Aníbal Fernández, un “blindado” judicial

Nadie ignora que es un dirigente con historia en el peronismo, de la que se puede lucir en un curriculum vitae y de la que quisiera que no quedaran registro en los archivos periodísticos y en la memoria de los ciudadanos.

Abogado y contador, ha sido intendente de Quilmes, senador provincial y nacional, diputado nacional, ministro de la Producción, del Interior, de Justicia y poderoso jefe de Gabinete del gobierno anterior. Cuando ha estado en el poder se ha jactado de manejar “toda la botonera”, una frase que a la postre lo complica porque si es tan capaz como para estar en todo, es difícil que en su gestión hayan pasado situaciones delictivas de las que nada sepa.

Sin embargo, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el dirigente más astuto del peronismo en cualquiera de sus líneas. Si de todo lo que se sospecha hay algo de verdad ha cubierto sus huellas muy bien. Tanto que mientras muchos peronistas de menor o el mismo rango político caminan Comodoro Py o están presos, de Aníbal Fernández se dicen barbaridades pero tiene escasas causas abiertas y de poca monta. El Plan Qunita, donde estaba acusado de pagar sobreprecios prácticamente se cayó, porque él no estaba en la jefatura de Gabinete cuando se compró el material; en el caso del Fútbol para Todos está procesado junto a otros funcionarios, sin pedido de prisión preventiva ni demasiada profundidad en la acusación, al menos por ahora. Actualmente es abogado de Cristóbal López junto a un equipo de letrados. Y como se dice en la política, al lado de muchos de sus compañeros, él “tiene un refresco bárbaro”.

Lo que puede llegar a mover el cómodo piso que transita es que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata ordenó investigar a exfuncionarios kirchneristas y a exautoridades penitenciarias por la presunta complicidad en la Triple Fuga del penal bonaerense de General Alvear el 27 de diciembre de 2015. Y hay nombres de peso en este asunto; además Aníbal Fernández, están sindicados Daniel Scioli y Ricardo Casal, según indicó en la lectura del veredicto el presidente del Tribunal, Juan José Ruiz.

Martín Lanatta (45), su hermano Christian (46) y Víctor Schillaci (37) fueron condenados a siete años y medio de cárcel. Los tres ya cumplen una pena a perpetua por el Triple Crimen de General Rodríguez. Si algo contribuye al “refresco” de Fernández es precisamente que sus principales acusadores, por no decir los únicos que lo señalan a boca de jarro, son delincuentes de la peor calaña. Esto, en términos sociales, actúa como un “atenuante”, no judicialmente hablando obviamente. Es que lo que pueda decir desde la cárcel quien ya no tiene nada que perder, francamente está de cierto modo desacreditado de cara a la sociedad. Y de eso mismo se vale Fernández, que replica a las acusaciones utilizando como respuesta argumental el prontuario de los acusadores. De todos modos, ante la ley somos todos iguales y la palabra de los Schillaci y Lanatta vale tanto como la del Papa, así que el juez va a mandar a que se forme causa porque el tema amerita ser investigado.

Difícilmente la sociedad argentina vea a Fernández en Tribunales por el mayor daño que le hizo al país, por acción y por omisión. Si bien hay datos fácilmente contrastables que muestran cómo creció exponencialmente el narcotráfico, cómo mutó la incidencia del negocio en el país con la aparición de fábricas, cárteles, jefes narco, sicario y todo el elenco que hace a la instauración de esta macabra actividad, es altamente improbable que se pueda centrar en la figura de Fernández o de ninguna persona en particular la culpabilidad por ello. Se trata de delitos imperceptibles; aquí no hay bolsos, no hay videos de gente contando plata, no hay movimientos en cuentas off shore. Lo que hay es dichos de unos contra otros, sin pruebas físicas, ya que todo en este negocio se hace desde la clandestinidad absoluta, sin dejar huellas, ni testigos, como el caso del Triple Crimen nos dejó bien en claro.

Todo lo que pudo haber hecho Fernández para favorecer este negocio, como la apertura a la importación de la efedrina, o la desradarización en el norte, o sacar a la Gendarmería de puestos fronterizos claves, y tantas cosas más, son acciones que revisten legalidad por el cargo que ocupaba y que a lo sumo se pueden objetar desde un costado moral. A lo sumo le cabría un juicio político por mal desempeño de sus funciones, pero penalmente no hay manera de probar la connivencia de Aníbal con el narcotráfico.

También hay que considerar que cuando se trata de narcotráfico se está hablando de un poder supranacional, con fuerzas, injerencias y entramados muy por encima de la conformación del poder local. Por ello es muy probable también que Fernández esté “blindado” y que sea muy difícil hacerse de pruebas que lo incriminen.

Tal vez nos equivoquemos y algún día nos desayunemos con el noticiero anunciando sino la detención al menos el procesamiento de Aníbal Fernández por alguna figura delictiva que lo encuadre como lo que fue: un facilitador del narcotráfico. Pero aun con este empuje que ha tomado la Justicia Federal, dado el crimen que se trata, no auguramos grandes expectativas, lamentablemente. Porque, utilizando una frase del común, la plata va y viene, lo que importa es la salud. Si el robo de millones al Estado resulta doloroso y lo padeceremos por largo tiempo, lo que sucedió con la droga en la última década se cobra vidas a diario y nos costará generaciones completas.