Avances contra la violencia digital
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que incorpora la figura de "violencia digital" -como una de las modalidades de las violencias que existen por motivos de género- a la Ley nacional 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres.
La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas para hacer frente a una problemática que aumentó en los últimos años de la mano de las nuevas tecnologías.
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Un informe publicado por la consultora BTR reveló que en nuestro país casi el 61% de las mujeres y niñas que son usuarias de las principales redes sociales sufrieron algún tipo de acoso en ese espacio virtual, pero sólo una de cada diez personas afectadas por estas violencias lo cuenta o presenta una denuncia ante las autoridades competentes. Por este motivo, distintas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres marcaron la necesidad de promover un marco normativo que permita prevenir esta problemática.
El informe de la consultora BTR señala, además, que los casos de acoso más frecuentes se dan principalmente en la red social Facebook, con el 33%; luego se posiciona Instagram con el 30%, WhatsApp con 16%, Twitter con 7%, TikTok con 14%, y otras plataformas con el 10%. Según el mismo relevamiento a raíz de los ataques y agresiones recibidos, una de cada cinco niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo el uso de la plataforma en la que sufrió la agresión; mientras que una de cada diez recibió mensajes en los que las amenazaban con difundir imágenes y videos con contenidos privados sin su consentimiento.
La iniciativa que recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación incorpora la violencia digital como una modalidad de la violencia por motivos de género, aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Fue bautizada como "Ley Olimpia", en referencia a una ley similar aprobada por el Congreso mexicano que fue impulsada por la activista Olimpia Coral Melo que, tras ser víctima de un caso de violencia digital por parte de una ex pareja, se puso al frente de una incansable lucha que demandó siete años para generar conciencia en la población de su país y promover una ley que penaliza estas prácticas. Según explica la joven en una nota que concedió a la oficina de prensa de la ONU, durante su juventud, su entonces pareja divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México, provocando una fuerte depresión en la joven por la repercusión que tuvo ese contenido. Pero a pesar de todo logró superar esa crisis y formó en Puebla la organización Mujeres contra la violencia de género, para luego fundar en la Ciudad de México, junto con otras mujeres, el Frente Nacional para la Sororidad, con el fin de prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la padecen. En marzo de 2014, cuando tenía 19 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Después de insistir, la joven logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con seis años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento. Gracias a ello, actualmente los 31 estados de la República Mexicana reconocen estos ataques como un delito.
Cabe recordar que la ley nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales (tal es su nombre completo) fue sancionada en marzo del año 2009. Se trata de una norma que amplía derechos de las mujeres, ya reconocidos por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados oportunamente por nuestro país.
La media sanción, con amplia mayoría, que cosechó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para erradicar la violencia digital es, por cierto, un significativo avance en materia normativa, por lo que es de esperar también su pronta aprobación en el Senado.
Pero más allá de este avance, es fundamental que el conjunto de la sociedad asuma el compromiso de erradicar la violencia de género, que debe ser entendida como lo que es: una vulneración a los derechos humanos, un problema social y cultural que excede el ámbito privado.