“A Dios rogando… y con el mazo dando”

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omenzó ayer la primera reunión de la Mesa del Diálogo por la Producción y el Trabajo, a fin de lograr acuerdos marco entre empresarios y sindicatos para paliar los efectos de la crisis económica, con el Gobierno como vaso comunicante y la Iglesia que se sumará en el próximo encuentro como garante de fomentar la paz social.

En principio, hay que reconocer que esta Mesa del Diálogo no se hubiese convocado si la Iglesia no hubiese intervenido; el Gobierno retrasaba la decisión posiblemente porque Mauricio Macri no quería dar la sensación de que la administración no se basta para manejar conflictos que le son propios, los sindicatos estaban cómodos en la medida que en el mano a mano con el Gobierno consiguieron que se les empezaran a devolver los fondos de las obras sociales (la caja mágica del gremialismo) y los empresarios tampoco estaban muy apurados por sentarse a una mesa donde siempre algo hay que ceder para acordar. Muchos sectores habían esquivado la reapertura de paritarias, de modo que no estaban particularmente interesados.

Al fin la Iglesia, que suele tener una mirada comprensiva de la realidad por fuera de los intereses sectoriales, pateó el tablero e impulsó con fuerza el diálogo, conscientes que la conflictividad social post ajuste se iba profundizando.

Este primer encuentro de la mesa se destinó en principio a acordar el pago de un bono de fin de año a trabajadores de la actividad privada y estatales. También a discutir medidas de largo plazo del plan productivo, con la intención de reducir costos y mejorar la competitividad y la productividad.

Sin la presencia de Mauricio Macri que viajó a Neuquén, las deliberaciones las llevó a cabo el jefe de Gabinete. Marcos Peña, junto a los ministros del Gabinete económico.

El bono de fin de año será más sencillo de alcanzar para los trabajadores de las actividades que en las últimas paritarias salariales quedaron más rezagadas, pero hay sectores empresarios que aducen no estar en condiciones de este dispendio. Lo mismo que sucede con algunos gobernadores que no pueden pagar el bono a los estatales.

Aun con estas dificultades por delante y con Pablo Moyano y sus adherentes con un pie afuera, la noticia del día es este principio de acuerdo que cancelaría, de momento, la realización de un paro general.

Pero hubo otra noticia que toca de cerca a los protagonistas de esta mesa: el Indec reveló que hay en el país cuatro millones de trabajadores no registrados, es decir, en negro. Es el 33,4 de la población que recibe un salario; un tercio de quienes trabajan y cobran por ello lo hacen en la informalidad y la total desprotección, presente y futura, de ellos y de sus familias. Gran responsabilidad sobre esta cifra la tienen, precisamente, los sindicatos, que mucho guerrean por lo monetario pero muy poco por los derechos y dignidades de los trabajadores.

¿Quién lucha por estas personas? ¿Qué labor hacen los sindicatos con su poder de policía en cada rubro? ¿A dónde está el combate activo a este flagelo?

“A Dios rogando y con el mazo dando”, reza el dicho. Al Estado pidiendo y mientras tanto haciendo, les cabe a los sindicatos.

Las cifras informadas por el Indec son globales y abarcan todo el país, desde Salta que tiene el índice más alto, hasta el Conurbano donde la cifra trepa de maneja visible respecto de la Ciudad de Buenos Aires.

En un país que tiene los impuestos más altos de América, tener más del 30 por ciento de empleados en la informalidad, con todos los perjuicios que esto genera a las familias del trabajador y a las arcas del Estado, no se puede seguir jugando al distraído. Ni los empresarios avivados que no se ciñen a la ley, ni los sindicatos que no parecen preocupados por tanto trabajador en negro, ni el Gobierno que no puede exigir tanto a los que pagan los impuestos y obligaciones, mientras perdona la vida de otros tantos que no pagan.

Sin ir más lejos y ya que los sindicatos reclaman con tanta fuerza por el bono de fin de año, ¿no se dieron cuenta que los trabajadores informales no recibirán nada? Así como no tienen aportes, ni obra social, tampoco tienen los beneficios que eventualmente se obtengan en estas y otras negociaciones.

Incluso, visto desde el propio interés institucional, este 33,4 por ciento  en negro es una pérdida importante para los gremios, que dejan de percibir los aportes sindicales que financian su funcionamiento. ¿Será que no los necesitan? ¿Será que “la vista gorda” sobre los infractores tiene un precio y es tan rentable como la registración de nuevos afiliados, con el beneficio que no figura en ningún lado?

Realmente es dolorosa y lamentable esta desaprensión de quienes ejercen la representación de los asalariados por estos trabajadores que no son alcanzados por ningún derecho, ningún beneficio, ninguna ley, que no tienen protegida su salud ni procurado un retiro a futuro. Es más: es contradictorio.

Es parte del menester de los sindicatos sentarse a las mesas de negociación en procura de un mejor estar para sus representados. Pero es fundamental y su razón de ser garantizar para los trabajadores que se cumplan en ellos todos los derechos y garantías establecidos por nuestra constitución. Y de eso, a la luz de las cifras oficiales, no se están ocupando.

Estas cuestiones deben ponerse blanco sobre negro y cada uno cumplir su rol y sus responsabilidades.

Primero lo primero.