Alicia en la provincia de las clases perdidas

El conflicto docente escala sin pausa en Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner dijo haber encontrado la provincia quebrada. 

El ajuste que propone llegó a los salarios y los maestros llevan a cabo una huelga que, saldo por 40 días trabajados, viene desde marzo y hasta hoy, en que se inicia una nueva medida de fuerza hasta el jueves inclusive.
La última oferta oficial, la octava que realiza el gobierno provincial, consistió en un 10 por ciento retroactivo a abril, 6 por ciento en julio, 3 en septiembre y un restante 6 en noviembre. A este 25 por ciento, se le sumó que no se descontarán los más de 50 días por paro ni se dará continuidad a los sumarios abiertos a los directivos.

Lo paradójico, aunque sea correcto, es cómo finalmente la política debe ser flexible ante la realidad. Decimos esto porque esa nueva oferta fue posible por el apoyo del gobierno nacional. Es Mauricio Macri quien debió ir en ayuda de Alicia Kirchner, quien además de admitir la paupérrima situación en que encontró la administración –de su mismo signo político- está implícitamente asumiendo que la anterior gestión nacional, de la que formó parte, sumió a Santa Cruz en el abandono.

Lo destacamos porque durante el Gobierno kirchnerista uno de los modos clásicos de disciplinar a los gobernadores era justamente la chequera. Y no les temblaba la mano a los funcionarios al decir no a un mandatario que no era adicto aunque la provincia estuviese en llamas. Lo mismo ocurría, como el caso que nos ocupa, cuando un territorio ya estaba “cooptado” y no era necesario conquistar adhesiones. 

A lo sumo enviaban lo mínimo imponible o, directamente, nada.
Mientras los chicos están en sus casas, continúan los acampes frente a la casa de gobierno en Río Gallegos y en la ciudad de Caleta Olivia junto a otras acciones de cada filial de Adosac (Asociación Docente de Santa Cruz) en los diferentes puntos de la provincia, los paros se suceden y en estos tres meses y medio desde el inicio del ciclo lectivo, hubo 50 días de paro y 40 de clases. Un despropósito; más allá de que el reclamo pueda ser justo, los alumnos están perdiendo concretamente el año, lo que cambia el tenor de la situación y cuestiona la legitimidad de exigir el cumplimiento de un derecho cuando se está avasallando por completo otro, con gravísimas consecuencias.

La demanda de los docentes es que todo trabajador de la educación cobre un mínimo de 16.500 pesos, valor de la canasta familiar en la provincia, que sin embargo va en aumento. Para generar más malestar aún, en el marco de esta lucha comenzaron a llegar aumentos en las tarifas de los servicios públicos de hasta el 1.000  por ciento, como en el caso del gas, que en la Patagonia es un servicio más esencial que en el resto del país debido a las bajas temperaturas. Con la propuesta de la gobernadora, el salario inicial docente  llegaría a 13.516 pesos.

El Gobierno nacional reestructuró el pago del gas en todo el país, comenzando precisamente por la Patagonia, pero el conflicto docente ya estaba en marcha y así siguió hasta ahora. Porque, para abonar más el mal clima de negociación, la semana pasada, el gobierno de Alicia Kirchner acordó un aumento para la policía provincial que lleva el salario mínimo en la fuerza aproximadamente a los 20.000 pesos. Los docentes estallaron afirmando que, “es otra la actitud del gobierno del Frente para la Victoria. Reprimir y amedrentar a los trabajadores”.

El paro de 72 horas, que es el último que han convocado, abarcará los días martes, miércoles y jueves. En la última de estas jornadas habrá una nueva reunión paritaria. Luego de ella el paro podría extenderse si el Gobierno no ofrece una oferta superadora.

El caos de los docentes en Santa Cruz se repite en otros rubros estatales, lo que ha unido a los sindicatos ATE, CTA-Autónoma, Soem, Adiunpa, Judiciales, Trabajadores Viales, Sitraic y Aprosa entre otros, nucleados en la Mesa de Unidad Sindical. Y circulan todo tipo de denuncias sobre despidos en diversas áreas y sobre todo persecución a los huelguistas.

Las épocas de ajuste, cuando llegan tras desbarajustes de años anteriores en que se emitían pesos sin control, son duras y muy difíciles de atravesar. Los incrementos de salarios nunca corren paralelos a la inflación o al sinceramiento de tarifas. Pero esta etapa está resultando particularmente dura en Santa Cruz, donde el desastre en las cuentas públicas y la resistencia política que tiene la gobernadora entre sectores de la población terminan generando estas cuestiones tan extremas.

Entendiendo los reclamos y la utilización de la huelga como herramienta constitucional para la protesta, no creemos que cuando se lo incorporó como derecho a la Constitución Nacional se haya pensado en situaciones de descontrol tales como llegar casi a mitad del año escolar y que no haya clases.

Visto desde el punto de vista de los alumnos la situación es dramática, porque mientras no van a la escuela y pierden un valioso año de estudio, sus docentes están todos los días en la carpa armada en los jardines de la Casa de Gobierno, en marchas, en protestas, en todos lados menos en el aula. 

No estamos planteando que el paro en sí mismo haga perder un año escolar, pero casi seis meses de huelga es algo bien distinto.

La intransigencia de las partes, con la problemática económica de una provincia quebrada por un lado y docentes que no aceptan las propuestas (que han sido escasas) por otro, tiene en cuenta diversas cuestiones como la canasta básica, el incremento que se le dio a la Policía, los tarifazos. Todo, menos los alumnos, que como convidados de piedra respecto de su propia educación, reciben un raro ejemplo de parte de sus mayores.

Perder un año escolar en una edad que es ideal para el aprendizaje implica, sin dudas, dejarlos detrás de los mismos chicos que concurren a escuelas privadas, mientras los que van a la pública se enfrentan a las aulas vacías, no unos días sino casi medio año entero.

Es improbable que los niños que comprendan a corta edad lo que están perdiendo toda vez que tienen una escolaridad tan accidentada, pero los adultos, padres y docentes, no pueden ignorarlo. Más allá de la problemática familiar que también se desarrolla frente a tantos paros, no pudiendo las mamás muchas veces ir a trabajar para atender a los niños en la casa, porque no van a la escuela, dejando de cobrar esos días o bien incurriendo en el gasto de un cuidador. Toda la organización de la familia cambia si las huelgas son tan recurrentes, que desordenan horarios y cambian el panorama de la casa.

Sin embargo el mayor daño es permitir que estos alumnos por ir a escuelas públicas terminen con gran desventaja frente a los que pueden pagar su matrícula escolar en el sector privado. Porque no solo están perdiendo casi un año escolar sino ritmo de estudio, que es una condición indispensable para que se lleve adelante un buen período de aprendizaje.

Esta situación que planteamos de los docentes santacruceños sobresale porque se ha llegado a extremos insostenibles, con huelgas interminables y una virtual parálisis educativa pública en la provincia.

Evidentemente, el kirchnerismo no fue profeta en su tierra. No han sido tan buenos administradores ni tan focalizados en lo social, como pregonaron ser. Ahora, si la Nación tiene en su mano alguna solución, no debiera escatimarla por cuestiones políticas, pretendiendo una especie de escarmiento al kirchnerismo, haciéndole probar su propia medicina. Con los chicos no.