Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados
La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, detalló cómo el Municipio de Ramallo aplica multas y realiza intervenciones en terrenos baldíos abandonados. Señaló la importancia de la responsabilidad social de los propietarios, los riesgos sanitarios y de seguridad que generan los lotes descuidados, y recordó los procedimientos legales previstos por...

La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, detalló cómo el Municipio de Ramallo aplica multas y realiza intervenciones en terrenos baldíos abandonados. Señaló la importancia de la responsabilidad social de los propietarios, los riesgos sanitarios y de seguridad que generan los lotes descuidados, y recordó los procedimientos legales previstos por la ordenanza vigente.
Proceso legal para notificar y multar a propietarios
El procedimiento comienza cuando los inspectores municipales constatan la infracción y labran el acta correspondiente. Luego se notifica al propietario, un paso que puede retrasarse debido a la antigüedad de algunas registraciones dominiales. La jueza Aroza resaltó que el Estado debe garantizar el debido proceso, incluyendo notificaciones formales y plazos legales para la defensa.
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Obligaciones y consecuencias para los propietarios
Una vez notificado, el propietario cuenta con siete días para limpiar el terreno, pero la multa se mantiene aunque cumpla. Si no lo hace, el Municipio puede intervenir directamente y generar una deuda por los costos de limpieza. El incumplimiento reiterado puede derivar en restricciones para trámites municipales, como habilitaciones y licencias, reforzando la importancia de mantener los lotes en condiciones.
Impacto social y riesgos de seguridad de los terrenos abandonados
Aroza destacó que la maleza y la basura en baldíos no solo afectan la estética, sino que aumentan la proliferación de roedores, riesgos sanitarios y posibles situaciones de inseguridad. Recordó que los vecinos pueden presentar denuncias particulares y que la colaboración con el Municipio fortalece la conciencia comunitaria, promoviendo la responsabilidad de cada propietario.
“Tenemos que entender como sociedad que mantener nuestras propiedades en condiciones es una obligación, especialmente cuando el incumplimiento afecta a otros”, concluyó la jueza, valorando el trabajo de control del Ejecutivo municipal.









