Universidades semivacías y escuelas sin techo, una contradicción que se explica con la corrupción

En Argentina existe un total de 47 universidades públicas y gratuitas que dependen del Ministerio de Educación de la Nación y unas 40 de gestión privada, que también tienen control oficial en lo que hace a programas de estudio, aunque no en la gestión. Estas últimas, claramente, son pagas.

La educación pública superior argentina, que ha sido modelo en América Latina en el siglo pasado, atraviesa en la actualidad por una tormenta de denuncias por el uso de los fondos. Y aunque esto no va en detrimento de la excelencia que pueden tener los docentes que día a día transfieren su conocimiento a un alumnado que llega a esta instancia lleno de falencias y con saberes desiguales, nos habla de por qué con un presupuesto anual para educación tan abultado, aun tenemos en  nuestro país escuelas sin puertas ni ventanas, sin pizarrones, sin tecnología, donde se aprende a los ponchazos, tan rudimentariamente como en el Siglo XIX.  

En esta Argentina altamente contaminada de corrupción, la mancha de aceite llegó a las universidades. No es la primera vez que sucede, en realidad, durante la década del 80 hubo denuncias sobre el manejo de fondos en la Universidad de Buenos Aires. Fundamentalmente porque se descubre que las becas que ofrecían los decanos en algunos casos eran a cambio de apoyo para sostenerse en sus cargos. Una suerte de clientelismo de alto nivel intelectual que derivó en un escándalo en aquellos años.

Pero durante el kirchnerismo la corrupción escaló a límites escandalosos, al valerse el Estado nacional de la autarquía administrativa de las casas de estudios para pasar por allí ingentes desvíos de fondos. Es decir, como las universidades no deben rendir cuentas de cómo gastan o invierten su dinero, fueron utilizadas para destinar allí millones de pesos sin control que, según las denuncias que por estas horas se investigan, no fueron utilizados para fines educativos o bien se utilizaron para proyectos públicos que, sin licitaciones ni concursos de precios, sirvieron para engrosar los bolsillos de funcionarios.  

El caso más resonante pero no el único es el de la ficción “Mamá corazón”. Para realizar esta producción, Andrea del Boca recibió de la Universidad de San Martín algo más de 30 millones de pesos. Ocurrió a través de un polémico contrato con el Ministerio de Planificación Federal (entre cuyos temas de incumbencia no está el arte sino la infraestructura, la energía y otras áreas donde el dinero siempre es escaso), en ese entonces a cargo de Julio de Vido. Ante esta situación irregular, la Justicia abrió una investigación contra De Vido y Del Boca, que fueron denunciados por el uso de fondos públicos para la grabación de una telenovela que aún no se exhibió. 
En el medio de la denuncia quedó involucrada la Universidad Nacional de San Martín. La presentación la hizo el abogado Ricardo Monner Sans y quedó radicada en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Federico Delgado. Según la denuncia, la Universidad de San Martín se habría usado como “pantalla” para “triangular” 36.500.000 pesos para la Productora A+A Group de los Del Boca. 
No es el único caso; hay otras productoras en idéntica situación aunque por montos menores, lo cual no minimiza el delito, todas casualmente encabezadas por actores que se han pronunciado activamente como militantes K. 

Las productoras presentaban sus propuestas a las universidades y las instituciones educativas elevaban los proyectos y los presupuestos al ministerio que dirigía De Vido. La decisión de cuáles serían las ficciones que se filmarían la tenía Planificación Federal. Huelgan los comentarios sobre esta modalidad.

Este sistema de triangulación fue el mecanismo para que sean las universidades las que dieran fondos a los amigos del poder, habida cuenta que no deben rendir cuentas de los gastos. La desmesura en el uso de los fondos fue la que terminó por desnudar una operatoria por la cual se pueden haber fugado muchos millones de pesos que pudieron y debieron haberse destinado a educación o a infraestructura. Cada cartera a lo suyo, puesto que eso es lo que aprueban los legisladores cada año al votar el presupuesto. Y Cultura recibe lo suyo, que es de donde debieron haber salido los fondos para estas realizaciones pero no fue así, presumiblemente para sortear procesos administrativos como licitaciones, concursos y rendiciones de cuentas, ausentes en el caso de las universidades por ser entes autárquicos. Para poner un ejemplo cercano: la Unnoba no debe rendir cuenta de cómo utiliza los fondos que el presupuesto le asigna. 

Aprobada su estructura, la cartera educativa le destina los dineros para solventarla y también incluye los fondos para las propuestas complementarias como es el caso de los programas de extensión, disertaciones, congresos, impresión de libros, cursos. Todos asuntos extracurriculares pero directamente relacionados a la educación. Lo que se ha destapado ahora es que el gobierno K utilizó estas casas que se autoadministran para canalizar la llegada de fondos de otro origen con fines ajenos a la educación y quién sabe para qué más.

Una vez más, un tema caro a los argentinos fue utilizado como bandera para la malversación de fondos. Esto ayuda a entender las reales motivaciones para la apertura indiscriminada de universidades nacionales y decimos indiscriminada porque se las montó sin el más mínimo criterio, ni en cuanto al uso eficiente de los recursos públicos ni en cuanto a las reales necesidades de la población. Claro que está bueno que haya más bocas de estudio gratuitas, principal herramienta de la movilidad social, pero no que se las ubique a 10 minutos de distancia, o todas en un perímetro de 50 kilómetros a la redonda de la UBA como ocurrió, mientras que hay enormes provincias que cuentan solo con una o ninguna. Es necesario mostrar este costado antipático de la cuestión para entender que a veces, lo que suena lindo o progresista es todo lo contrario.  ¿Quién se atrevería a decir que es una mala política abrir una universidad? Pues puede serlo cuando vemos, por citar tan solo un ejemplo, que mientras Corrientes no tiene universidad se abre la Nacional de Hurlingham, a escasos 10 minutos de la de Tres de Febrero o la de San Martín, en el primer cordón que rodea a la Capital donde a su vez están la UBA y la UTN.

 Que se entienda cuál es el fondo de la cuestión, la creación de universidades es muy importante sin dudas, pero con una distribución lógica en función de las necesidades territoriales y las carreras que en cada región son claves para el desarrollo.

Esto permite que los estudiantes se preparen en carreras con efectiva salida laboral en sus provincias y regiones y que al fin no se generen gastos desmesurados para poner a pocas cuadras dos facultades de Derecho, de Ciencias Económicas o Arquitectura, carreras ya saturadas de profesionales, muchos de los cuales se encuentran al recibirse con una plaza laboral muy acotada. O lo que es más triste: industrias que no consiguen mano de obra en su localidad y la tienen que “importar” porque no hay promoción de las carreras técnicas o las que está demandando el mercado laboral.
Y mientras cada intendente del Conurbano, sin ir más lejos, quiere “su” propia universidad nacional, aunque no sea necesaria, el estado de las escuelas argentinas tiene una deplorable infraestructura en las mismas localidades.  En los diversos colegios del país se registraron casos como techos que están a punto de caerse en aulas, inundaciones, comedores clausurados o falta de baños en condiciones. Inviernos helados en las aulas. Y ni hablar de localidades norteñas del país donde chicos muchas veces descalzos deben recorrer grandes distancias para llegar a las escuelas rancho.

Esas complicaciones atentan contra el bienestar educativo de una institución y, por ende, también dinamitan la capacidad del alumno de poder mantener un aprendizaje sostenido entre otras problemáticas que tiene nuestra educación primaria y secundaria. 

Si la frazada es corta en la Argentina, como no hace falta plantearlo a esta altura, los fondos debieran distribuirse de modo tal que se prepare a los alumnos con el mejor nivel en las etapas iniciales y en la secundaria, dado que quienes realmente tienen condiciones para seguir en la universidad, puedan hacerlo. 

El gran médico argentino René Favaloro decía con implacable criterio que no todos tienen impronta universitaria, ya sea porque no les gusta estudiar o porque tienen habilidades para otros oficios. Y esta cuestión no hace mejores o peores personas a quienes optan por profesiones o por oficios, todo es necesario en nuestro país, lo que importa es que lo que se elija sea desarrollado con idoneidad y honestidad. Valores que evidentemente deben recuperarse en una Argentina que tiene que volver a una cultura del trabajo en todas sus formas. Incluso él sugirió -y fue criticado por ello- que para que haya una complementación social y que las sociedades progresen de manera equitativa, ciertas carreras tendrían que tener cupos temporales. Y se refirió a su campo, la Medicina, diciendo que cada tantos años tendría que suspenderse el dictado de la carrera para volver a abrirla cuando la sociedad necesitara los médicos y así estos al egresar tendrían trabajo pero lo mismo le cabe a Abogacía, Psicología, contadores.

La educación en la Argentina necesita de una planificación seria, pensada en función de que los niños y jóvenes vean fortalecidos sus nivel inicial y secundario, porque eso es realmente exigible para todos y una distribución lógica de las universidades que cubra las necesidades reales de los estudiantes que opten por esta salida.

La proliferación de universidades una al lado de otra mientras los niños estudian la primaria en containers y aulas que poco falta para que se les caiga el techo encima, termina siendo realmente un despropósito.

Para pensar.