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Contradicciones por falta de normas

07 de junio de 2018 a las 12:00 a. m.

Son muchos los desafíos que se imponen en la vida cotidiana a partir de la aparición de  las nuevas tecnologías, desde las compras por Internet, el uso de Netflix, hasta la aplicación Uber para viajes ciudadanos. Todo un nuevo panorama que, a la vez que abarata costos a los usuarios, pone en jaque al comercio tradicional, a los taxistas y otros oficios ligados a estas actividades.

La realidad –ya visto en el resto de los países vecinos y lejanos- es que más temprano que tarde la modernidad se impone, dando a los ciudadanos una apertura de opciones que no deja de resultar interesantes.

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El problema es que, en términos de competencia, si analizamos cada caso donde se enfrentan los distintos estilos de comercio, hay desigualdades que las normas deben resolver. La venta en comercio on line sin ir más lejos es lógicamente más barata que la adquisición en un negocio porque, más allá del alquiler de un local, los servicios o los empleados, hay una carga impositiva a veces muy pesada que abonar. Nada de eso lo paga quien vende on line, de modo que la competencia no se establece por el mejor costo del producto sino por las cargas que tiene el sistema de ventas.

Con Uber sucede lo mismo, claro que es más barato que el taxi, porque el auto de alquiler en la Argentina está cargado de regulaciones e impuestos; en cambio quien llama por medio de una aplicación no paga ninguna de estas cuestiones. ¿La solución es que la Justicia bloquee la señal de Uber como se viene haciendo? En realidad, la solución es buscar un sistema legal de regulaciones que proteja a los usuarios de Uber como lo hace con los taxis. Y así con el resto de las actividades, ventas y servicios que se ofrecen de manera directa al usuario en la comodidad de su hogar. No es cuestión de quedarse al margen de lo que el mundo de hoy ofrece sino de asumir esta nueva realidad y darle un marco regulatorio que al tiempo que brinde garantías a usuarios y consumidores, ponga en pie de igualdad a la oferta. O, dicho de otra manera, no se puede tapar el sol con un dedo: Internet existe y sus posibilidades son infinitas. Pero no puede operar fuera de toda ley y ajena a los requerimientos formales de un país para realizar una actividad lucrativa.

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Netflix es uno de los sistemas más extendidos en la Argentina –y en otras partes del mundo- para ver películas y series sin cortes publicitarios. Si lo comparamos con el servicio de cable, es mucho más barato pero lógicamente no paga ningún impuesto. Precisamente a estas horas se está regulando en parte el sistema para que haga su aporte al Estado.

Son temas que, en realidad, avanzan sobre los vacíos legales que existen en la Argentina respecto de las nuevas tecnologías, generando falsas competencias cargadas de inequidad, pero que inevitablemente se imponen porque benefician al ciudadano de a pie, el que asume como propias las nuevas tecnologías, como es más que obvio que viene sucediendo. De hecho, es altamente probable que el mismo taxista que rechaza hasta la violencia a Uber, llegue a su casa y haga alguna compra por Mercado Libre. Es una contradicción que no debiera existir pero está, sencillamente porque cada uno busca -y tiene la libertad para hacerlo- lo que le conviene. La única forma de coexistencia es que todo funcione bajo el paraguas de la ley que, al fin es la única herramienta que ofrece garantías, al menos para las mayorías, y establece un marco de igualdad para actividades afines y conexas.

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Sin embargo nuestro Parlamento es un desierto de propuestas respecto de estas problemáticas; como siempre, la política como juego de poder gana la cancha por sobre las urgencias de los ciudadanos. En eso se entretienen los legisladores que elegimos y a los que les pagamos el sueldo mes a mes. No es fácil regular una actividad tan amplia y dinámica, pero es necesario y para ello lo mejor que se puede hacer es ver con atención cómo han actuado otros países. Por ejemplo, con Airbnb, un sitio Web donde la gente puede contratar alojamiento directamente a particulares, desde una habitación a una casa completa. Esta empresa mundial ha sido blanco de críticas de los empresarios hoteleros de Bariloche, que están perdiendo huéspedes a manos de esta opción que no deja de ser un comercio clandestino. En otros países, por ejemplo Alemania o Gran Bretaña, se ha estipulado que para ofertar en el sitio, el oferente debe estar previamente inscripto en un registro. De este modo, se consiguen garantías de seguridad para los usuarios, que pueden ser -y han sido- estafados, cuando no abusados y hasta víctimas de otros delitos como el robo. Además, quien ofrezca una propiedad que no es su vivienda permanente sino una segunda o tercera propiedad a su nombre, tiene que tributar por la actividad. No así quien ofrezca una parte de su casa o su casa entera durante un período acotado de tiempo, como puede ser cuando se ausentan por vacaciones. 

Variantes de cómo regular hay muchas, si se mira los casos en otros países. Pero hay que sentarse y analizar la idiosincrasia nacional para tomar aquello que es aplicable y generar un marco legal acorde. Pero ya, con urgencia, porque es un mercado que no para de avanzar de manera desordenada, avasallante y desleal para con todos los rubros. Y no se detendrá sino todo lo contrario.

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Además de la deslealtad es imperante reglar y establecer mecanismo de control sobre los requerimientos para no dejar desprotegido al ciudadano que utiliza los servicios on line, donde no hay siquiera muchas veces una dirección donde hacer un reclamo por una compra y a veces se utilizan identidades apócrifas, resultando ser delincuentes disfrazados de oferentes.

En fin que no se legisla sobre temáticas que hoy hacen realmente falta, mientras las sesiones se suceden, se suspenden o se postergan, para tratar otros asuntos que consideran de mayor urgencia, porque registran más impacto político y van quedando en el tintero asuntos como el de Internet para alguna vez, quién sabe, nunca.

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Ni siquiera los moviliza, a los legisladores, que se analice el posible ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), un foro en el que se reúnen 35 países con el fin de trabajar en conjunto para promover políticas públicas, solucionar problemas comunes vinculados con el bienestar económico y social de los ciudadanos.

El Gobierno tiene interés en sumarse como otro modo de captar inversión extranjera directa, lo que es de mucha importancia para la economía argentina.

Pero -todo tiene un pero- cuando se trata de relaciones internacionales, si Argentina aspira pertenecer a este club, debe asumir sus valores y alinearse con sus recomendaciones.

Y en este sentido venimos justamente a contramano de estos países en temas no regulados como Uber o la adquisición de servicios y productos online.

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No parece haber movido el amperímetro de los legisladores, el tratado sobre Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social, firmado por Argentina, que establece la importancia de apoyar al comercio electrónico y de facilitar el desarrollo de nuevas empresas y servicios y también se recomienda estimular la innovación y creatividad digital incentivando la inversión en tecnologías digitales, además de aprovechar las oportunidades que generan las aplicaciones y tecnologías emergentes.

Es decir que por un lado, los políticos quieren llevarnos al primer mundo, los ciudadanos queremos gozar de prestaciones de primer mundo y el Gobierno firma un tratado para promover los servicios electrónicos, pero al mismo tiempo la Justicia ordena bloquear la señal de Uber para que la gente no pueda utilizarlo. Y, por poder imitativo, muchos otros rubros –como los hoteleros de Bariloche- pretenderán lo mismo a medida que vayan sintiendo en sus recaudaciones la inserción de nuevas formas de venta en el mercado. Y esto sucede porque no se legisla al respecto, de modo que ni el Poder Ejecutivo ni la Justicia están en falta en este caso que ponemos como ejemplo, sencillamente que la contradicción se produce, en todo caso por falta de normas que regulen los nuevos servicios.

En fin que les pedimos a los legisladores que trabajen, que cumplan el rol para el que se desesperaron por ser elegidos. Y se pongan a analizar las leyes que hacen falta, para el caso que exponemos, como para otros que quizás se nos escapan.

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