A decisiones delirantes, consecuencias nefastas

La jueza de Nueva York LorettaPreska responsabilizó al Estado argentino por la expropiación del 51 por ciento de YPF en 2012. Los ganadores del juicio son los fondos Burford Capital y Eton Park.

Según la sentencia revelada la semana pasada, Preska eximió a la empresa pero responsabilizó de la maniobra de expropiación al Estado nacional, en ese entones bajo el mandato de Cristina Kirchner. Ahora, a la Argentina le quedan dos instancias judiciales para apelar esta resolución, aunque igualmente deberá depositar una garantía millonaria como actor perdedor en el litigio. La suma reclamada por los fondos litigantes va entre 8.500 millones y llega a hasta los 19.800 millones de dólares. Pero esos montos no son definitivos. Como dato complementario, cabe señalar que hoy YPF vale 8.576 millones de dólares, según su cotización en la Bolsa de Nueva York.

"Los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República" y a una "sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato", indicó la magistrada en su fallo.

Los ganadores del juicio son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra YPF y la Argentina a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera al momento de la estatización.

Su principal argumento en el caso era que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rompió el contrato de concesión de YPF, no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones a los socios minoritarios y expropió el 51 por ciento de la empresa de hidrocarburos y energías renovables.

La demanda comenzó con los exaccionistas minoritarios de YPF, luego de que el Estado argentino le pagara la española Repsol -que controlaba la petrolera- 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la "renacionalización" de la compañía.

La primera lectura que hicieron en la compañía es que se trata de un fallo "positivo" para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad en la expropiación y que no es garante del Estado nacional. De este modo, los activos de la energética están fuera de riesgo o embargo. 

Se descarta que Argentina a través de la procuración del Tesoro se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantiza al país triunfar en la causa, pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos. 

El fallo contra el país emitido por la Justicia de Nueva York y ampliamente documentado en los diarios argentinos exhibe autorías y responsabilidades de funcionarios y legisladores nacionales. Así culmina la irresponsable reestatización del 51 por ciento de YPF, puesta en marcha por Cristina Kirchner en 2012, con el asesoramiento de Carlos Zannini y Axel Kicillof, quien en su momento aseguró que gracias a la reestatización de YPF los argentinos pagaríamos menos por la nafta. 

La nacionalización parcial y antirreglamentaria de la empresa fue aprobada por 208 diputados y 63 senadores nacionales, a sabiendas de que era una operación ilegal y, también, que cualquier demanda judicial llegaría a un tribunal neoyorkino. 

Los legisladores, representantes que el pueblo elige para que defiendan los intereses del Estado, equivocaron seriamente la ecuación populista en el marco de la privatización de YPF en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en la cual se negociaban los papeles extranjeros en EE.UU. en la Bolsa de Nueva York. Se trataba nada menos que del modo de adquisición posterior de porciones de control de la empresa YPF. Ello no fue tenido en cuenta por los autores de la iniciativa ni por quienes la avalaron, incluido el entonces presidente de YPF, Miguel Galuccio, próspero empresario petrolero.

Este negociado debería obligar a los actuales legisladores y gobiernos federal y provinciales a evaluar semejante decisión, que conducirá al país a pagar entre US$ 8.000 y hasta US$ 20.000 millones. La totalidad de los responsables de ese dislate, deberían ser identificados y sancionados.

Se necesitaría una comisión investigadora que saque a la luz todas las responsabilidades. De lo contrario, no habrá justicia y el país deberá pagar, ineludiblemente, a Burford Capital Limited y a su mega bufete de abogados de Nueva York este error (a sabiendas) del Gobierno federal y el Parlamento argentino que desembocó, previsiblemente, en el fallo de la jueza LorettaPreska.