Castillos en el aire

Afines del mes pasado, la Secretaría de Industria publicó Argentina Productiva 2030, un plan de desarrollo productivo de 12 documentos y unas 3.000 páginas cuyo objetivo es transformar la matriz productiva, bajar la pobreza a la mitad y duplicar las exportaciones para 2030. Varias cosas llaman la atención del tuit con el que se anunció este plan: desde el extraño timing —un plan a cinco años presentado por un gobierno a pocos meses de una elección presidencial— hasta el hecho de que se subrayara tanto la considerable extensión del informe.

Pero, fundamentalmente, sorprende la ausencia total de alguna mínima referencia a la macroeconomía. El diagnóstico reduce los problemas de crecimiento, empleo y pobreza del país a "crisis recurrentes por falta de dólares y a una matriz productiva insuficientemente densa y desarrollada". Ni la inflación de tres dígitos ni el déficit fiscal crónico ni el sistema impositivo tendrían algo que ver, según los autores, con nuestra incapacidad para desarrollarnos. Todo el plan termina siendo un gran parche para evitar la resolución de los problemas de fondo.

Lo dijimos en un anterior comentario editorial: con la macroeconomía no se juega; la "macro" no se toca. 

No puede haber un plan productivo sin que antes exista un plan de normalización macroeconómica. 

Pedimos al lector que imagine por unos segundos que lo nombran ministro de Industria de un país con alta inflación, altos impuestos, falta de crédito, múltiples tipos de cambio y control de importaciones, y que debe asistir a una reunión con empresarios de algún sector productivo. ¿Qué imagina que le pueden pedir los empresarios? ¿Crédito subsidiado, exención impositiva, régimen especial para importar insumos o maquinaria, dólar especial para exportar bienes finales, desarrollo de un programa de asistencia técnica para capacitar empleados o un programa de articulación de capacidades estatales para el desarrollo de energías verdes?

Probablemente pida todas. Las primeras porque le sirven y las últimas para caerle simpático al funcionario que haya lanzado el programa número mil de alguna articulación, entre algunas dependencias o sectores, para algún fortalecimiento, para alguna capacidad, con alguna perspectiva (género, verde). No es que los programas de desarrollo productivo no puedan ser útiles en el margen, con una macro ordenada: simplemente digo que no se puede ofrecer una paleta de colores para elegir la pintura de una casa que todavía no tiene paredes y donde no existe ni la remota posibilidad de que se pueda construir en el próximo año.

Con una macro desquiciada la política industrial no es otra cosa que un parche caro. Carísimo. Es dar a algún privilegiado, de manera discrecional y a un mayor costo, lo que la macroeconomía sana debería garantizar a todos por igual. Y lo que es peor, es que ese parche agrava los problemas de fondo y genera pésimos incentivos. Pensemos en regímenes especiales: como tenemos un sistema impositivo asfixiante, alguien decide crear un régimen especial para que un sector pague menos impuestos. Primera pregunta: ¿en base a qué criterio se elegiría al sector? Ahí entra un factor de discrecionalidad enorme. Se le otorga a un par de funcionarios y a los legisladores la capacidad de decidir, con criterios aleatorios, cómo asignar recursos escasos. Segunda pregunta: ¿por cuánto tiempo se le daría ese beneficio? Tercera: ¿cómo se financiaría ese beneficio? Y también: ¿con qué otra fuente se compensarían los recursos que se dejarían de percibir? ¿Subiendo los impuestos del resto? ¿O acaso no se haría nada, y entonces aumentaría el déficit y después se financiaría con más emisión monetaria y más inflación?

Mientras se decide, algún otro sector ya estaría pidiendo audiencia para solicitar un régimen similar. La historia terminaría seguramente con todos los demás sectores de la industria pidiendo alguna exención, el sistema tributario perforado, unos pocos pagando la totalidad de los impuestos —los menos queridos por el gobierno de turno o los que tienen menos capacidad de lobby—, impuestos que además ahora son más altos porque hay menos contribuyentes y más pobres pagando los costos de la inflación. Por lo tanto, estaríamos un paso más lejos de resolver el problema de fondo que había originado la primera exención: en la Argentina se pagan muchos impuestos y en el medio asignamos recursos de manera ineficiente.

Las malas políticas productivas llevan muchos años y se van acumulando como capas geológicas sin que nadie las evalúe y las depure. Antes de pensar en nuevos programas, exenciones, articulaciones, fomento de tal o cual cosa, hay que saber que en Argentina ya existe una estructura de protección, subsidios y exenciones tributarias que determina hace más de 20 años una política industrial y productiva. Una de sus anclas es el Mercosur, un bloque que no ha sido particularmente activo en generar acuerdos comerciales con otros países y que mantuvo esencialmente el mismo sistema arancelario durante todos estos años. Eso hace que el esquema de protección comercial para los diferentes sectores de la economía prácticamente no se haya alterado. A eso se suman regímenes como los de Tierra del Fuego, que lleva más de 50 años vigente sin que nadie se atreva a adaptarlo a las necesidades del Siglo XXI. También se puede decir que un mismo espacio gobernó 12 años consecutivos o resaltar la coincidencia de que el ministro de Producción en 2002 es el actual secretario de Industria, José de Mendiguren, y de que en ese año también se había mandado a hacer una estrategia de desarrollo.

Por eso, antes de agregar cualquier cosa nueva, empecemos viendo lo que tenemos y hagamos un análisis serio de costo-beneficio, de cuál es el resultado neto para la sociedad y los consumidores y qué es lo que funciona y lo que no. La tasa de asistencia efectiva sectorial, que combina la protección comercial y fiscal que reciben los diferentes sectores económicos puede ser un punto de partida. Habría que actualizarla y publicarla periódicamente para ver la evolución y usar de insumo para evaluar los programas de asistencia. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados que va en esta línea y que sería bueno que se avanzara en su aprobación.

En el prólogo de Argentina Productiva 2030 se expresa el deseo de que sirva para generar los consensos básicos en torno a la política de desarrollo que debe adoptar el país. Imposible saber cuál fue el grado de involucramiento del sector privado y del resto de la dirigencia política en el plan. Por lo que se lee en el prólogo, parecería hecho desde el Estado: "Todas estas áreas (misiones industrializantes) fueron articuladas y consensuadas con las áreas técnicas y de gestión pertinentes en diferentes lugares del Estado". Y nuestra nota de editorial del domingo pasado sobre la economía del conocimiento daría a entender que las necesidades (al menos de una parte) del sector privado no serían muy tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas.

En definitiva, si bien no hay buenas propuestas ni claridad en el documento, al menos puede servir como disparador para discutir abiertamente y de cara a la sociedad la política productiva que queremos. ¿Tiene sentido pensar un plan productivo a 5 ó 10 años si no sabemos cuánto podrá valer el dólar dentro de dos días o cuánto será la inflación en mayo? ¿Es posible planificar algo así en un contexto de tanta incertidumbre sin que exista un plan de estabilización macroeconómica antes?

Primero levantar las paredes, luego la pintura, muchachos. Antes que producir 3.000 páginas de plan productivo, generar consenso para sanear la macro. Solo con un contexto de certezas mínimas podemos esperar que el sector privado duplique su producción y la pobreza se reduzca a la mitad. Primero la macro.