Ordenan la indagatoria para Ismael Pasaglia por haber impedido un allanamiento
También están imputados sus hijos Manuel actual intendente- y Santiago, y Danilo Petroni, que en la época del hecho denunciado era secretario de Gobierno del municipio.
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario revocó durante las últimas horas el archivo de la causa en la que el exintendente de San Nicolás, dos de sus hijos y un funcionario de esa localidad están imputados por resistencia a la autoridad y ordenó que se les reciba declaración indagatoria. La resolución hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Matías Di Lello, quien había apelado la decisión del juez Marcelo Bailaque que cerraba la causa que se había iniciado por haber evitado un procedimiento judicial en la Intendencia.
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En la causa está imputado Ismael José Passaglia, quien encabeza el Instituto de la Vivienda en el gobierno de María Eugenia Vidal y fue intendente de San Nicolás. También sus hijos Manuel –actual intendente- y Santiago, y Danilo Petroni, que en la época del hecho denunciado era secretario de Gobierno del municipio. De acuerdo a la acusación, el 16 de septiembre de 2013 "habrían entorpecido, mediante empleo de insultos y amenazas, el cumplimiento de la orden de presentación y el allanamiento en subsidio" emitida por el Juzgado Federal a cargo de Carlos Villfuerte Ruzo para realizarse en la sede municipal.
El procedimiento había sido encomendado para que se entregue una serie de registros con los originales de dos decretos, en el marco de una investigación por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la que se trata de determinar si se utilizaron más de dos millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo Nacional para una obra de pavimentación del municipio.
Cuando apeló el archivo y el no llamado a indagatoria dictado por el juez Di Lello había señalado que "los imputados Ismael José Passaglia, Manuel Passaglia, Santiago Passaglia y Danilo Petroni se han opuesto deliberadamente mediante el uso de violencia verbal impartida hacia el personal policial así como judicial y del Ministerio Público Fiscal, al cumplimiento de una orden judicial".
La Cámara Federal de Rosario tuvo en cuenta los testimonios de las personas que participaron en aquel que habían señalado que "el procedimiento derivó en un allanamiento ante la negativa inicial de algunos funcionarios municipales y que si bien se pudo recabar la documentación requerida por el magistrado", durante todo su transcurso "se habría manifestado una conducta reticente", a través de "forcejeos que habrían entorpecido la obtención de la documentación colectada". En el fallo de Cámara se explicó también que durante el hecho se habría intentado evitar que se hiciera el acta del procedimiento.
Los camaristas José Guillermo Toledo y Aníbal Pineda señalaron que "le asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto a que (…) el plexo probatorio colectado evidencia la existencia de motivos suficientes para inicialmente sospechar que los nombrados habrían participado en los hechos que se les pretende atribuir". Por esos motivos revocaron el fallo -de noviembre del año pasado- e hicieron lugar a los pedidos de indagatoria formulados por la fiscalía (Fuente infobae.com.ar).