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Brasil vuelve a destituir a un presidente

02 de septiembre de 2016 a las 12:00 a. m.

Como lo hizo en el pasado, Brasil vuelve a destituir a un presidente constitucional. 

En un polémico juicio político, el Senado apartó definitivamente a Dilma Rousseff, así como en 1992 lo hizo con Fernando Collor de Mello. 

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Nuevamente, la corrupción es el motivo pero en este caso se trata de la primera mujer presidenta del país brasileño y perteneciente al Partido de los Trabajadores. En su lugar queda su vice, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, quien ya está en ejercicio.

Este tipo de situaciones, aun cuando la constitución las prevea, no resultan lo ideal en los países democráticos, porque de algún modo el Parlamento contradice la voluntad popular de quien ha resultado elegido presidente. Sin embargo, como se trata de un cargo sujeto a las alternativas de la democracia, es legal que si se encuentran motivos para su destitución, esos mecanismos se pongan en marcha. En el caso de Dilma se la acusa de disfrazar las cuentas públicas a espaldas de los legisladores en el proceso de su reelección.

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Este tipo de procesos supone además que el nuevo jefe de Estado esté obligado a ganar rápidamente legitimidad para resolver los agudos problemas económicos y enfrentar las protestas ciudadanas de muchos que adhieren a la mandataria saliente.

La realidad es que si bien Dilma no está acusada en el caso de corrupción más grande que se ventila en Brasil, el Petrolao, todo su gobierno y la oposición están manchados por este enorme desvío de fondos de la empresa estatal Petrobras, incluyendo los empresarios más importantes del país y también al actual presidente en ejercicio, Michel Temer. 

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Para el PT este es un “golpe de Estado” encubierto de legalidad y acusan a la oposición de inhabilidad moral, en tanto quienes votaron la destitución de Dilma piensan que la situación en que se vio envuelta la mandataria es muy grave y es así como la Cámara alta que puso fin a 13 años del Partido de los Trabajadores inaugurados en 2003 por Luiz Inacio Lula da Silva, padrino político de Dilma.

Lo grave en Brasil es que ni el oficialismo ni la oposición están fuera de la corrupción, lo que coloca a la sociedad en un nivel de hartazgo importante y no saben en quién confiar. Es un espejo en el que claramente nos vemos reflejados en Argentina. Con una diferencia: para Dilma se activaron los mecanismos de investigación mientras estaba en el poder; para Cristina, las pocas (pero fuertes) denuncias sobre ella y sus funcionarios durmieron en los cajones de los jueces hasta que finalizó su mandato. Nos preguntamos entonces, ¿qué hubiese pasado en nuestro país si los casos de corrupción se hubiesen investigado mientras Cristina Kirchner era presidenta? Si nuestra Justicia hubiera tenido el valor que tuvo la brasileña o si la oposición en nuestro país hubiese tenido la férrea decisión de perseguir la corrupción. Es difícil saberlo porque es un hecho contrafáctico, pero quizá la presidenta argentina tampoco hubiese terminado el mandato. Acá, como en Brasil, pocos tienen “la cola limpia”, ni en los tribunales ni en el Congreso. Por eso, hasta enero de este año, “Lilita” Carrió, Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña (más algún otro caso aislado) eran las “locas”, las denunciadoras compulsivas. Y nadie del arco opositor de entonces las respaldó como era debido, mientras que la Justicia Federal dormía las causas.          

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En Brasil, Temer gobernará por el resto del mandato actual, que vence el 31 de diciembre de 2018, y en ese corto período enfrentará la difícil tarea de recuperar el crecimiento de una economía en decadencia. Hay inflación, recesión y desempleo en un país que hasta hace un par de años crecía.

Desde el punto de vista legal el proceso se produjo acorde a las normas. Por 61 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención, Dilma fue condenada y destituida. En cambio, por 42 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, no tuvo sus derechos políticos removidos, como sí había sucedido en la única vez que el Senado brasileño había juzgado a otro presidente, Fernando Collor de Mello, en 1992. Acusado de corrupción, Collor de Mello prefirió renunciar un día antes de su condena, pero igual la Cámara alta lo inhabilitó políticamente por ocho años. Después de ese plazo, el exmandatario se presentó como candidato a senador, cargo que sigue ocupando actualmente; ayer votó las dos veces en contra de Dilma.

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Pasada esta crisis política, Temer debe enfrentar ahora el panorama económico que es de lo más que complejo. Durante el mandato de Dilma, el PBI se contrajo un 3,8 por ciento el año pasado y la perspectiva para este año es de una caída del 3,2; la inflación superó el 10 por ciento; el desempleo trepó al 11 y ya afecta a más de 11 millones de brasileños, y el déficit para este año está previsto en 170.000 millones de reales.

La situación regional de Temer  es también dificultosa, ya que enfrenta cuestionamientos a su legitimidad desde varios de países de la región. Los países del llamado bloque bolivariano denunciaron un golpe institucional en Brasil y varios van a retirar sus embajadores de Brasil.

En la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri ensayó una respuesta moderada a la destitución de Dilma, pero basada en el respeto a la legalidad con que se hicieron las cosas en el país socio y vecino.

Es que más allá de la legalidad, estas cuestiones son claramente traumáticas para los países que deben afrontarlos, aunque Brasil ya tiene tradición en destituciones, una salida que busca cuando la corrupción los sobrepasa, pero sobre todo cuando la situación económica se torna crítica. 

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En Brasil sucede como en la mayoría de los países Latinoamericanos, cuando la economía beneficia al bolsillo del hombre de a pie, naturalmente el clima social es positivo y la corrupción deja de ser un tema preocupante, de lo contrario el mal humor social se instala y si aparecen denuncias de desvío de fondos la sociedad se indigna. Podemos decir que, en este sentido, no hay una mirada más profunda sobre el modo en que los gobiernos se desarrollan, porque el clima se determina sobre la base del bolsillo de las mayorías.

 

 

 

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