Continúa la tensión en Chile: 11 muertos y el llamado al diálogo de Michelle Bachelet

Ante el estallido de violencia, Naciones Unidas convocó a investigar de forma independiente las muertes y las denuncias de abusos policiales. Pese a que seguía el estado de emergencia ayer hubo saqueos y barricadas. Piñera habló de “un enemigo poderoso”.

SANTIAGO DE CHILE (lanacion.com.ar) -Miles de manifestantes salieron ayer nuevamente a las calles en Chile, que trata de sobreponerse a las violentas protestas del fin de semana que dejaron 11 muertos y que el presidente Sebastián Piñera atribuyó a “un enemigo poderoso”. Ante el estallido de violencia, a través de su jefa de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Naciones Unidas llamó al diálogo y a investigar de forma independiente las muertes y las denuncias de abusos policiales.

Pese a los esfuerzos del gobierno para responder a las amplias demandas planteadas en las manifestaciones, había algunos saqueos y barricadas ayer a pesar de que continuaba el estado de emergencia con los militares al mando y vehículos blindados recorriendo las calles de varias ciudades del país. También se registró en la tarde una marcha pacífica en la Plaza Baquedano, de la capital chilena, según consigna el medio trasandino Emol.

Los habitantes de la capital intentaban retomar la rutina ayer, en medio de una tensión latente con los servicios de transportes y comercio restringidos, con calles en que se veían los vestigios de las barricadas y ante la vigilancia de unos 8.000 soldados. Las personas hacían largas filas en gasolineras y supermercados, pero algunos mercados municipales operaban con mayor normalidad que el fin de semana. Hacia el mediodía, en algunos puntos de la capital, se congregaron crecientes grupos de personas para protestar. Las manifestaciones se repetían en ciudades como Valparaíso y La Serena, donde también se extendió el control militar.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas”, dijo el domingo Piñera en referencia a los actos vandálicos. Pero el general Javier Iturriaga, a cargo de custodiar la capital bajo estado de emergencia y quien tiene la potestad de restringir la libertad de movimiento a los ciudadanos, dijo tajantemente ayer que no está en guerra con nadie. “Yo soy un hombre feliz. La verdad es que no estoy en guerra con nadie”, dijo al ser consultado en una rueda de prensa en que informó la apertura parcial del comercio y de servicios.

Once muertos

La intendenta de Santiago, Karla Rubilar, confirmó que hasta ahora hay 11 fallecidos en la región de Santiago a consecuencia de los incidentes del fin de semana, tres víctimas el sábado y ocho el domingo. Por su parte la jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, llamó a las partes a buscar un diálogo inmediato y urgió una investigación independiente de las muertes en los disturbios, además de destacar el uso excesivo de la fuerza militar.

“El uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”, afirmó Bachelet, que precedió a Piñera en el gobierno. En Santiago, las autoridades de transporte reforzaron la dotación de autobuses y reabrieron parcialmente una de las seis líneas del metro, tras el cierre total del fin de semana. La mayoría de las escuelas y universidades estaban cerradas y varias empresas autorizaron a sus trabajadores a no concurrir el lunes.

La capital de Chile, un país mencionado como ejemplo de estabilidad económica y política en América Latina, no había estado bajo toque de queda desde hace más de 30 años, cuando gobernaba el dictador Augusto Pinochet. El mandatario chileno había dado pie atrás el sábado en la medida que detonó las protestas, un alza del precio del transporte subterráneo, pero los manifestantes dieron cuenta en sus pancartas y gritos de una serie de demandas de larga data sobre pensiones, salud y educación pública, en un país con una aguda desigualdad.