Córdoba desamparada, nadie estuvo a la altura de los hechos

Merced a la violencia de algunos y la negligencia de otros, Córdoba vivió una noche de terror. Desamparo fue la palabra utilizada por muchos cordobeses damnificados materialmente, una de las consecuencias indirectas del acuertelamiento de la Policía provincial por reclamos salariales. La consecuencia directa de la inacción de los uniformados fue la ola de saqueos, que produjo más daños que un tornado, si es que cabe la comparación.

Y hubo que lamentar además dos muertos, más de mil comercios fueron asaltados, además de casas particulares; 11 heridos permanecen internados en grave estado y otras 200 personas fueron atendidas en los hospitales locales por enfrentamientos con armas, palos y piedras entre bandas de delincuentes y vecinos abandonados a su suerte por la huelga policial.

Luego de varias horas en las que la anarquía ganó las calles de la ciudad, la policía volvió a la actividad a partir de la firma de un convenio con el gobierno provincial, que aumentó de 6.000 a 8.000 pesos la remuneración básica de los efectivos de calle.

El acuerdo llegó luego de una mañana cargada de presagios en la que, desde el Gobierno nacional y por medio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le hicieron saber al gobernador José Manuel de la Sota que la situación era un problema exclusivo de la provincia.

En otras palabras: la Policía se acuartela, cunde la violencia en las calles y nadie se hace cargo, ni siquiera se socorre a las víctimas, tan argentinas como quienes viven a 20 metros de la Plaza de Mayo.

Los policías pararon sus actividades en procura de una mejora salarial. Las negociaciones sólo se destrabaron cuando la luz del día puso en evidencia la destrucción de amplias zonas de la capital provincial.

El temor a réplicas en otros puntos del país creció al conocerse que en Glew, en el Partido bonaerense de Almirante Brown, un comerciante chino había muerto en su supermercado al resistirse a un saqueo. Al sentir que la gente entraría a su local, salió a hacer frente a los tiros. Esta actitud tuvo como respuesta la quema de neumáticos y otros elementos por parte de los posibles saqueadores; el humo finalmente asfixió al oriental. 

Esta situación, además de movimientos en Santa Fe y Trenque Lauquen motivaron un alerta roja para las autoridades nacionales y de cada provincia, respecto del ánimo que algunos sectores sociales tienen y que aprovechan cualquier circunstancia para disfrazar de necesidad un acto criminal.

En Córdoba, con la Policía negándose a prestar servicio se esperaba el auxilio federal. Pero el gobierno de Cristina Kirchner, como comentábamos en nuestro artículo editorial de ayer, esperó hasta último momento para anunciar el envío de la Gendarmería que finalmente no se concretó, pese a que era pública la gravedad de la situación que se vivía en las calles. Sin protección por parte del Estado, los vecinos se organizaron en autodefensas armadas para proteger los locales y hogares. Pero no fue suficiente.

El gobernador tampoco fue inocente en la tragedia que se desarrolló en la provincia, porque sabiendo que había un reclamo salarial muy serio, no tomó medidas preventivas para evitar el descontrol que provocaría un paro de la fuerza de seguridad. 

De la Sota había regresado de urgencia desde Panamá, donde se encontraba en escala de un viaje oficial a Colombia. En sus primeras declaraciones públicas, el mandatario reclamó el envió de la Gendarmería y afirmó que no negociaría con los policías rebeldes. Pero tras sus palabras estallaron los peores disturbios en la ciudad, con millonarias pérdidas económicas, cierre de bancos, escuelas y estaciones de servicio y suspensión total del servicio de transporte público. Y el mandatario tuvo que repensar su posición para no seguir dejando desprotegida a la población.

“En Córdoba no hubo estallido social, operaron bandas de delincuentes organizadas que aprovecharon la protesta social”, dijo De la Sota en el momento de dar a conocer el acuerdo con los policías. Y es muy probable que el diagnóstico del gobernador sea el acertado, porque las imágenes indican que no se trató de saqueos por hambre sino hechos claramente delictivos de robo y destrozos.

Todo había sido un caos, grupos numerosos de personas entraban en comercios de grandes cadenas y en tiendas minoristas, sin importar el rubro del local. No hubo robos importantes de alimentos sino que se buscó como blanco principal a los electrodomésticos. En muchos casos se intentó incendiar el comercio. La novedad de esta tristemente repetida modalidad fue que también fueron saqueadas y destruidas casas de familia. De ellos particularmente pudo escucharse decir que se sintieron “desamparados”.

En medio del desastre llegó la noticia de la muerte de un joven de 20 años que según testigos escapaba en moto tras un saqueo recibió un tiro en el tórax. Murió en el Hospital San Roque, hacia donde fue trasladado desde la barriada de Ciudad Evita.

Lo que genera enorme preocupación no es sólo que haya bandas de delincuentes y oportunistas que ante la ausencia policial en las calles saqueen, sino que el Gobierno provincial y las autoridades nacionales discutían sobre las responsabilidades de cada administración en lo que hace a la seguridad pública y se negaban a tener contacto, mientras los cordobeses eran robados y atacados  con extrema violencia.

De la Sota dijo que los funcionarios nacionales no le atendían el teléfono y se quejaba por la red social Twitter. El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, contestó que a él nadie lo había llamado –como si fuera necesario a la luz de los hechos televisados- y que los problemas salariales de las provincias deben resolverlas ellas mismas. No ha sido la misma actitud del Gobierno nacional ante problemas suscitados en otras provincias, sin embargo. 

Como el escándalo en los medios nacionales crecía, el Ministerio de Seguridad informó que 2.000 gendarmes estarían disponibles para operar en Córdoba por la noche. El envío, finalmente, se suspendió cuando se supo del acuerdo entre el gobierno de Córdoba y los policías, merced a la mediación de un obispo y un rabino con las esposas de los uniformados.

Ahora bien, los cordobeses vivieron un día de terror, hay pérdidas de dos vidas humanas, varios heridos y muchos comerciantes y vecinos quedaron en la ruina.

Hay responsabilidades para distribuir en este caso: la Policía debería extremar esfuerzos de diálogo antes de planear un acuartelamiento, por el tipo de función que desarrolla de guardián de la seguridad. El gobernador De la Sota no puede tirar de la cuerda con un reclamo salarial justo como el efectuado e irse de viaje al exterior dejando el conflicto en llamas. Y el Gobierno nacional, bajo ningún punto de vista puede anteponer sus internas políticas con un mandatario provincial y menos cuando se trata de asistir (en este caso a través de Gendarmería)- ante un desastre tan elocuente.

Nadie estuvo a la altura de las circunstancias, como bien saben y padecieron los cordobeses.