Cárceles, hacinamiento y reincidencia

No es un debate recién abierto ni una temática que no conozcamos, pero es uno de los asuntos que pasan los años, no se resuelve y empeora.

El dato duro y puro de estos días es que cada 56 horas muere un preso en cárceles, comisarías y alcaidías de la provincia de Buenos Aires. Tres reclusos por semana. Según informa la Comisión Provincial por la Memoria, que ayer presentaba su informe anual en el salón Eva Perón del Anexo del Senado bonaerense. Y afirman, además, que el 65 por ciento de estas muertes ocurrieron por enfermedades curables no asistidas. Es decir muertes evitables si el entorno fuese el adecuado o, al menos, salubre.

Es difícil encarar esta temática, aunque necesaria, en momentos en que la inseguridad aprieta y son festejados en silencio (y a veces en público) los casos de justicia por mano propia, vecinos que ante la violencia desatada se defienden del mismo modo, para proteger su vida y sus bienes. Seguramente, algunos sentimientos del igual tenor se generan en nuestra sociedad respecto del bienestar de los encarcelados. Pero tanto en uno como en otro caso, debe primar el contrato social democrático por el cual es el Estado el que debe ofrecer las garantías a unos y a otros en este juego macabro de honestos versus delincuentes.

Porque si no, nos terminamos mordiendo la cola como los perros, ya que el actual estado de cosas, y más precisamente, el estado de nuestras cárceles, así como el sistema penitenciario se transforman en una fábrica de delincuentes más violentos cuando salen de prisión que cuando entraron. Si es que sobreviven al castigo.

La Justicia tampoco colabora con la mejora de este sistema toda vez que el año pasado se alcanzó el récord de mayor cantidad de presos en la historia de la provincia. Son 39.927, pero lo grave es que el 56 por ciento está sin condena firme.  

No podemos esperar la rehabilitación de quien ingresa por un delito -incluso por la presunción porque la mayoría no tiene condena- a un lugar de hacinamiento, suciedad, mala alimentación a hacer nada, solo pasar las horas y los días hablando con otros detenidos e interactuando en un ámbito inhóspito donde se sobrevive por la ley del más fuerte. No hace falta ser un experto para imaginar que las conversaciones terminan girando en cómo reorganizarse en el delito una vez que salgan.

La verdad es que nuestras cárceles no rehabilitan a nadie y además terminan siendo “escuela” pero solo del delito, porque el que ingresa siendo ladrón, sale siendo ladrón y asesino. Porque cierto es que no se ofrece otra oportunidad cierta de que salgan en una condición apta para sumarse a la sociedad. 

Visto de este modo, como sociedad no nos hacemos ningún favor al creer que esa vida de hacinamiento e insalubridad es la que merecen por haber delinquido. Si no se les procura un bienestar y un ámbito de desarrollo personal, esa persona vuelve más herida y más hiriente a las calles. Al fin, los gastos de alojamiento hay que pagarlos, entonces que sea en provecho de quienes los pagamos con nuestros impuestos, es decir, devolviendo una persona de bien a la sociedad.

Presupuesto hay para las cárceles pero lo que llega a los presidiarios es una ínfima parte porque la gran parte queda en el camino entre jefes y carceleros. Y ahí caemos en este círculo vicioso de empleados cumpliendo tareas de riesgo por sueldos de miseria que terminan convirtiéndose a la vida delictiva, en este caso, haciendo sociedad con los presos que, en lugar de encontrar una vía de rehabilitación en la cárcel, encuentran el modo de seguir “facturando” de lo suyo. 

Si bien el hacinamiento no sería en esta postal el mayor de los problemas, es una cuestión a resolver. El Ministerio de Justicia bonaerense afirmó que hay 33.073 personas alojadas en unidades y alcaidías, cuando la capacidad es para 24 mil. Es decir que hay 9.000 presos que exceden el límite de alojamiento.

Si esta es nuestra realidad, si cada vez hay más delincuentes y a la vez la Justicia es cada vez más lenta en sus procesos, habrá que construir más cárceles. Cosa que, como es una obra impopular, nadie ha hecho en los últimos 15 años.

Pero insistimos: aun con más plazas, si van a estar adentro con nada por hacer y con este mismo ambiente, de poco servirá a los fines de la rehabilitación. Aunque sí para que conserven los encausados el derecho básico a la vida, incluso cuando ellos no lo hayan respetado en los otros. En 2015 se produjeron 145 muertes por cárcel en la provincia, más de 12 por mes, lo que muestra el agravamiento general de las condiciones de encierro, pululan las enfermedades, la violencia y las drogas que, aunque se niegue, ingresan a las prisiones con poco control.

Las infraestructuras de las cárceles son insuficientes y obsoletas, sucias, sin mantenimiento alguno. Y todas estas deficiencias caben para un asesino convicto y confeso como para un detenido sin sentencia por robar un celular. Todo un mayúsculo despropósito que genera una enorme tasa de reincidencia.

Hoy más de la mitad de los excarcelados son reincidentes. Lo cual es lógico si tenemos en cuenta que los presos son “depositados” en lugares de hacinamiento sin nada que hacer más que pensar en lo que harán cuando salgan.

En función de esta realidad el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, anunció la reapertura de talleres para que los presos aprendan oficios en las cárceles bonaerenses. Pero reconoció que en un lapso breve no se puede resolver los problemas de hacinamiento, porque para ello hay que construir cárceles, en un contexto donde el propio funcionario dice que se debe elegir entre levantar una cárcel o un hospital, por la escasez de fondos. Lamentablemente no es una opción, hay que hacer las dos cosas y, si hace falta, ser imaginativo para hacer que los fondos con que cuentan rindan.

La idea es que los presos aprendan un oficio, estudien, trabajen en esos años de encierro, reabriendo los talleres que jamás debieron haberse cerrado. Hablamos de 51 talleres para aprender a arreglar autos, 24 de carpintería, 23 de herrería, 18 talleres textiles. Reabrir una fábrica de fideos y una fábrica de fabricación de cemento.

Porque es necesario educar, dar trabajo, solo así podremos esperar que quien salga de prisión no será un delincuente más complejo que el que ingresó. Y ese trabajo, como bien plantea, el Gobierno bonaerense, debe ser remunerado, de este modo el detenido tendrá un pequeño ahorro cuando salga de prisión para comenzar de nuevo una vida sin delito.

A veces, sobre todo quienes han sido víctimas de delitos, rechazan analizar este tema, porque en su propio dolor solo esperan castigo para el culpable. Desde el punto de vista personal y psicológico puede decirse que es normal este sentimiento. Pero la sociedad en su conjunto, con sus autoridades, debe analizar la cuestión y buscar las salidas necesarias para evitar la reincidencia y cumplir con la Constitución Nacional que exige que las cárceles no sean para castigo sino para reeducación del preso. Que el Sistema Penitenciario deje de ser una fábrica de delincuentes más violentos, para reconvertirse en un espacio de prisión, pero con posibilidades de lograr que quién delinquió tenga la posibilidad de reinsertase en la sociedad.