Canje de bonos, especulaciones, grieta y la imposibilidad del consenso

La publicación en el Boletín Oficial de la Nación del decreto que oficializa el canje de bonos en dólares en manos de los organismos públicos y que los obliga a deshacerse de sus tenencias e intercambiarlas por una nueva deuda en pesos del Tesoro, abrió un fuerte debate en torno al estado de la macroeconomía y profundizó la grieta entre sectores del oficialismo y la oposición en relación a cómo esta medida perjudica o no a los jubilados.

La reflexión va más allá de los aspectos técnicos y convoca a un posicionamiento claro sobre la eficiencia del Estado. Solo un Estado eficiente soluciona los problemas y esto exige de funcionarios ocupados en la gestión y gobiernos que acuerden soluciones sostenibles en el tiempo. 

Hay quienes aseguran que el canje dispuesto es solo un instrumento diseñado por el Ministerio de Economía para hacer frente a una realidad crítica de las finanzas nacionales, producto de enormes y prolongados desequilibrios macroeconómicos. Afirman que la medida no define un rumbo. La tradición conocida de largos y sombríos caminos de políticas cortoplacistas alimentan esta hipótesis y dejan poco margen para pensar que se trata de una política pública pensada con visión de futuro y para resolver un problema estructural. 

Un entorno de inflación por encima del 100 por ciento anual que licúa el poder de compra de los ciudadanos, escasas reservas, caída de la actividad económica, incertidumbre en el valor del dólar, ausencia de previsibilidad en el rumbo económico, y un Estado en quiebra generan una situación delicada que no contribuye a que pueda pensarse esta medida como un instrumento para resolver los problemas reales de la gente.

Si a esto se le agrega una dirigencia que discute quién endeudó más al país, pero no reconoce que el endeudamiento para financiar gastos corrientes y bicicletas financieras fue la causa central de este proceso de decadencia, se hace muy difícil revertir el rumbo.

En el oficialismo, se empeñaron en calificar la medida como una herramienta virtuosa para ordenar el endeudamiento, pero esta posición no consiguió la anuencia del conjunto de la ciudadanía que, en su gran mayoría no entiende los detalles técnicos, pero intuye que nada bueno puede surgir si lo que se pretende es recurrir al fondo de garantías de las futuras jubilaciones para seguir financiando la crisis.

La opinión pública, anclada en el resultado de las últimas medidas económicas que no lograron revertir indicadores que afectan la vida cotidiana de las personas, generan las condiciones propicias para la desconfianza.

Más allá de que se pregona que trata de tener más bonos para operar en el mercado cambiario, lo cierto es que se intuye que detrás hay un objetivo fiscal. La mayoría de los analistas entiende que con esta medida el Gobierno va a vender los bonos para financiar el déficit y para cubrir gastos que no tiene otro modo de afrontar.

Mucho más de lo que resultaría deseable, vender el stock para esquivar la disciplina fiscal es una receta que se repitió en las últimas dos décadas a ambos lados de la grieta. Y los resultados están a la vista. Ya no hay más cajas a las que recurrir.

Quizás es tiempo de habilitar el diálogo que en las cuestiones medulares dirija la conversación pública hacia los consensos, entendiendo que los ingresos fiscales se incrementan con inversión y crecimiento de la actividad económica, es decir con producción y trabajo, y esto se logra solo con estabilidad, institucionalidad y previsibilidad en las reglas de juego.

La inflación se combate con responsabilidad fiscal y monetaria. Una moneda se construye siendo un país serio, confiable y normal. El ABC de la teoría económica reza que las divisas se generan con superávit comercial y que éste es el resultado de políticas de largo plazo que desarrollen mercados internos y externos competitivos, que añadan valor agregado. 

Lamentablemente desde hace tiempo, y el último anuncio en relación al canje de bonos no fue la excepción, todo lo que se escucha parece ir a contracorriente de esta consigna.

Hay que entender que la decadencia argentina no se soluciona poniendo parches, ni se ordena en una guerra constante de todos contra todos. No hay capital político que se construya sobre esas bases inestables, ni ciudadanía que se sienta convocada a seguir poniendo el hombro y sorteando los avatares de una crisis interminable.

La convocatoria a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para que realice una auditoría externa que evalúe la operación del canje de bonos apareció en el escenario como un intento de dotar de transparencia a un procedimiento que resulta ante los ojos de la sociedad por lo menos incomprensible. ¿Alcanzará esta intervención técnica para saber si la iniciativa perjudica o no a la Anses, y por consiguiente a los jubilados? ¿O será un nuevo "toma y daca" de la política en busca de acallar las voces críticas que se refirieron a la medida como 'un manoseo a los fondos de los jubilados'?

Los interrogantes están planteados. Y las respuestas urgen porque la mayor sensibilidad que encarna esta cuestión radica en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad busca, precisamente, asegurar la sostenibilidad del sistema jubilatorio en las próximas décadas, algo que se sospecha puede quedar seriamente amenazado si esta decisión avanza en un país que hace tiempo no encuentra el modo de construir sobre la base de la previsibilidad y el consenso