”, como interpretan los fiscales en su pedido de indagatoria. Y será quizá lo más difícil de probar por parte de la Justicia. Esto es claro pero los fiscales enumeraron los hechos y los consideraron a lo sumo parte del delito de fraude y negociaciones incompatibles con su función.

Cristina atacó en su indagatoria y vinculó estas acusaciones con el gobierno de Mauricio Macri. Se quejó de que esta causa se basa en una auditoría que hizo la nueva gestión de Vialidad Nacional en 15 días y efectuó una denuncia respecto del actual mandatario que comenzará a tramitar en la Justicia. Lo acusó de que mediante un decreto presidencial cambió las condiciones de financiamiento de la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Indicó que antes esa financiación estaba a cargo de las empresas privadas, pero que ahora corría por cuenta del Estado para beneficiar a Angelo Calcaterra, un pariente directo, con lo que cambió las condiciones del contrato. Esta causa irá a sorteo y es evidente que se trata de una contraofensiva judicial. No es una novedad que el kirchnerismo pretende que todo sea lo mismo: la administración anterior y la actual. La expresidenta pidió que el juez Ercolini realice un peritaje amplio de la obra pública que incluya no sólo a Santa Cruz y a Báez, sino también a todas las provincias y a su gobierno y al anterior. Su argumento es que en cada una de las jurisdicciones se da una lógica parecida con un empresario que es quien tiene las facilidades para concentrar las obras. Y ojo que lo estaría diciendo también para el tiempo en que ella era la autoridad pero todo vale en su objetivo de dilatar la causa, en este caso de manera indefinida, ya que lo que está pidiendo es que se haga desfilar a los gobernadores por Comodoro Py.

La trampa de la defensa política y técnica de Cristina es que si la causa no se dilatase como pretende, transformando las indagatorias en una suerte de carnaval donde casi toda la dirigencia deba desfilar por tribunales, es porque se la persigue para proscribirla porque el Gobierno teme que retorne. 

Afuera de los tribunales estaba la militancia núcleo del kirchnerismo. Eran unas 4.000 personas con banderas de La Cámpora, Miles y la Túpac Amaru en un espacio rodeado por una doble valla metálica y con un cordón de policías. Esta situación es ciertamente extraña, porque cuando se va a declarar se está cumpliendo un trámite judicial, no es motivo para convocar a un acto político en la puerta de los tribunales. Es una presión indebida que cuando se cita a un exmandatario haya que vallar todo el edificio porque se teme que haya desbordes con sus seguidores. Cristina Kirchner está citada a declarar por corrupción, va para expresarse sobre la supuesta comisión de un delito, no va para asumir un cargo, ni para que le entreguen una distinción.

Los hechos oscuros están, eso es incontrastable pero la expresidenta evidentemente no quiere aclarar su rol ni asumir su responsabilidad, que si no fuera por acción (como sugiere al deslindarla en sus funcionarios de gabinete y legisladores) de todos modos le cabe la negligencia de no conocer lo que hacían sus ministros. Nuestra Constitución dice que el Poder Ejecutivo es unipersonal, por lo que los ministros no actúan por fuera o independientemente del presidente sino que, por el contrario, son su brazo ejecutor. Por esta razón, le cabe total responsabilidad por los hechos que ellos producen. Es como si el dueño de un auto lo presta a un amigo y este choca. Es sabido que el titular deberá asumir la responsabilidad por su propiedad.

Por fuera de estos tecnicismos, aunque se pretenda enredar aun más las causas de corrupción, para la sociedad están muy claras. Veremos la Justicia hasta dónde llega.