Ante la falta de voluntad, será por obligación

No es novedad que en la Argentina hace años que sólo los precandidatos sin posibilidades son quienes van a los debates. Aquellos a los cuales las encuestas otorgan suficiente apoyo como para un triunfo a una posibilidad de ir a segunda vuelta, no se prestan a exponer y defender sus propuestas frente a un contrincante.

A los dirigentes políticos argentinos les gustan todas las nuevas tendencias. El marketing electoral; actuar en el programa de Marcelo Tinelli o arder en discusiones en sus cuentas de Twitter. 

No hay río desconocido en el que no se sumerjan. Sin embargo, los muchachos (y las muchachas, claro) cuya profesión es disputar el poder se siguen resistiendo al debate. Al histórico ejercicio de exponer las bondades de sus propuestas, de confrontarlas con las de los adversarios y convencer a los ciudadanos de lo bueno que sería votarlos. Nada más simple que promover sus virtudes antes del día sublime de la elección. Pero nada de eso los convence. Hace tres décadas que los candidatos a cualquier cargo prefieren eludir olímpicamente el debate con sus oponentes y está claro que la única razón de semejante despropósito es el miedo.

Desde que en 1989 Carlos Menem dejó la silla vacía en el programa de Bernardo Neustadt para no debatir con el radical Eduardo Angeloz, nunca más se logró en nuestro país un debate en serio, entre candidatos de expectativa.
Incluso antes, Raúl Alfonsín tampoco llegó a debatir con Italo Luder en aquella primera elección de la democracia renacida en nuestro país.

Los debates, que se realizan en distintos países del mundo, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otras naciones, son muy esperados, armados con todo esmero y muy cuidados por los equipos de asesores de cada candidato. La preocupación es tal porque un debate ha torcido un rumbo electoral permitiendo que un postulante recupere o gane votos y otro lo pierda porque la televisión ofrece mucho más que la palabra de cada uno, está la cuestión gestual que dice mucho, está su carisma y su conocimiento en juego, su velocidad mental. Todo se pone sobre la mesa en estos debates. Una expresión no acertada o, como se duele decir, “poco feliz”, puede derrumbar a un candidato. Es por eso que aquí, directamente, se elude.

En la Argentina nadie se anima ya a pasar este examen tan interesante y esclarecedor para el votante. Prefieren jugar a la escondida en la TV, utilizar emisarios o ir solos en cara a cara con periodistas que resulten más complacientes, incluso hasta previamente guionados. Especulan al máximo para ganar terreno con bajo riesgo.

Uno de los indicadores más increíbles del país adolescente es que nunca tuvo un debate presidencial en toda su historia. Tomemos la institucionalidad más reciente, que para nosotros se retomó en 1983, y veremos que ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, Duhalde, Kirchner o Cristina pasaron por la prueba del debate de campaña que tanta expectativa despierta en los Estados Unidos o en algunos países de Europa. Ni en la TV privada ni en la estatal. Nada.

Pero el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, rompió el corral de la política vernácula y por primera vez un funcionario kirchnerista  reclamó, públicamente, que el Congreso sancione una ley que obligue a los candidatos presidenciales a un debate de cara a la ciudadanía.
Quien recogió el guante fue nada menos que la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la también oficialista Diana Conti.

 “Es muy probable que en este año electoral tratemos en comisión los proyectos sobre el tema”, dijo presta siempre a cumplir los dictados partidarios. Aunque en este caso, además, sería productivo para la ciudadanía.

Las declaraciones de Fernández y de Conti están en sintonía con un grupo de ONG que promueven la realización de un debate presidencial antes de las próximas elecciones de octubre.
De producirse este año, sería el primer debate en la historia democrática de nuestro país.

“Estoy convencido de que en algún momento debiéramos sacar una ley nacional que diga que para esas cosas es obligatorio el debate y el que no participa del debate no puede participar de las primarias”, dijo Fernández en su ronda de prensa matutina. Y agregó que después de las primarias debería darse “otro debate del que sea obligatorio participar antes de las generales”. Hay muchos países donde estos debates son obligatorios, porque se considera que los votantes tienen derecho a ver a los candidatos en acción e interacción con el otro.

Como la oposición ha reclamado muchas veces estos debates, si en verdad el Parlamento trata los proyectos en este sentido, el trámite de aprobación podría ser veloz y con amplio apoyo de los legisladores.

Salvo el gobernador Daniel Scioli, precandidato del oficialismo a la presidencia, todos los demás postulantes a suceder a Cristina Kirchner en diciembre próximo adelantaron su compromiso de participar en un debate antes de octubre. Como no hay una ley que regule esta instancia, por ahora, queda en la voluntad de cada postulante. Es por esta razón que los debates han fracasado sistemáticamente desde 1983: siempre hubo un candidato que, por no querer arriesgar su posición en las encuestas, se rehusó a participar. En consecuencia, los ciudadanos argentinos nunca tuvieron la oportunidad de poder contrastar, como dijimos al comienzo, en un mismo duelo público, las propuestas de uno y otro postulante presidencial.

Es precisamente el caso de Scioli, que no ha hablado del tema porque con las encuestas más importantes en la mano no planea arriesgar votos en un debate en el que, eventualmente, pueda perder un posicionamiento que ahora le es tan beneficioso.

Si el debate fuera obligatorio no tendría más remedio que prestarse a discutir con su oponente.

En realidad, si nuestra política estuviera compuesta por dirigentes maduros y menos especuladores, es probable que no hiciese falta una ley que los obligue sino naturalmente se prepararían para los debates. Sin embargo, ante la realidad que vivimos, deberá ser por ley. Del mismo modo que la resistencia de los hombres a incluir mujeres en las listas de candidatos, aún cuando fueran capaces y muy trabajadores, se tuvo que hacer por una ley de discriminación positiva: la ley de cupo femenino. Otra cuestión que debería haber sido resuelta por la madurez y no por la obligatoriedad. 

Allí anda a la deriva por los pasillos del Congreso, tratando de encontrar destino, un proyecto para que sea obligatorio debatir en las elecciones presidenciales. No estaría mal ya que la burocracia del poder no muestra voluntad de hacerlo por sí misma. Sería una inyección de sensatez para una Argentina en donde la presidenta no da reportajes ni conferencias de prensa. Donde los actos oficiales de campaña se transmiten por cadena nacional y la discusión de ideas se parece más a un campeonato de intolerancia que a un ejercicio democrático para someterse al escrutinio inevitable de la sociedad.