Contaminación cruzada entre la política, el poder económico y la Justicia

En la Argentina, lamentablemente, es muy difícil que la Justicia llegue a conclusiones ciertas cuando se trata de causas que rodean al poder, sea político, económico, policial o de personas de renombre social. Sobran ejemplos y a algunos por su alto perfil vamos a referirnos para no perder la memoria, de aquellos muertos que, al fin, no sabemos y quizá nunca sepamos cómo, en qué circunstancias fallecieron y, sobre todo, quién fue la mano asesina.

La causa que investiga el paradero de Jorge Julio López, que se inscribe en la historia como el primer desaparecido de la democracia, no tiene detenidos, sospechados, ni siquiera una hipótesis firme de trabajo. El albañil secuestrado y torturado de la dictadura, desapareció el 18 de septiembre de 2006, precisamente cuando iba a presenciar los alegatos de la querella contra el represor y exdirector de Investigaciones de la Policía Miguel Etchecolatz. Las últimas imágenes de él con vida pertenecen justamente a la grabación de su contundente declaración acusatoria.

Ahora, a nueve años de la desaparición, el fiscal Marcelo Molina volvió a poner la lupa sobre una vieja pista que involucra al hijo, Rubén López, que ya había sido descartada: un menor -hoy mayor, pero cuya identidad se mantiene en reserva- declaró ante la Justicia a fines de septiembre de 2006, haber escuchado a López conversar con un amigo y, supuestamente, confesarle que él mismo asesinó a su padre. Siempre la pista más firme fue que lo habían secuestrado partidarios y compañeros de la Policía de Etchecolatz, pero tampoco se avanzó en este sentido.

Dada la sucesión de hechos, lo más lógico para los investigadores y la sociedad en general, siempre fue la hipótesis de la desaparición forzada: si nada más se supo de López horas después que incriminara a Etchecolatz al punto de que terminó siendo condenado por delitos de lesa humanidad, el primer razonamiento fue la venganza de algún grupo de la fuerza de seguridad. Pero todo sigue estando en el imaginario porque en los hechos, la causa por la desaparición de este testigo no ha avanzado en absoluto en nueve años, lo que también hace presumir que una actitud corporativa policial es lo que impide su avance.

La muerte (suicidio o asesinato) del fiscal federal de la causa Amia, Alberto Nisman, ocurrida hace pocos meses ha sido tan manoseada, las pruebas tratadas con tan poca eficiencia y las sospechas que apuntan a distintas direcciones, que es improbable que alguna vez tengamos la certeza de cómo sucedieron los hechos. Evidentemente este suicidio o crimen de Estado parece sobrepasar los niveles de nuestra Justicia que debe lidiar con pistas internas, pistas de servicios de inteligencia externos, la ruta del dinero o la posibilidad de un crimen político. En cualquier caso, dada la circunstancia temporal en que ocurrió la muerte, se trata de un hecho gravísimo de que estamos a punto de naturalizar que jamás sepamos la verdad.

El triple crimen de General Rodríguez, también llamado crimen de la efedrina, parecía cerrado al estar presos los autores materiales de la muerte de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. El caso de estos menores de 40 años que habían ingresado al negocio de la venta de efedrina reveló un nuevo estatus de Argentina en el mundo de la droga: los cárteles estaban “bajando” a nuestro país no solo para hacer adquirir este precursor prohibido en otros lados sino que además asentaban aquí sus “cocinas” para producir. Los crímenes perpetrados por sicarios y con extranjeros como protagonistas comenzaron a ser parte de la crónica policial, lo mismo que las guerras por territorios y los ajustes entre líderes de bandas que se caracterizaban por tener un lujoso estilo de vida. 

Cuando los cuerpos aparecieron acribillados de 16 balazos en un zanjón, comenzó una investigación que también reveló otro costado de este negocio: estos jóvenes, incipientes empresarios de un rubro en rápido crecimiento, figuraban como aportantes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. La presidenta nunca brindó explicaciones al respecto, a pesar de los incisivos cuestionamientos de Graciela Ocaña, que al momento de los hechos era la ministra de Salud de la Nación, cargo que, como era de esperar, fue invitada a abandonar al poco tiempo. 

Se detuvo a los responsables, desde los partícipes necesarios hasta los autores materiales que fueron Christian y Martín Lanatta. El tema volvió a estar sobre el tapete cuando en el programa Periodismo para todos, Martín Lanatta acusó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de ser el autor intelectual del triple crimen. El tema se investiga ya que el funcionario se presentó a la Justicia desmintiendo su conocimiento de los implicados. 

También gente con conexiones políticas pasaron a engrosar el libro de los casos no resueltos, como por ejemplo el crimen de Nora Dalmasso que se ha convertido en un hecho que permanecerá en la memoria de todos los cordobeses y de todo el país. Se buscó “perejiles” lo que no dio resultado, se planteó que el marido de Nora era testaferro de los más altos funcionarios cordobeses, hasta se intentó acusar al hijo del matrimonio que en ese momento no estaba en Córdoba. El esposo estaba en Punta del Este, además. Nunca se supo, al fin, quién mató a Dalmasso y qué pasó con los supuestos bienes que pertenecían a los políticos cordobeses.

La verdad es que cuando hay poder en medio y en algunos casos dinero, es muy difícil llegar a conclusiones judiciales válidas en la Argentina, lo que demuestra que hay contaminaciones cruzadas entre la política, el poder económico, las fuerzas del orden y la Justicia.