Rousseff lanzó el combate contra la corrupción

En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días después de que 1,7 millones de brasileños salieran a reclamar el fin de la impunidad el gobierno buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la función pública.

Brasilia, (AFP-NA) - El gobierno de Brasil lanzó ayer un paquete anticorrupción, tras el estallido de un escándalo de sobornos en la estatal Petrobras que desató protestas masivas y derrumbó a 13% la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff.

La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o incluso de su propio partido.

En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días después de que 1,7 millones de brasileños salieran a las calles a reclamar el fin de la impunidad y hasta un impeachment (destitución) de Rousseff, el gobierno buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la función pública.

“Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción”, dijo la presidente en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad.

“Es coherente con mi vida personal y con mi actuación política”, añadió.

Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en octubre, y la falta de la tradicional “luna de miel” de los gobiernos recién ungidos, obedece a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a un aislamiento de la mandataria.

En respuesta a las movilizaciones del domingo, Rousseff planteó el lunes que su gobierno tenía “la obligación de abrir el diálogo”.

Ese mismo día, la fiscalía de la república acusó a Joao Vaccari Neto, tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) por los delitos de corrupción y lavado de dinero que se investigan en la trama de estafas en Petrobras y que movió 4.000 millones de dólares en la última década, según la policía.

El paquete de proyectos de ley contra la corrupción, algunos ya en trámite legislativo, permitirá calificar como crimen el acto de no contabilizar fondos recibidos para financiar campañas electorales, confiscar bienes de funcionarios que se han enriquecido ilegalmente, vender los activos incautados y dejar ese dinero en custodia judicial hasta tanto se defina el caso investigado.

Otra de las iniciativas busca que quienes ocupan cargos de confianza en el gobierno federal tengan una “ficha limpia” de antecedentes judiciales.