Boudou condenado, los cuadernos, los empresarios ¿habrá Justicia?

Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini definió condenar a cinco años y diez meses de prisión al exvicepresidente Amado Boudou, en el marco del caso Ciccone, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

El hecho, en el actual marco judicial, genera más presión sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, a quien a través de varios expedientes con causas de corrupción intentan acorralar a pesar de los fueros que tiene como senadora de la Nación.  Por eso hoy toda la presión mediática está puesta sobre Miguel Angel Pichetto, para que viabilice el desafuero de la exmandataria, algo a lo que el senador se ha negado sistemáticamente, al igual que hizo con el expresidente Carlos Menem. ¿No habría que tratarlo en recinto y que se vote en todo caso? Más allá de la posición partidaria, ¿no puede haber un corte transversal de los votos, por objeción de conciencia, como sucedió con el aborto? Parece que impera la obediencia debida a Pichetto, o bien sucede que cuando se trata de un colega, nadie quiere ir de lleno porque, al fin, todos tienen la “cola sucia” y mañana pueden encontrarse en el mismo lugar que hoy está Cristina.

Lo que sí está dispuesto a apoyar es la posibilidad de que Cristina padezca allanamientos que viene pidiendo el juez Bonadio. Todos sabemos que no se encontrará nada a tanto tiempo de los hechos y tanto preanuncio de la medida de prueba, pero hay una cuestión gestual que no es menor en esta situación.

A Boudou, que haciendo juego con su comprobada “mano larga” lució una abrumadora cara de piedra en sus palabras finales, aludiendo a una “revancha de clase” detrás de su condena,  además le impusieron una multa de 90 mil pesos e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Nunca más podrá ser siquiera concejal.

Junto con él, el Tribunal emitió otras condenas: José María Núñez Carmona (también de cumplimiento efectivo en prisión), Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner y César Forcieri. José María Núñez Carmona. Los que no irán a la cárcel, también quedaron inhabilitados para cargos públicos, deberán pagar una multa (muy económica dicho sea de paso) y realizarán tareas comunitarias.

Mientras tanto y en esta suerte de tsunami contra la corrupción que se ha acelerado en estos días merced al affaire de los cuadernos, han comenzado a caer detenidos los empresarios más importantes de nuestro país, acusados de haber pagado coimas en marco de la obra pública k.

Este es un tema bisagra, ya que es la primera vez que en nuestro país no solo los funcionarios son investigados y procesados, sino que se apela a la otra punta del cohecho: los empresarios.

Y ahora es el momento de las estrategias. Las escucharemos de tipo político y de tipo judicial, esgrimiendo causales para el morigeramiento de las eventuales condenas. Para ello, lo primero que harán los respectivos abogados es tratar de encuadrar los hechos en tipos de delitos excarcelables o que prevén sentencias breves.

Es por eso que los representantes de las grandes empresas de la obra pública, muchos que pasaron el fin de semana en una celda, han comenzado a apurarse para ofrecerse como arrepentidos. También comenzaron a hablar de aportes particulares a la campaña en lugar de sobornos y en algún caso explicaron que el “vuelto” se lo exigían una vez adjudicada la obra, cuando recibían el primer certificado de pago, como para demostrar que no fue voluntad de ellos coimear para ganar la licitación sino que era una condición que imponía el Ministerio de Planificación en un momento en que ya no había vuelta atrás y el temor a las consecuencias de no acceder a dar el dinero era mayúsculo.

Los titulares de Electroingeniería, que definía con De Vido y Baratta a quienes se adjudicaban las obras; BTU, una empresa pequeña que canalizaba grandes coimas ; Wagner, que desde la Cámara de la Construcción actuaba como el oficial de enlace con De Vido y los Kirchner, son algunos de los nombres de quienes siguen en prisión. Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, se presentó espontáneamente como “imputado colaborador” ya que su segundo al mando estaba preso. Declaró y se fue. No fue un ejemplo de ecuanimidad para con el resto de los empresarios, pero veremos cómo sigue la historia. Lo mismo sucedió horas más tarde con Zabaleta, de Techint.

Como decimos, los abogados de los empresarios recurren a las estrategias más exculpatorias posibles, es su trabajo y por lo cual se los contrata. El argumento de todos es el mismo: no son o no han sido coimas lo que pagaron sino aportes o contribuciones políticas a las campañas. Y todos afirman que es menor dinero de lo que figura en los cuadernos. Los funcionarios K también aspiran a subirse a ese colectivo imaginario del dinero para la campaña. A ellos les sirve quizás más esta figura que a los propios empresarios. El fantasma de la asociación ilícita está cerca y, de confirmarse, desde Cristina para abajo, a todos les cabe la pena de prisión.

Todos saben que lo de los aportes particulares –no del dinero de las obras- a las campañas no es cierto. El kirchnerismo usa el argumento por razones políticas. Los empresarios, por razones judiciales. Pero la verdad detrás de estas argucias es que si caen por pagar coimas son seis años de prisión, pero si caen por pagos indebidos a la campaña son tres años de prisión que pueden ser en suspenso. No es poca la diferencia y como es natural van a aferrarse a este cuento todo lo que puedan.

Pero la aparición de los empresarios reconociendo que pagaron a Baratta lo que les pedían, arruinó los argumentos políticos del kirchnerismo que afirma que el juez -como desaparecieron los cuadernos- está flojo de papeles. Entonces pasaron a adjudicar todo a una operación del macrismo. Después agregaron que las pruebas documentadas por el escribiente Centeno eran poco sólidas.

En fin que los empresarios hablaron y los argumentos se cayeron a pedazos. No hay que dejar pasar el detalle que los funcionarios se hacían de las coimas una vez que el empresario había cobrado el anticipo de la obra a realizar. Por eso, a partir de estas explicaciones que dieron algunos apresados más los datos de los cuadernos, tambalea el argumento del aporte particular de la campaña.

Por si hay algún desprevenido, es de advertir que la enorme red de sobornos en la obra pública no solo se montó para financiar la política sino para que un grupo no menor de políticos se hiciese rico, como es evidente que ha sucedido, y un grupo empresario se quedara con toda la obra pública a mayores costos.

Pero dentro de los empresarios no todo es lo mismo, aunque todos hayan pagado: de un lado están las empresas forzadas a participar del sistema porque de lo contrario se quedaban fuera de las licitaciones. Y del otro lado los empresarios que fueron socios del poder. Los primeros pueden ser considerados víctimas, los segundos no.

Ahora bien, el juez Bonadio y el fiscal Stornelli -que llegaron a la Justicia impulsados por Corach, el ministro más político de Menem- tienen delante de ellos la causa más importante de sus vidas. Porque de cómo resulte este expediente y de la transparencia con que se juzgue a tirios y troyanos, una sociedad escéptica como la Argentina puede quizá comenzar a creer que es posible que haya Justicia, que la corrupción no es un mal que debemos tolerar como una enfermedad endémica y que tenemos futuro.

Los abogados están haciendo lo suyo, el Poder Judicial deberá lucirse y la sociedad política compuesta por dirigentes, funcionarios y sobre todo los legisladores, serán los encargados de que este hecho sea un punto de inflexión y no una novela por capítulos.

A ellos, a nuestros políticos, especialmente los legisladores, les cabe arbitrar los medios para que esto no suceda más. ¿Cómo? Revisando las competencias y composición de los organismos de control, promoviendo un sistema de denuncias para que los empresarios puedan contar con respaldo y respuesta del Estado cuando son parte de una situación de coimas o deslealtad, repensar hasta qué momento de una causa judicial puede portar fueros un funcionario de manera de no entorpercer las investigaciones y, en lo inmediato, sancionar la ley de extinción de dominio, para que al menos algo de lo que se robaron vuelva para beneficio del pueblo.