Comunidades terapéuticas y salud mental

La reacción de los familiares de los jóvenes alojados en la comunidad terapéutica "La razón de vivir" en Florencio Varela es el testimonio de una necesidad y de una urgencia que no termina de resolverse. Dotar al sistema de salud de los dispositivos terapéuticos adecuados para el tratamiento y recuperación de aquellas personas que sufren padecimientos de salud mental o adicciones.

Las denuncias que recaen sobre este espacio son por lo menos graves y la propia autoridad sanitaria ha expresado públicamente que el lugar no está habilitado ni forma parte de la oferta terapéutica disponible para el abordaje de pacientes. Sin embargo, la defensa esgrimida por muchos de los familiares de los jóvenes que allí se encuentran señala otra cosa. Muestra la desesperación de aquellos que peregrinan incansablemente sin encontrar las respuestas necesarias frente a un padecimiento que representa una tragedia para quien lo sufre y para aquellos del entorno afectivo y social que conviven con esa problemática. Detrás del uso problemático de sustancias y de problemas de salud mental no abordados del modo adecuado, hay una sociedad que enferma y sufre las consecuencias de un flagelo que impacta en muchas dimensiones de la vida cotidiana. 

Sin embargo, cuando estos ocurren y toman resonancia pública a través de los medios de comunicación lo que aflora es un sinfín de posicionamientos, muchos de ellos antagónicos, que no hacen sino estancar aún más una cuestión que requiere de intervenciones urgentes.

Lo primero que se señala es que la actual Ley de Salud Mental y Adicciones no permite las internaciones, lo cual es una falacia a la luz de lo que señala el texto de la normativa vigente, que además surgió no de la voz iluminada de un legislador, sino del consenso de la mayoría de los colectivos profesionales y sociedades científicas que trabajan en el campo de la salud mental y que resulta pionera por su significancia en términos de defensa de los derechos humanos, desconocidos en el paradigma anterior que concebía solo la internación prolongada y la abstinencia como recursos terapéuticos para lograr "la cura" de la persona afectada por las adicciones.

En los últimos días el caso del músico "Chano" Charpentier, que resultó gravemente herido a causa de un disparo en el abdomen que le propinó un efectivo policial en el marco de una intervención motivada por un cuadro psicótico sufrido por el cantante a causa de su adicción a las drogas, reabrió el debate sobre la Ley de Salud Mental y sus recursos. A uno y otro lado del arco ideológico volvieron a escucharse voces a favor y en contra de una norma que no es nueva y que desde su génesis se ha visto sujeta a controversias teñidas por la mirada de quienes entienden el uso problemático de sustancias como un tema de seguridad y de aquellos que lo conciben como una cuestión de salud pública. Lo sucedido en la casa del músico, y que es de público conocimiento, abrió muchos interrogantes sobre si las fuerzas de seguridad debían intervenir y si están preparadas para lidiar con pacientes con problemas inducidos por sustancias. También sobre los instrumentos que ofrece la ley en materia de internaciones. 

Aunque hay un protocolo específico de entrenamiento, y la actuación de las fuerzas de seguridad frente a casos de salud mental está establecida, el accionar siempre se ve cuestionado y el debate suele reducirse al tipo de elementos que deberían o no utilizarse para controlar una situación de crisis, cuando en verdad el tema encierra aristas mucho más complejas. Tampoco pareciera ser el camino anular la Ley de Salud Mental y ceder ante la presión de sectores que desde su formulación han encontrado todos los resquicios para presionar por su derogación y retroceder en los avances que sí ha conseguido.

Sancionada en 2010 la Ley Nacional de Salud Mental modificó un paradigma y aportó un basamento sustantivo en materia de derechos de los pacientes en muchas áreas y está en sintonía con otros tratados internacionales. Ahora bien, cuando se piensa en su implementación a varios años de su reglamentación hay muchas cuestiones pendientes que parecen conducir a lo que en este caso terminó sucediendo y quizás hubiera podido evitarse. En su implementación faltan instrumentos para actuar en la emergencia y los expertos no terminan de contar con los dispositivos adecuados. Por estos días mucho se dijo respecto de que en el marco de la ley no están permitidas las internaciones de manera compulsiva, sin embargo, poco se señaló sobre los recursos que se tienen a disposición en casos excepcionales. La ley prevé que la internación pueda utilizarse como último recurso cuando no sean posibles otros abordajes terapéuticos y siempre privilegiando al paciente. Pero lo que muestra la realidad es que muchas veces la falta de conocimiento, y de dispositivos acordes, hace que la familia no pueda involucrarse en una tramitación que requiere una intervención muy rápida y muy determinante.

También hay deficiencias en la preparación incluso de los profesionales de la salud para actuar en situaciones de crisis. Aunque en teoría la atención de las adicciones debe hacerse en los hospitales generales, porque deben ser incorporadas al abanico de problemas de la salud mental, no todas las instituciones de salud cuentan con equipos ni herramientas para que eso se traduzca en la realidad. Ni hablar de los dispositivos terapéuticos ambulatorios que no han sido creados o fortalecidos.

Lo cierto es que a varios años de su sanción y reglamentación hay serias dificultades en la implementación de la Ley de Salud Mental, pero eso no la anula. Más bien se traduce en un cuestionamiento a los ejecutores de políticas públicas que no han avanzado lo suficiente en su materialización. A la par de ello, hay problemas estructurales que subyacen a esta cuestión. Si bien la ley establece que no deben existir los manicomios, no menos real es que no todas las instituciones cerradas han podido reconvertirse en espacios terapéuticos acordes a lo que señala la normativa. Tampoco se ha dado el cambio social necesario y la mirada sobre el uso problemático de sustancias sigue segregando a quien consume.  

En este sentido el caso de "Chano" por su resonancia pública se transforma en emblemático. Pero más allá de la singularidad, muestra el espejo del padecimiento que sufren muchas personas y sus familias. No hay que desconocer que no todos son conocidos ni tienen acceso a cobertura social. La mayoría de estas historias se escriben de manera anónima. En el ideario social las adicciones siguen siendo más un problema de seguridad que sanitario. Y este es un problema que excede a cualquier ley. Como en otras esferas de la vida social, hay prejuicios que dejar caer, estructuras asistenciales que fortalecer y terreno por ganar en la discusión sana que debe seguir dándose en torno a una normativa que ha marcado el cambio de un paradigma, sin que este logre instaurarse en la realidad de todos los días de aquellos que padecen y de aquellos que ignoran el problema hasta que la crueldad de este flagelo se hace visible a través de un caso que gana la escena y se instala para reabrir todos los debates, esos que luego la sociedad atrapada por otras urgencias, pareciera se niega a dar, como si el problema le perteneciera solo a otros.