Así no hay salida para terminar con la corrupción en la Argentina

Amado Boudou quedó en libertad tan sorpresivamente como fue detenido y la situación fue vivida como un escándalo por las dos veredas de la grieta: para los que apoyan al oficialismo, porque consideran que si cometió delito ésto que sucedió es un retroceso, y para los kirchneristas, que ven una confirmación a su sentir respecto de que los acusados de corrupción son perseguidos políticos y encarcelados de manera improcedente. Ni una cosa ni la otra en realidad, sin embargo la sensación de que la Justicia está actuando en función de intereses distintos al deber ser del derecho queda flotando en el ambiente.

En un rápido repaso de este asunto, que más que aclarar quizás oscurece, la sala de Feria de la Cámara Federal porteña, integrada por Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, decidió de manera unánime otorgarle la excarcelación al exvicepresidente en la segunda causa donde el juez Ariel Lijo le dictó la prisión preventiva. Se trata de la investigación donde se lo acusó de peculado por rendir viáticos con facturas apócrifas cuando fue ministro de Economía. Y si bien su procesamiento fue confirmado, Boudou abandonó el Penal de Ezeiza, ya que este jueves se había dejado sin efecto la detención en la causa por enriquecimiento ilícito, la primera que lo condujo a la cárcel. “El delito es excarcelable, y Amado Boudou está a derecho en todas las demás causas”, indicaron los jueces.

Cuando Boudou fue detenido, el tufillo a operación judicial mediática quedó instalado porque se “filtraron” fotos del exfuncionario, al que lo mostraron en pijamas, descalzo, mientras les leían los derechos para encarcelarlo. La causa por la que lo detuvieron era una de las más flojas que tiene Boudou, que deberá enfrentar el juicio oral por Ciccone, antes que por unos tickets truchos en sus viáticos. Las voces de los constitucionalistas más renombrados de la Argentina salieron por fuera de la grieta para advertir que esta nueva “doctrina Irurzun” de encarcelar a imputados y sospechosos sin proceso firme y aun cuando el acusado está a derecho, podría llevar a detenciones ilegales.

Los camaristas afirman que el delito es excarcelable, y Amado Boudou está a derecho en todas las demás causas, en ninguna de las cuales se adujo la existencia de riesgos procesales, especialmente la causa Ciccone en la que se le decretó oportunamente el procesamiento sin prisión preventiva y hoy está sustanciándose el juicio sin inconvenientes. Por ello, consideraron que el encarcelamiento dispuesto en esta causa “no puede mantenerse”. 

Por otro lado, Bruglia y Farah confirmaron el procesamiento contra Boudou, su exjefe de Gabinete, Guido Forcieri, y su exsecretario privado, Héctor “Cachi” Romano, por peculado -malversación de fondos públicos- por la “presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”, en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía. Además, se confirmó el embargo de un millón de pesos para cada uno. Porque la libertad no implica que la causa no represente delito. En el caso de la causa por enriquecimiento, se argumentó que la misma “transcurrió a un ritmo carente de dinamismo” y que tampoco se vio acompañada de una “correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara”. Lo que fue determinante, además es que el juez Lijo “durante dos meses no ha definido las situaciones procesales” pese a que el Código Penal fija un plazo, ordenatorio, no perentorio, de 10 días para hacerlo.

Esta cuestión contiene la clave para entender por qué decimos que se han meneado otras cuestiones que no tienen que ver con el derecho en esta detención. En principio porque el magistrado envía a Boudou a la cárcel y luego no avanza con el expediente, dejando pasar los plazos sin tomar ninguna resolución. Coincide el momento sorpresivo de la detención con un pedido de juicio político que se le iniciaba al magistrado frente al Consejo de la Magistratura. ¿La prisión del exvicepresidente sin las condiciones objetivas que exige la ley se debió a una necesidad del juez para mostrarse duro ante las denuncias que recibe? Tanto que una vez que hizo la acción, dejó después dormir otra vez el expediente 70 días cuando la norma exige que tiene que resolver la situación procesal del detenido en 10. Por otra parte, y sin desconocer ni la presunción de inocencia que sostiene nuestro Código ni que la carga de la prueba es mucha, lo cierto es que los motivos que sustentan una prisión preventiva no están presentes en Boudou: no hay razones para considerar una posible fuga ni puede obstruir la investigación porque los delitos que se le imputan se respaldan en documentación oficial que obra en manos de la Justicia y del Estado del que ya no es parte. 

Esta sospecha de una actitud conveniente a Lijo más que ajustada a derecho fue ventilada en los medios nacionales de los periodistas que recorren diariamente Comodoro Py y  podría eventualmente explicar el por qué de estas marchas y contramarchas judiciales. Por otra parte, si no fuera así, o la Justicia obró bien antes y mal ahora o viceversa, porque nada ha cambiado entre aquel escenario y el presente. 

Es muy preocupante que los casos de corrupción que preocupan a la ciudadanía sigan siendo lo que fueron siempre: monedas de cambio para el posicionamiento de magistrados, pisando expedientes cuando un dirigente está en el poder, acelerando el rumbo cuando el dirigente se aleja de los despachos y tomando resoluciones de acuerdo a necesidades mediáticas y políticas con total desapego a las normas y los plazos judiciales.

La verdad es que no podemos menos que alertarnos por el funcionamiento errático de la Justicia federal, donde hay otras detenciones flojas de papeles como la de Boudou, también es el caso de Carlos Zannini entre otros, acusado de “traición a la Patria” nada menos, una calificación que la Cámara Federal dejó sin efecto por improcedente, pero quienes fueron detenidos no los han dejado en libertad, porque se está sustanciando una causa igual por el memorándum con Irán. 

La corrupción es una enorme desgracia para la Argentina, ni falta hace declamarlo porque todos lo sabemos. Tampoco es necesario aclarar que la Justicia no está la altura de las circunstancias. Mientras la Justicia Federal siga actuando en función de las necesidades de magistrados que tienen una foja de servicios más que complicada, las causas seguirán apareciendo viciadas de intereses. 

Así no hay salida para terminar con la corrupción en la Argentina.