Requisitoria a juicio por la tragedia de Rosario a pocos días del segundo aniversario

A solo cuatro días de que se cumpla el segundo aniversario de la tragedia de Rosario, la fiscal que impulsó la investigación por la explosión del edificio de Salta 2141, formalizó la elevación de requisitoria a juicio de los 11 imputados por causar la muerte de 22 personas, entre ellas la del joven pergaminense Santiago Laguía, además de numerosos heridos, dos de ellos también oriundos de nuestra ciudad y cuantiosas pérdidas.

Se trata de dos gasistas, un ayudante, cinco empleados de Litoral Gas y tres administradores del consorcio, quienes están acusados del delito de estrago culposo agravado por las muertes. A todos se les endilga alguna participación en la cadena de acciones negligentes que derivaron en la tragedia.

Expediente

Después de 35 meses de trámites que pusieron fin a una controvertida etapa de investigación judicial, la fiscal Graciela Argüelles elevó a la jueza de Instrucción, Irma Patricia Bilotta, un cuerpo escrito de 339 carillas donde fundamenta la acusación contra las personas que surgieron con distintas responsabilidades penales en el siniestro que conmovió al país.

La titular del Ministerio Público desmenuza el rol de cada uno de los 11 procesados  y elabora una teoría del caso que se basó en la trágica cadena de negligencias, hipótesis con la que coincidió la querella que representa a familiares de víctimas y damnificados.

Así, acredita que fue el gasista Carlos Osvaldo García quien segundos antes de la explosión realizó el cambio del regulador de gas el 6 de agosto de 2013, entre las 9:00 y las 9:38, acompañado por su ayudante Pablo Miño.

En lo que durante todo el proceso se describió como una cadena de negligencias, Argüelles también le atribuyó un rol sustancial a la empresa Litoral Gas, en cabeza de tres inspectores y dos gerentes que tuvieron directa incidencia con tareas previas de supervisión de la instalación del condominio.

Se trata de los empleados Gerardo Bolaño, Guillermo Sebastián Oller y Luis Alberto Curaba, que participaron en el control del gabinete y su posterior reconexión entre el 25 y 26 de julio de 2013, y en una última inspección el 2 de agosto de 2013.

En esos días omitieron realizar informes pormenorizados de las irregularidades de las instalaciones (constatadas en las pericias), sin dar un adecuado tratamiento a los reclamos e informar en qué accesorios del gabinete de gas se localizó la pérdida que motivó la interrupción del suministro.

En tanto, a sus superiores, Claudio Dante Tonucci (jefe del mantenimiento de redes de Litoral Gas) y Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica de la distribuidora), se los acusa de no haber exigido un reporte a los reclamistas bajo su esfera.

Tampoco es menor el rol que se le asigna a los administradores del edificio: Mariela Calvillo, Norma Bernarda Bauer y Carlos Oscar Repuppilli. Directamente se le achaca haber contratado a García, pero apartándose de los protocolos y reglamentos.

“Su accionar parece estar dirigido a solucionar el cambio de regulador en el menor tiempo y con el más bajo costo posible, lo cual supone “la violación de deberes de cuidado exigibles en el caso”, indica la fiscal en su pieza acusatoria.

En pocos días la jueza Bilotta deberá decretar la elevación de la causa a juicio de los 11 procesados, quienes quedarán a expensas de un debate escrito en el cual se los acusará de un delito que prevé penas que van de un mes a 5 años de prisión, y cuyo cumplimiento efectivo dependerá del requerimiento fiscal (vinculante) cuando se dicte la sentencia definitiva. 

(Fuente: La Capital)